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BIENESTAR SOCIAL

Entidades de protección a la infancia piden unificar las políticas sociales de la UE

La Federación de Entidades de Atención y de Educación a la Infancia y la Adolescencia (Fedaia) ha pedido que se unifiquen las políticas sociales de la UE, con el objetivo de evitar que se repita el "grave empeoramiento" de los derechos que han sufrido los menores de España, Italia, Grecia e Irlanda.

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10/4/2014 - 11:11

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

La Federación de Entidades de Atención y de Educación a la Infancia y la Adolescencia (Fedaia) ha pedido que se unifiquen las políticas sociales de la UE, con el objetivo de evitar que se repita el "grave empeoramiento" de los derechos que han sufrido los menores de España, Italia, Grecia e Irlanda.

La federación ha enviado una misiva a los candidatos al Parlamento Europeo para que se comprometan a trabajar en la armonización de las políticas sociales, y en el impulso de medidas de protección a las infancia, ha informado este jueves la organización en un comunicado.

"Sólo la creación de un Estado de Bienestar único evitará que se repitan situaciones de precariedad respecto a la situación de la infancia", ha dicho la federación, que ha apostado por luchar por una sociedad equitativa, cohesionada y competitiva.

Del mismo modo que la UE ha logrado la unión monetaria y avanzar en la integración política de los países que forman parte, "debe ser capaz también de armonizar sus políticas sociales", lo que permitiría garantizar el bienestar de la infancia en todo el territorio comunitario.

En los últimos tres años la Fedaia ha detectado un "grave empeoramiento de la situación por los duros recortes para satisfacer las exigencias de la 'troika' --Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional (FMI)--".

Por ello, ha afirmado que si la política social estuviera armonizada y no dependiera de la decisión de los gobiernos locales de cada país, no sería posible implantar medidas de austeridad que restringen las ayudas sociales a los niños y las familias y recortan los fondos destinados a financiar los servicios públicos básicos de los que se benefician los más vulnerables.
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