El peaje de las autopistas bajará un 30% el 15 de enero
La medida afectará a las cuatro radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), a la AP-31 y a la AP-36, entre otras. Fomento espera que la iniciativa suponga un aumento del tráfico de vehículos.
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Las vías no han alcanzado los niveles previos a la crisis económica
Jaime Domínguez / E. P.
13/12/2018 - 16:36
El Ministerio de Fomento anunció esta semana que las nueve autopistas de peaje que han sido rescatadas por el Estado en los últimos años tendrán una rebaja en sus precios del 30% a partir del próximo 15 de enero. Varias de estas vías están situadas en la Comunidad de Madrid, como la R-2 (que discurre entre el barrio de Sanchinarro y la localidad alcarreña de Taracena), la R-3 (desde la prolongación de O'Donnell hasta Arganda del Rey), la R-4 (entre la M-50 y Ocaña), la R-5 (de Carabanchel a Navalcarnero), la AP-41 (desde la capital hasta Toledo) o la M-12 (de Madrid al aeropuerto de Barajas). También se incluye la AP-36, que une Ocaña con La Roda y que utilizan muchos madrileños cuando se dirigen a Levante. Las otras dos son la que conecta Cartagena (Murcia) con Vera (Almería) y la circunvalación de Alicante.
"Esto generará un aumento del tráfico y permitirá aumentar sus ingresos, mejorar la movilidad y aprovechar mejor estas infraestructuras", señaló el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante la intervención en la que dio a conocer esta iniciativa de su departamento.
LA QUINTA PARTE DEL TOTAL
Las nueve vías quebradas, las de más reciente construcción, suman unos 510 kilómetros de longitud y suponen una quinta parte del total de 2.550 kilómetros de los que consta la red de carreteras de pago. A pesar de que han recuperado parte su tráfico en los últimos años, aún no han alcanzado los niveles previos a la crisis y, menos aún, las estimaciones realizadas cuando se construyeron, una de las causas de su quiebra junto con el sobrecostes de las expropiaciones.
Durante su intervención, Ábalos se refirió a la 'factura' que el rescate de estas nueve autopistas supondrá al Estado, para asegurar que aún no se ha concretado, si bien la estimación de 1.800 millones que 'heredó' del anterior Gobierno "ya se ha contabilizado en déficit". El importe a determinar, que los fondos que se quedaron con la deuda de las vías y las concesionarias elevan a unos 5.000 millones, es la denominada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), el monto que por contrato el Estado debe pagar a las empresas que construyeron la vías.
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