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HORARIOS COMERCIALES

El Parlament invita a los comerciantes a seguir la ley catalana pese a la suspensión del TC

CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP han consensuado una propuesta de resolución en el Parlament que invita a los comerciantes catalanes a regirse por la legislación catalana de horarios comerciales, incluso en aquellos aspectos que han sido suspendidos por el Tribunal Constitucional (TC) tras admitir un recurso del Gobierno central.

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21/12/2014 - 12:10

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP han consensuado una propuesta de resolución en el Parlament que invita a los comerciantes catalanes a regirse por la legislación catalana de horarios comerciales, incluso en aquellos aspectos que han sido suspendidos por el Tribunal Constitucional (TC) tras admitir un recurso del Gobierno central.

La propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, remarca la voluntad de que Catalunya tenga un modelo comercial propio, y manifiesta el rechazo a "la creciente intromisión del Gobierno del Estado en el modelo comercial catalán con la voluntad de desnaturalizarlo haciendo un uso abusivo de la legislación pretendidamente básica".

Por ello, los cinco grupos firmantes de la propuesta de resolución invitan a los comerciantes catalanes a "mantener la libre y voluntaria observación de la legislación comercial aprobada por el Parlament, incluso en aquellos aspectos que han sido impugnados por el Gobierno del PP".

El texto insta al Govern a utilizar todas las herramientas jurídicas y políticas al alcance para defender el criterio catalán de horarios comerciales, un modelo que "preserva el equilibrio y la conciliación" y establece, a su juicio, una regulación de las rebajas que las potencia como factor de dinamización de ventas.

El Consejo de Ministros acordó interponer el recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de esta ley por establecer un régimen más restrictivo para la libertad comercial que el contemplado en la normativa básica estatal.

Tras presentarse el recurso, el Govern lo consideró en un comunicado como una nueva ofensiva legal que "forma parte de la voluntad del Gobierno central de uniformizar el comercio de todo el Estado siguiendo el modelo de la Comunidad de Madrid".
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