Hasta un año de cárcel por la difusión de vídeos íntimos
Casos como el de la mujer de 32 años que se suicidó hace dos semanas ponen en el centro de la polémica este tipo de delitos. La última reforma legal castiga el envío de estos documentos incluso si se graban de manera voluntaria.
Archivado en: sexting, redes sociales
Concentración de apoyo a la trabajadora de Iveco víctima de 'sexting'
Las penas aumentan si hay chantaje o relación con la víctima
GENTE
07/6/2019 - 00:43
El suicidio el pasado 22 de mayo de una mujer de 32 años después de que se difundiera entre sus compañeros de trabajo en la empresa Iveco un vídeo de contenido sexual en el que aparecía ha vuelto a poner en el centro de la polémica un fenómeno, en el que se mezclan asuntos como el machismo, el acoso laboral y comportamientos que pueden ser constitutivos de delito.
La novedad legislativa que se ha producido en los últimos años es que antes solo se castigaban este tipo de conductas si las imágenes se habían conseguido sin el consentimiento expreso de la persona involucrada.
CASO HORMIGOS
Sin embargo, a raíz del caso Olvido Hormigos, la concejal de Los Yébenes (Toledo) que saltó a la fama por un vídeo enviado a su amante y posteriormente difundido, se llevó a cabo una reforma legal que contempla penas de tres meses a un año de cárcel (así figura en el artículo 197.7 del Código Penal) para todo el que reciba estos documentos, siempre que menoscaben la intimidad del protagonista y los reenvíe a otros grupos o contactos, lo que se conoce como 'sexting'.
Estas condenas pueden ser incluso mayores si entran en juego otros delitos como el acoso o el chantaje, es decir, si se utiliza la posible difusión de ese vídeo para conseguir algo de la víctima, lo que podría incrementar las penas de cárcel de los implicados hasta los cinco años. También se agravan cuando los hechos sean cometidos por el cónyuge "o por persona que esté o haya estado unida por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia", según el texto legal. Este último extremo podría darse en el caso de Iveco, ya que el principal sospechoso fue compañero sentimental de la fallecida.
En cualquier caso, los expertos piden que, dada la dimensión que está alcanzando este fenómeno, la normativa se endurezca para evitar este tipo de situaciones.
MÁS DE 400 CASOS
Según los datos de la Fiscalía General del Estado, en el año 2018 se contabilizaron un total de 419 procedimientos judiciales incoados por delitos de descubrimiento y revelación de secretos a través de Tecnologías de la Información y Comunicación. En 57 de estos casos hubo una sentencia condenatoria.
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