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Sanus reconoce que usa tarjetas de parking regaladas por el empresario

Rabasa- Una técnica admite que ofreció unos pagarés a Ortiz mientras informaba sobre el plan urbanístico

La jefa jurídica de la Concejalía de Urbanismo de Alicante, Isabel Campos, ha admitido este jueves que ofreció unos pagarés por un importe millonario al constructor Enrique Ortiz en 2008, en la misma época en la que tenía que realizar un informe sobre el texto refundido del Plan Rabasa, según han confirmado fuentes de la acusación y de la defensa.

29/1/2015 - 18:28

ALICANTE, 29 (EUROPA PRESS)

La jefa jurídica de la Concejalía de Urbanismo de Alicante, Isabel Campos, ha admitido este jueves que ofreció unos pagarés por un importe millonario al constructor Enrique Ortiz en 2008, en la misma época en la que tenía que realizar un informe sobre el texto refundido del Plan Rabasa, según han confirmado fuentes de la acusación y de la defensa.

Esta funcionaria interina ha prestado declaración durante más de dos horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad, Juan Carlos Cerón, que investiga las supuestas irregularidades en el citado plan urbanístico, en una pieza derivada del 'caso Brugal', como imputada por delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.

Tras su interrogatorio se ha llevado a cabo el del gerente de la Concejalía de Urbanismo, Enrique Sanus, también como imputado por prevaricación y tráfico de influencias. Tanto uno como la otra han defendido la legalidad de sus actuaciones en este proyecto, que incluía la construcción de unas 13.000 viviendas, 8.000 de ellas de protección oficial, y la instalación de una tienda de la multinacional sueca Ikea. A su salida del juzgado, los dos han rehusado atender a los medios.

Según recoge la denuncia del partido EU que motivó la reapertura de estas diligencias, Sanus y la técnica realizaron diversas gestiones relacionadas con el expediente y el texto refundido del Plan Parcial de las Lagunas de Rabasa encaminadas a favorecer al constructor y también imputado Enrique Ortiz.

Durante su declaración, Campos ha reconocido que pidió al constructor que asumiese -o intercediese para que un tercero lo hiciera- unos pagarés por un importe que podría rondar los 7,5 millones de euros que estaban en poder de su marido, operación en la que podría obtenerse un beneficio en forma de comisión, según ha informado a los medios el abogado de EU, José Luis Romero, que ejerce la acusación particular en este caso.

El abogado de la funcionaria, Joaquín Galant, ha confirmado con posterioridad ese pasaje del interrogatorio, aunque le ha restado importancia y lo ha desvinculado de la actuación de su defendida en relación al Plan Rabasa. "Ella lo planteó y él (en alusión a Ortiz) contestó 'lo veré'. Pero ni ella ni su marido tuvieron esos pagarés", sino de un tercero y la operación no tuvo más desarrollo, ha concretado el letrado.

Para Galant, la intervención de su defendida en relación al plan urbanístico se ajustó en todo momento a la ley. Ella, según ha comentado a los periodistas, se limitó a hacer "propuestas que estaban además controladas por el secretario del Ayuntamiento", por lo que su actuación fue "correctísima". El abogado cree que el 'caso Rabasa' es un "tema eminentemente político" en el que algunos han intentado "ganar en los juzgados lo que no se ha ganado en las elecciones".

REGALO DE UN BOLSO DE LUJO

Campos ha confirmado también al juez que Ortiz le regaló un bolso de lujo en las Navidades de 2008, aunque ha matizado que su padre lo devolvió poco tiempo después. Asimismo, ha reconocido que en una ocasión atendió una llamada del promotor a su móvil particular sobre las once de la noche, pero ha precisado que era la respuesta al sms que ella le había remitido esa mañana y ha añadido que ella atiende a cualquiera que le telefonee.

Por último, la imputada ha negado que disfrutara de tarjetas gratuitas para acceder a un estacionamiento subterráneo del centro de la ciudad propiedad del propio Ortiz, pues ella cuenta con su propio aparcamiento. Galant ha anunciado que va a solicitar en breve el sobreseimiento de la investigación para Campos "porque no hay indicios delictivos contra ella".

Quien sí utilizaba esas tarjetas gratuitas obsequio del promotor que impulsó el Plan Rabasa es Enrique Sanus, gerente de la Concejalía de Urbanismo, como él mismo ha confesado ante el juez Cerón. No obstante, ha argumentado que tenía esos pases como muchos otros miembros de la corporación municipal.

El sumario refleja que el gerente de Urbanismo maniobró supuestamente en marzo de 2009 junto con un alto cargo del Ministerio de Fomento, a instancias del propio Ortiz, para salvar los impedimentos que una técnica de la Conselleria de Medio Ambiente había apreciado para aprobar el plan: la falta de un plan acústico sobre el ruido que generaría el aumento de tráfico en el barrio de Rabasa.

Esos obstáculos se solventaron con la decisión de incorporar ese estudio, llamado curva isófona, en la fase de redacción del proyecto de urbanización. Preguntado a este respecto, Sanus ha justificado su implicación personal en esas gestiones con Fomento en el interés general, pues el Ayuntamiento pretendía que el plan estuviese aprobado cuanto antes, según han señalado fuentes jurídicas.

El juez ya tomó declaración el pasado día 16 Cerón a la exalcaldesa Sonia Castedo como sospechosa de delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Mañana a las 10.00 está convocado Ortiz en el juzgado, mientras que la primera ronda de interrogatorios de imputados la cerrará el jefe de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, José Luis Ortuño, el próximo 6 de febrero.

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