PSOE Alcorcón se compromete a aplicar la sentencia favorable a los trabajadores que fueron desfuncionarizados
"También hay que resolver aspectos económicos relacionados con las cotizaciones sociales"
23/5/2019 - 08:03
La candidata del PSOE a la Alcaldía de Alcorcón, Natalia de Andrés, se ha comprometido a "recuperar los derechos de la plantilla municipal" y a aplicar "en todos los términos" la sentencia favorable a los 500 trabajadores que fueron desfuncionarizados.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó de forma definitiva en noviembre de 2017 el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Alcorcón (PP) contra la anulación del proceso de funcionarización llevado a cabo en 2011 (por Gobierno de PSOE e IU).
Fue en julio de 2015 cuando la Junta de Gobierno Local aprobó su anulación definitiva en base a lo expuesto en un informe del Consejo Consultivo de Madrid y en otro de la Cámara de Cuentas. Este hecho afectÓ a 504 de los 524 trabajadores funcionarizados en 2011, que ahora tendrán que ser devueltos a su puesto de origen, según han detallado fuentes del partido.
Por eso, según De Andrés, "no sólo hay que devolver la condición de funcionarios sino resolver aspectos económicos relacionados con las cotizaciones sociales" algo que se incluye en el programa electoral, junto a la puesta en marcha de un estudio para el desarrollo de la carrera profesional y posibles reclasificaciones de puestos.
Esto lo han plasmado mediante la firma de un compromiso con UGT y CC.OO. que refleja "los objetivos y medidas para conseguirlo" y la necesidad de "cuantificar los recursos humanos necesarios para la prestación de servicios de calidad", además de la "remunicipalización de los servicios privatizados".
De Andrés ha manifestado su "compromiso de mantener la actual plantilla municipal, la ejecución de la oferta de empleo público pendiente del año 2016 y la negociación de los años 2017, 2018 y 2019, adecuadas a la realidad de las necesidades municipales".
Asimismo, la socialista ha asegurado que este acuerdo "vela por el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales" para garantizar la salud de la plantilla municipal, "que contemple tanto un diagnóstico de la realidad del Ayuntamiento, como la elaboración de protocolos de acoso, contra riesgos psicosociales, agresiones externas.
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