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La "ineficiencia" judicial lastra recuperar 5.000 millones procedentes de ejecuciones en Catalunya

De los más de 6.580 millones de euros de ejecuciones de 2013 sólo se habían recuperado 1.434 en 2016

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12/1/2018 - 13:04


De los más de 6.580 millones de euros de ejecuciones de 2013 sólo se habían recuperado 1.434 en 2016

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

La "ineficiencia" del sistema judicial lastra la recuperación de más de 5.000 millones de euros procedentes de ejecuciones de sentencias en Catalunya desde 2013, cuando la cantidad principal de las ejecuciones en la comunidad fue de 6.580.452.967 euros, lo que representaba el 3,4% del PIB catalán.

Así se desprende del estudio 'Impacto económico del sistema de ejecución de sentencias judiciales y propuestas de mejora', elaborado por la Cámara de Comercio de Barcelona y el grupo de investigación AQR-Lab de la Universitat de Barcelona (UB) y que se ha presentado este viernes en rueda de prensa tras realizar una encuesta a despachos de procuradores y disponiendo de una muestra de 994 expedientes de las ejecuciones presentadas en 2013.

De los más de 6.580 millones de euros de ejecuciones de 2013, el mayor volumen se concentra en ejecuciones hipotecarias (76%), seguidas de los títulos judiciales (15,5%) y los títulos no judiciales (8,4%), y de esta cantidad en 2016 sólo se había recuperado un total de 1.434.105.509 euros, lo que equivale a un 21,8% y lo que se traduce en más de 5.000 millones de euros pendientes.

El mayor volumen de cantidades recuperadas corresponde a ejecuciones hipotecarias, con una tasa de recuperación dineraria del 23,7%, del 19,5% para los títulos judiciales y del 9% para los no judiciales, y de las ejecuciones iniciadas en 2013 y ya finalizadas sólo se ha recuperado el 23,9% de las cantidades demandadas y se ha tardado un año y nueve meses de media.

Ante esta situación, los expertos han estudiado el impacto que supondría sobre la economía catalana una mejora de la tasa de recuperación de las ejecuciones iniciadas en 2013 y han calculado que por cada millón de euros de más que se pudiera recuperar se facturarían en Catalunya 687.248 euros más, el PIB se incrementaría en 350.000 euros, se generarían 133.006 euros adicionales de rentas fiscales y se contribuiría a crear o mantener cinco puestos de trabajo a tiempo completo.

En concreto, en un escenario de mejora reducida en que la tasa de recuperación aumentara del 21,8% actual al 25% se facturarían 145 millones de euros, se crearían o mantendrían 1.110 empleos, el PIB aumentaría en 73,4 millones y la recaudación fiscal en 28,1 millones, mientras que en un escenario de mejora elevada con un aumento de la tasa de recuperación hasta el 35% el incremento de la facturación sería de 597,2 millones, se mantendrían 4.573 empleos, el PIB crecería en 302,3 millones y la recaudación fiscal en 115,6 millones.

El estudio también ha comparado la situación de España con la de países como Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía, y ha extraído que el español es el país con la tasa de resolución de ejecuciones más reducida en el periodo analizado, y en 2010 es el segundo país donde la duración del procedimiento de ejecución es más largo, con 1.242 días, con lo que el plazo medio de resolución es de unos tres años y medio.

PROPUESTAS

España es el único país de la UE donde los jueces son los responsables del proceso de ejecución y hay menos dotación de personal que en la mayoría de países europeos, por lo que el informe propone mejorar la eficiencia del sistema de ejecuciones en Catalunya con una reforma de los procedimientos de ejecución para agilizarlos.

Ello pasaría por reducir la burocracia, aumentar el uso de medios informáticos y crear tribunales especializados en ejecuciones, pero también por definir la figura de agente de ejecuciones y asignarles funciones concretas e incluso exclusivas para desarrollar el proceso.

Han participado en la presentación del estudio el presidente de la Cámara de Barcelona, Miquel Valls; el presidente del Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Catalunya, Ignacio López Chocarro; la directora de Análisis Económico de la Cámara, Carme Poveda, y el catedrático de Economía Aplicada de la UB Jordi Suriñach.

"La mejora del sistema de resolución de conflictos, la agilización de la justicia y una mayor rapidez en la ejecución de las sentencias otorgarían prestigio a las instituciones y mejorarían la competitividad de la actividad empresarial", ha destacado Valls, mientras que López Chocarro ha llamado a buscar soluciones efectivas, ya que "los datos no invitan al optimismo" y una sociedad moderna del siglo XXI no se puede permitir esta situación, ha dicho.
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