La Comunidad implantará nuevas Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos en Alcalá, Colmenar Viejo y Villalba
Archivado en: Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Justicia
E.P.
04/3/2020 - 14:52
La viceconsejera de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, ha anunciado este miércoles que se implantarán nuevas Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos en Alcalá de Henares, Colmenar Viejo y Collado Villalba, que se sumarán a las ya existentes en Aranjuez, Coslada, Fuenlabrada, Leganés, Aranjuez y Móstoles, aunque aún no llegarán a los 21 partidos judiciales.
Durante su intervención en la comisión del Justicia, Interior y Víctimas de la Asamblea, la viceconsejera ha recordado que está en tramitación un decreto sobre la red de oficinas de atención a víctimas, tras pasar por la fase de información pública en diciembre, que espera que sea aprobado por el próximo Consejo de Gobierno regional.
"Con el proyecto de decreto queremos actualizar la legislación vigente, ofrecer a las víctimas las máximas facilidades e información. Queremos multiplicar su actividad para evitar la revictimización de estas personas y que en los procesos penales gocen de la máxima protección. El objetivo es regularlo todo según el Estatuto de Víctimas", ha señalado.
La compareciente ha explicado que la sede central de estas oficinas se encuentran en los Juzgados de la calle Albarraicín de Madrid, un recurso que "ha supuesto un importante avance en su visualización, ya que muchas víctimas desconocían su existencia".
La oficina está compuesta por una coordinadora y una administrativa de apoyo y en esta sede está a su disposición dos equipos psicosociales, formados por un psicólogo y trabajar social cada uno. Desde enero se ha implantado un tercer equipo psicosocial en un horario de tarde. Además, hay otros dos equipos psicosociales en la sede de la calle Julián Camarillo. Luego están las sedes de Aranjuez, Coslada, Fuenlabrada, Leganés y Móstoles, que se coordinan con la dirección central.
Ibarrola ha subrayado que dichas oficinas cumplen con las funciones que le son propias de informar, denunciar, facilitar medidas de protección, derivar a los servicios de orientación jurídica, tratamiento victimal, preparación para declarar, recursos psicológicos, acompañamiento...
También sobre valoraciones sociales para orientar en prestaciones sociales, etcétera. Y aunque no es una función establecida en el Estatuto de Víctimas, también las relacionadas con testigos protegidos, "que una es función importante en colaboración con la Fiscalía".
La viceconsejera ha hablado también de la participación de profesionales en la asistencia a víctimas y como ejemplo ha citado la colaboración con los servicios sociales de la Comunidad y con los servicios de orientación jurídica y representación procesal facilitados por los Colegios de Abogados y Procuradores.
Asimismo, se han dirigido a asociaciones fiscales y al Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, que les han aconsejado que la asistencia a la víctima no está condicionada a la presentación de la denuncia, como así se ha dispuesto.
RECLAMACIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
En el turno de intervención de los grupos parlamentarios, la diputada del PSOE Macarena Elvira considera necesario un calendario de implantación progresiva de estas oficinas en los 21 partidos judiciales de la región, "ya que con este decreto no queda asegurado que llegue a todos", por lo que ha pedido a Ibarrola que incluya este compromiso dentro del Plan 21x21 de modernización de sedes judiciales.
"La oficina central de Madrid va a tener que dar unas peticiones respecto a otras por ausencia de recursos. Debe quedar garantizada la atención integral con equipos multidisciplinares porque ahora no garantiza que haya todos los profesionales necesarios", ha criticado la diputada, que pide mesas de trabajo con todos los colegios profesionales concernientes en materia de asistencia a víctimas, al tiempo que promete mejorar el decreto para que "no tengan el recorrido que tuvo el proyecto de Ciudad de la Justicia o el del Instituto de Medicina Legal, que se ha tardado 14 años en poner en marcha".
Por otro lado, la diputada de Ciudadanos Emy Fernández-Luna ha apoyado estas recursos regionales, con preocupación especial sobre los protocolos a víctimas menores y al funcionamiento de las cámaras Gesell, para así evitar el contacto entre víctimas y familiares y el sospechoso en sede judicial.
"Consideramos que era necesario este proyecto de decreto para dar mayor protagonismo y seguridad jurídica a las víctimas. Somos conscientes de que la violencia sobre las víctimas es devastadora y creemos que son muy importantes estas oficinas para que reciban todo el tratamiento", ha expuesto.
En su turno de intervención, la diputada de Más Madrid María Alicia Gómez ve en la formación del personal de estas oficinas algo "fundamental" para su buen funcionamiento. Y es que, según ha afirmado, no en todas las comisarías están formados los policías en esta materia, especialmente si se trata de mujeres o colectivo LGTBI. "Son pocas (las comisarías) que cuentan con personal formado y sensible y a veces cuestionan a la víctima", ha manifestado.
Gómez se ha quejado de que estas oficinas no llegan a los 21 partidos judiciales y "falta una dotación importante" en personas y medios, ya que sin dotación de medios suficientes y profesionales "se puede hacer un decreto muy bonito, pero con nula eficacia". Igualmente, ha pedido que se desarrollen mesas de trabajo con todos los profesionales del ámbito victimal, no solo con abogados y procuradores.
Por su parte, el parlamentario de Vox Pablo Gutiérrez de Cabiedes ha aplaudido el servicio que prestan las oficinas de atención a las víctimas, pero ha solicitado más medios materiales y profesionales. También se ha quejado del informe de la Abogacía general sobre el proyecto de decreto en lo referido a que "invade abiertamente competencias estatales", por lo que ha pedido cambios para evitar su posible inconstitucionalidad.
Por último, el diputado de Unidas Podemos Jacinto Morano se ha quejado de la tardanza de implementar las oficinas de asistencia tras la Estatuto de la Víctima del Delito de 2015 y se ha preguntado por el papel que jugará ahora el Comisionado de las Víctimas del Terrorismo, que a su juicio queda "descolgado" con estas oficinas, por lo que pide que se integre en ellas.
Asimismo, requiere aumentar las sinergias con colegios profesionales en este asunto, y no solo con el de Abogados y Procuradores, como hasta ahora.
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