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DOS FURGONES DE POLICÍA Y CASI 40 EFECTIVOS RODEABAN LA ZONA

La presión social no logra evitar el desahucio de la familia de Amalia y Joaquín pero será realojada en otras dos viviendas

Máxima expectación este viernes en el desenlace de Amalia y Joaquín, de 61 y 75 años, que la semana pasada había sido aplazado el desahucio de su casa en Alcobendas y que finalmente ha sido efectuado esta misma mañana. Ni el movimiento StopDesahucios, ni los representantes políticos de IU y UPyD, han podido evitar que la orden del juez les haya desalojado finalmente de la que hasta hoy fue su casa. Los servicios sociales de Alcobendas han dispuesto un hostal para la familia hasta que puedan ser reubicados dentro de una semana en otras dos nuevas viviendas.

Archivado en: Alcobendas, desahucio, UPyD, IU,

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gentedigital.es/ Sandra Bravo
23/3/2012 - 14:14

A las 9:30 horas, momento en el que se hacía efectivo el desalojo, dos furgones de Policía y más de una treintena de efectivos hacían imposible la entrada tanto de los responsables políticos como de la prensa al número 22 de la Avenida Pablo Iglesias, piso donde vivía la familia. Fuera, tensión y silencio, a la espera de lo que sucedía dentro de la vivienda. Más de 30 personas del colectivo StopDesahucios se agolpaba en la entrada de la urbanización, soportando carteles y en protesta.

Sin embargo, nada ha podido evitar lo que ya se temía la familia. Afortundamente, han podido llegar a un acuerdo verbal en el que se les facilita la habitación de un hostal en Alcobendas, hasta que puedan ocupar dos nuevas viviendas. No obstante, desconocen hasta cuando podrán vivir en ellas. El estado de inseguridad y preocupación es latente en la familia: "es algo provisional, estamos como si estuviésemos en la calle, sin nada hecho", dijo Eva, una de las hijas. También comentó la actuación policial que, a su juicio, ha sido desmesurada, "han traído escudos y sólo somos cuatro personas, no han dejado ni acercarse a los vecinos para apoyarnos" aseguró.

La familia llegó a esta delicada situación tras dejar de pagar el alquiler de la vivienda en 2005 por una subida de 60 a 300 euros a la que no podían hacerle frente. Joaquín sólo cobra una pensión no contributiva y su mujer una ayuda por desempleo. Después de reclamar, el IVIMA le explica que para reducir el alquiler deben acreditar su difícil situación económica algo que tampoco pudieron costear. Tras meses de impago, la familia asegura que llegó a un acuerdo con la institución para poder pagar lo que debían y hacen efectivo un depósito, aunque la situación continúa sin arreglarse. A finales del 2009, el IVIMA tiene una demanda judicial para llevar a cabo el desahucio. Según el matrimonio nunca fueron citados para ese juicio ni les hicieron llegar la sentencia y se sienten estafados. "Es una injusticia, nos han engañado", sentenció Joaquín, desolado y muy emocionado, mientras miraba, a lo lejos, su antigua casa.

Por su parte, el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) ha afirmado que se trata de una sentencia judicial y que la decisión la han tomado los tribunales de justicia debido a que esta familia lleva cinco años de impagos por más de 19 mil euros.

El Instituto ha declarado que "se han incumplido dos compromisos de pago por parte de la familia, uno de ellos de 35 euros al mes". Asimismo, el IVIMA ha afirmado que no es una inmobiliaria, sino que se trata de un "instituto social" que "ofrece distintas posibilidades según las condiciones de los inquilinos", y ha afirmado que han bajado el alquiler de alrededor de 5.000 familias a 50 euros al mes para adecuarse a sus condiciones.

 

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