Juez divide la causa de cursos de formación al no ver "concierto" entre las 16 empresas implicadas
La juez que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones para la formación para el empleo por parte de la Junta de Andalucía en Almería ha acordado "desglosar" la causa en sendos procedimientos por cada una de las 16 empresas implicadas y ha remitido lo actuado hasta el momento al Decanato de la capital para su reparto entre los distintos juzgados de instrucción.
30/3/2015 - 16:20
La juez que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones para la formación para el empleo por parte de la Junta de Andalucía en Almería ha acordado "desglosar" la causa en sendos procedimientos por cada una de las 16 empresas implicadas y ha remitido lo actuado hasta el momento al Decanato de la capital para su reparto entre los distintos juzgados de instrucción.
La magistrada María del Mar Moreno indica en un auto, consultado por Europa Press, que no existe "relación ni concierto alguno entre las empresas y sociedades a las que se refieren los presentes autos, ni entre las personas responsables de las mismas e imputadas por estos hechos", por lo que considera que "no hay razón alguna que aconseje la continuación del trámite en un único procedimiento".
"Antes bien, por el contrario, se estima procedente la tramitación de un procedimiento separado por cada una de las mercantiles y sus correspondientes responsables", apuntilla. Al hilo de esto, fundamenta su decisión en la finalidad de evitar la "complejidad innecesaria de la causa y la indebida dilación de la misma".
Cabe recordar que la jueza acordó el pasado día 24 levantar el secreto que pesaba sobre el sumario desde junio de 2014, fecha en que la Fiscalía Provincial formuló denuncia e interesó la incoación de diligencias previas al apreciar la presunta comisión de delitos de fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.
La resolución de la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Almería deriva del informe final elaborado por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) "por cada una de las empresas implicadas" y donde se plasman, según remarca en el auto, "una serie de hechos ilícitos en virtud de las cuales se concluyen las imputaciones de los principales responsables con su vinculación a cada sociedad".
Señala, en esta línea, que las citadas imputaciones aparecen relacionadas en una diligencia de fecha 26 de febrero, que se corresponde con las detenciones practicadas en el marco de la conocida como operación 'Edu Costa', y en una providencia de 11 de marzo, que coincide con la fase denominada 'Edu Centro'.
La magistrada María del Mar Moreno dispone en la misma resolución que el órgano del que es titular se hace cargo de los hechos objeto de uno de los informes policiales, en concreto el que se refiere a la mercantil 'Centro de Estudios Andarax SL', según el orden de presentación recogido en una diligencia de 5 de febrero.
EMPRESAS "IMPLICADAS"
Las 16 empresas implicadas, tal y como se detalla en el auto, son, al margen de Centro de Estudios Andarax SL, Granaforma SL; Allinfo Almería SL; Sicma Andalucía SL; Infocentro; Centro de Estudios Informáticos SL; Quintaeventos SL; Hosteleria y Formación Indalo SL; Indalo Formación y Empleo SL; Inmecamar SL; Academia Infosol SL; Abakan Formación SL; Centro de Formación Indalo SL; Naos Consultoria e Información SL; Formación Hostelería del Sur SL; y Profesionald de Salvamento y Socorrismo SL. El importe del presunto fraude ascendería inicialmente a "más de 4,9 millones de euros".
La investigación explotó en febrero y marzo con las detenciones practicadas el marco de las operaciones 'Edu Costa' y 'Edu Centro', que se saldaron con 31 arrestos, entre ellos, los concejales del PSOE de Vícar, José Luis Leseduarte, y de Roquetas de Mar, Juan Fernando Ortega, quien renunció a su acta de edil y se dio también de baja del partido.
En concreto, la Policía Nacional finalizó la operación 'Edu Costa' en Almería con la detención de 26 personas y la imputación de otra por un presunto fraude en la financiación de cursos de formación a través de 13 empresas en 2010 y 2011 con cargo a la partida 32D, reservada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Entre los investigados se encontraban personas vinculadas al Centro de Estudios Andarax y a Sicma Andalucía SL que se habrían hecho con ayudas por valor superior a los 1,88 millones de euros mediante dos convocatorias únicamente.
También se indagó sobre supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a las sociedades Quintaeventos SL, Aplinfo SL, y Profesional de Salvamento y Socorrismo SL, que en su conjunto se han beneficiado de 743.600 euros para impartir cursos, según recoge el BOJA.
La investigación apuntaba en una fase muy indiciaria a Ormar Informatic, Inmecamar, y Academia Infosol, propiedad del exconcejal Juan Fernando Ortega. Junto a él también fueron detenidos su exmujer, su hija y una profesora. Estas sociedades habrían conseguido gestionar en torno a 624.000 euros de fondos públicos.
Las pesquisas también llevaron a la detención del concejal de Movilidad y Seguridad de Vícar, José Luis Leseduarte (PSOE), quien se mantiene en el cargo. En su caso, la detención se produjo por su vinculación con el centro de formación 'Indalo', donde el concejal prestó servicios, y que obtuvo en enero de 2010 y 2011 resoluciones por parte del SAE por valor de 172.940 euros.
Por otra parte, la operación 'Edu Centro' se saldó con cinco detenciones en Almería, una de ellas de una persona vinculada a una empresa de Jaén.
"CAZA DE SUBVENCIONES"
El Juzgado de Instrucción 4 de Almería ha prorrogado en hasta nueve ocasiones el secreto de sumario. La Fiscalía estimó en su denuncia que los hechos que resultaron de las indagaciones iniciales realizadas por la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF en torno a las resoluciones de 20 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011 presentaban características que hacían "presumir la posible existencia de infracción penal".
Estos indicios apuntaban a que "en la mayoría" de los beneficiarios de las ayudas se producían "graves incumplimientos de los requisitos" que la legislación y señalaban, "como más destacadas", el incumplimiento "generalizado del compromiso de contratación", la práctica de "caza de subvenciones" por parte de algunas empresas, la "falta de solvencia" y "experiencia" en la formación de algunas de esas personas físicas o jurídicas que reciben "la ayuda pública".
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