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Derechos humanos ¿para todos?

Tres años después de la aprobación de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU, España aún tiene trabas e incompatibilidades normativas que discriminan a más de cuatro millones de ciudadanos, según denuncia CERMI.

Archivado en: accesibilidad, Ley de dependencia

Las personas con discapacidad se encuentran con numerosos obstáculos a diario· O. GONZÁLEZ

La segregación en las escuelas ha aumentado un 2% en el Estado

gentedigital.es/Eva Brunner Córdoba
17/12/2010 - 10:30

Los Derechos Humanos tienen un ángulo muerto donde la igualdad es ensombrecida. En España, más de 4 millones de personas, que junto con sus familias suponen alrededor de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas, sufren las lagunas legales que traban su cotidianidad. Unas barreras que, pese a que progresivamente se van derribando, siguen confinando tras sus muros la autonomía de personas con discapacidad.

Sin embargo, plataformas como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, luchan por demoler a golpe de ley estos obstáculos discriminatorios. Y es que aunque hace cuatro años que España suscribió la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en adelante CDPD, aún incumple muchos de sus artículos. En concreto, el sistema de implementación de este acuerdo mundial en el Estado, tanto en la práctica como en el marco teórico, presenta vacíos y carencias en 27 de sus 50 artículos.

AVANCES EN CRISIS
Por una lado, la recesión económica ha recortado el presupuesto de los Derechos Humanos, impidiendo un necesario sprint social. Un estancamiento que subraya CERMI al tiempo que reclama "como fin último de cualquier política pública" el respecto a los Derechos Humanos "sin que la circunstancia de tener una discapacidad justifique un trato menos favorable". Una meta que exige una parada previa en la transformación del "sistema asistencialista" de España por un modelo que garantice la autonomía e independencia de este colectivo. Y para ello, la Administración debe asumir el compromiso de perseguir y sancionar con firmeza todo incumplimiento de la CDPD.

ZANCADILLAS SANITARIAS
Es a nivel sanitario donde rige una legislación más compatible con la Convención de la ONU, aunque aún siguen vigentes en la normativa española artículos discriminatorios como el aborto eugenésico, el internamiento involuntario, la esterilización forzosa o el escaso desarrollo de la Ley de Dependencia, como denuncia CERMI en su informe alternativo al enviado por el Gobierno estatal que ha trasladado a las Naciones Unidas.

Pero la igualdad se diluye más entre los muros de las prisiones. Del total de la población reclusa del Estado, entre un 20% ó un 25% padece algún tipo de enfermedad mental. "Las prisiones se han convertido en el receptáculo de los pacientes psiquiátricos", como denuncia Óscar Moral, asesor jurídico del CERMI. Pero su enfermedad también cumple condena cuando los recursos sanitarios son insuficientes y quedan desplazados por el régimen penitenciario que rige la pena de otro preso común. Una realidad que abre un debate sobre si es la prisión la pena que deben cumplir estas personas.

UNA LECCIÓN DE EDUCACIÓN
En Educación los discapacitados también ven mermados sus derechos porque no funciona la libre elección de centro escolar en igualdad de condiciones para niños y niñas con necesidades especiales, lo que impide su verdadera integración social. "Los menores quedan a merced y al servicio de los apoyos, en vez de los apoyos estar al servicio de los menores", asegura la delegada del CERMI para la Convención, Ana Sastre. Y es que, lejos de caminar hacia la integración, y acorde con los datos facilitados por el Ministerio de Educación, los alumnos inscritos en escuelas especiales han aumentado un 2%. Una segregación que tiene su peor reflejo en las estadísticas. El 11,5% de la población con discapacidad no ha completado sus estudios primarios, frente al 2,1% de la población en general. Pero entre este colectivo la analfabetización esta feminizada. Casi el 75% de las mujeres con discapacidad carecen de estudios o sólo tienen estudios primarios porque el rol machista se agrava en una realidad donde ellas son "las grandes olvidadas y marginadas", lamenta la directora de CERMI, Pilar Villarino.

Realidad que trasciende al mundo laboral donde las féminas son más discriminadas que los hombres. Más del 59% de las mujeres con discapacidad no se benefician de las medidas de fomento de empleo lanzadas por la Administración pública, calcula CERMI.

UNA INJUSTA CÁRCEL
Las vulneraciones de los Derechos Humanos de este colectivo es una práctica común. Sin embargo, en muchas ocasiones no son denunciadas por la falta de accesibilidad de la Justicia y su carencia de recursos como intérpretes de lengua de signos o documentación adaptada, por ejemplo a braille.

Pero, junto a los incumplimientos de la CDPD, la falta de políticas integradoras encarcela también sus derechos. Óscar Moral, asesor jurídico del CERMI, ha destacado que aproximadamente el 20% de los discapacitados no pueden salir de sus hogares por las barreras arquitectónicas que se lo impiden. Una situación que dificulta su verdadera socialización y los aisla del mundo real. Y es que una vivienda sin ascensor se convierte en una prisión para las personas discapacitadas que, expertas en el salto de obstáculos legales y cotidianos, siguen luchando por su autonomía y por una integración real.

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