Extremadura destina 540 euros por habitante a Servicios Sociales, un 2,96% del PIB regional, según un informe
La comunidad autónoma de Extremadura destina 540 euros por habitante a Servicios Sociales, un 2,96 por ciento del PIB regional, según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
22/6/2022 - 17:04
MADRID/MÉRIDA, 22 (EUROPA PRESS)
La comunidad autónoma de Extremadura destina 540 euros por habitante a Servicios Sociales, un 2,96 por ciento del PIB regional, según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Así se constata en el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales, el 'Índice DEC 2021', presentado este miércoles, que describe la situación de estos servicios tras el impacto de la pandemia y que alerta de que la misma ha "frenado" su recuperación.
El informe concluye que "se quiebra una débil recuperación que se venía constatando desde 2016, después de los recortes producidos por la crisis", a pesar de que en 2020 aumentó un 10 por ciento el gasto que las comunidades autónomas y las entidades locales realizaron en servicios sociales.
Frente a este incremento del gasto, la asociación advierte de que algunos servicios sociales se han visto "deteriorados o incluso han retrocedido", como los servicios sociales básicos o comunitarios, y la red de atención primaria del Sistema en barrios, pueblos y comarcas, que pasó de tener, de media, un profesional por cada 1.875 habitantes en 2020, a uno por cada 2.064 habitantes en 2021.
Además, el informe revela que los servicios sociales para personas mayores, el colectivo más afectado por la pandemia, no mejoraron en 2020. Así, se observa que las plazas residenciales se mantienen prácticamente igual (2,7%) que el año anterior (2,68%); y que el servicio de ayuda a domicilio experimenta un incremento de dos décimas en su cobertura (de 4,9% en 2019 a 5,1% en 2020) pero retrocede en su intensidad, con 2,8 horas menos de media al mes (de 20,6 en 2019 a 17,8 en 2020).
La asociación también denuncia que los centros de día se mantienen prácticamente igual (con un incremento de 0,01 puntos) y el servicio de teleasistencia se reduce dos décimas. También retroceden o tienen incrementos "muy débiles" los acogimientos familiares a menores (0,3 puntos menos), las plazas residenciales para personas con discapacidad (0,06 puntos más), las plazas diurnas y ocupacionales para personas con discapacidad (descienden 0,1 puntos), y las plazas de alojamiento para personas sin hogar (0,5 puntos más).
En este sentido, los directores de servicios sociales señalan que "los incrementos económicos no son suficientes para mejorar la oferta de prestaciones o servicios, sino que deben ir acompañados de formas de gestión ágiles".
Además, de los datos se desprende que el gasto de las comunidades autónomas y entidades locales en servicios sociales aumentó un 10 por ciento, pasando de una media de 406,3 euros por habitante en 2019 a 446,9 euros en 2020.
Los autores del informe precisan que este incremento supone, por un lado, un aumento de 28 décimas sobre el PIB, pasando del 1,6 por ciento en 2019 al 1,88 por ciento en 2020, pero, por otro, pierde significación en el presupuesto global de las comunidades autónomas y de las entidades locales, pasando de representar el 9,95 por ciento en 2019 al 7,78 por ciento en 2020.
GRAN DESIGUALDAD ENTRE CCAA
Además, de los datos se desprende que existen "grandes diferencias" entre territorios, que suponen una "gran desigualdad de oportunidades reales". Sin considerar las comunidades con un régimen foral, como el País Vasco, con 971,1 euros de gasto por habitante en servicios sociales, o Navarra (608,3 euros), destacan las diferencias entre Extremadura (540,4 euros) o La Rioja (512,7 euros), frente a Madrid (357,1 euros) o Murcia (317,4 euros).
En esta misma línea, el porcentaje del PIB regional que las administraciones públicas del País Vasco destinan a Servicios Sociales (3,19%), o Extremadura (2,96%), triplican al que destinan las de la Comunidad de Madrid, con un 1,11 por ciento.
Estas diferencias de gasto se manifiestan en la cobertura efectiva de prestaciones y servicios a la ciudadanía en los diferentes territorios. Así, según señala el informe, en Navarra hay un profesional de los servicios sociales básicos por cada 739 habitantes, mientras que en la Comunidad de Madrid hay un profesional por cada 5.515 habitantes.
Por otro lado, el Índice DEC 2021 hace balance de la evolución de los servicios sociales en la última década en la que han tenido lugar dos crisis, la que se inició en 2009 y la de la provocada por la pandemia de la Covid-19.
Entre otros cambios, la asociación de directores y gerentes de servicios sociales destacan que, actualmente, todas las comunidades tiene ley de nueva generación, salvo Madrid, que está en fase avanzada de elaboración. Asimismo, ha aumentado de cinco a once el número de CCAA con catálogo de servicios sociales, y de dos a once las comunidades con planificación estratégica.
Además, la asociación pone de relieve que se ha incrementado un 26,2 por ciento el gasto por habitante y año, aunque se ha reducido en 0,36 puntos el porcentaje del presupuesto que las administraciones públicas destinan a servicios sociales (8,14% en 2011 frente al 7,78% en 2020).
Los autores del informe precisan que cada vez es mayor el porcentaje de financiación local y menor el porcentaje de financiación autonómica sobre el gasto total en servicios sociales. Así, en 2012, esta proporción era del 83,3 por ciento para las CCAA y 14,6 para las entidades locales, mientras que en 2020 pasó a ser 69,4 por ciento para las CCAA y 30,6 por ciento para las entidades locales.
ÚLTIMA DÉCADA: MÁS RATIO Y MENOS AYUDA A DOMICILIO
Igualmente, el estudio revela que han mejorado la mayor parte de los indicadores de cobertura, destacando la ratio de profesionales por habitante en las estructuras básicas (pasando de un profesional por cada 3.765 habitantes, de media, en 2012, a uno por cada 2.064 en 2021), y las plazas de alojamiento para personas sin hogar (34,5 por cada 100.000 habitantes en 2011 a 41,2 en 2020).
Si bien, precisa que el incremento es "reducido" en las plazas residenciales de financiación pública para personas mayores (que ha pasado del 2,37% en 2011 a un 2,7% en 2020) o la ayuda a domicilio (del 4,4% en 2011 al 5,1% en 2020).
Por el contrario, algunos indicadores han empeorado en esta década como la intensidad de la ayuda a domicilio (que se ha reducido de 19,3 horas de media mensuales en 2011 a 17,8 en 2020) o los acogimientos familiares a menores sobre el total de acogimientos (que han pasado del 60,4% en 2011 al 50,1% en 2020).
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