La Comunidad exige el Bus-VAO de la autovía A-2
El Gobierno regional denuncia que las obras ya tendrían que estar en marcha por parte del Ejecutivo central. La nueva infraestructura beneficiaría a 11,5 millones de viajeros al año.
Autovía A-2 a su paso por Torrejón de Ardoz
Cada vehículo se puede ahorrar 25 minutos entre Alcalá y Madrid
GENTE
10/2/2023 - 00:02
Aprovechando la celebración del Consejo de Gobierno en Alcalá de Henares, la Comunidad de Madrid exigió este miércoles 8 de febrero que el Gobierno central inicie este año de las obras de construcción del carril Bus-VAO en la autovía A-2, un proyecto clave de 19 kilómetros para los conductores los municipios del Corredor del Henares y para los miles de trabajadores de toda la región (y del resto de España) que utilizan diariamente esta carretera.
El Gobierno regional recordó que invertirá en este año 2023 un total de 1,6 millones para empezar con el diseño de esta obra de infraestructura imprescindible solicitada por la Comunidad de Madrid en 2016 y que se suma a otros 1,6 millones aportados anteriormente. Este Bus-VAO beneficiará a 11,2 millones de viajeros al año, partiría desde la carretera M-300 (entre los municipios de Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares) para finalizar en el intercambiador de la Avenida de América, ya en la capital.
El Ministerio de Transportes asegura que cada vehículo se ahorrará una media de 7,5 minutos en cada trayecto, que pueden aumentar hasta los 25 minutos si se hace el recorrido completo. El proyecto tiene un presupuesto estimado de 12,5 millones de euros, aportados a partes iguales por las diferentes administraciones implicadas, y establece cuatro puntos de acceso al carril en sentido Madrid, concretamente en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas. Una vez dentro, solo se podrá salir en Avenida de América.
CRÍTICAS
Desde la Consejería de Transportes añaden que este proyecto, que ya se licitó y adjudicó en 2022, tendría que haber estado en funcionamiento a lo largo de este año, ya que fue solicitado por la Comunidad de Madrid en 2016 a través del Consorcio Regional de Transportes, tras promover la creación de un grupo de trabajo con el antiguo Ministerio de Fomento, al que posteriormente se adhirieron el Ayuntamiento de Madrid y la Dirección General de Tráfico. El objetivo era fomentar el transporte público, mejorar la movilidad y las condiciones de seguridad y de servicio, así como reducir la contaminación.
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