Alcalde de Ontur dice que no cometió "ninguna ilegalidad" en la adjudicación de las obras del Centro de Día
El alcalde de Ontur (Albacete), Joaquín López Escudero, ha asegurado que no ha cometido "ninguna ilegalidad" en la adjudicación de las obras de construcción de un Centro de Día en este municipio, hecho por el que hoy se ha sentado en el banquillo acusado de un presunto delito de prevaricación y por el que se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de ocho años de inhabilitación.
26/5/2015 - 13:53
El alcalde de Ontur (Albacete), Joaquín López Escudero, ha asegurado que no ha cometido "ninguna ilegalidad" en la adjudicación de las obras de construcción de un Centro de Día en este municipio, hecho por el que hoy se ha sentado en el banquillo acusado de un presunto delito de prevaricación y por el que se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de ocho años de inhabilitación.
En su declaración en el juicio, el acusado ha afirmado que "en ningún momento" cometió irregularidades y que hizo caso a las instrucciones "de los técnicos municipales en todo momento". Al tiempo, López Escudero ha atribuido esta acusación a una maniobra política de la oposición municipal "por cuestiones políticas".
El abogado de la defensa, Mariano López Ruiz, en declaraciones a los periodistas antes de que comenzara el juicio, ha avanzado que solicitará "una sentencia absolutoria", puesto que, ha defendido, los hechos "descartan cualquier actitud que pueda incardinarse en el Código Penal".
El letrado ha considerado, además, que la denuncia procede de "una época" en la que "se criminalizaba absolutamente todo", y ha coincidido con su defendido en que este proceso "tiene un fortísimo componente político".
A ese respecto, Mariano Lóez Ruiz ha explicado que la denuncia se interpuso "cuando las obras ya estaban terminadas, no en el momento de adjudicarse".
La Fiscalía, en su escrito de acusación, plantea que el acusado, como alcalde de Ontur, aprobó en el año 2009 la adjudicación de la construcción de las obras del Centro de Día del municipio a una empresa que no cumplía los requisitos del pliego de condiciones del proceso y en contra de los informes de la secretaria-interventora del Ayuntamiento.
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