PSE-EE exigirá responsabilidades políticas por "el estropicio" de la multa por las 'vacaciones fiscales'
Dice que "el reparto del coste de la sanción no cierra este episodio lamentable" y que hay personas que "deben dar la cara"
22/7/2014 - 13:23
BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)
El PSE-EE exigirá responsabilidades políticas por "el estropicio" de la multa por las denominadas vacaciones fiscales porque lo van a pagar todos los vascos "muy caro". "Vamos a dejar de disponer de 30 millones de euros por la frivolidad del PNV y PP", ha asegurado, para señalar que "el reparto del coste de la sanción no cierra este episodio lamentable" y hay personas que "deben dar la cara".
En un comunicado, el Secretario de Economía de la Ejecutiva socialista, Javier Lasarte, ha recordado que el Consejo Vasco de Finanzas va a acordar este miércoles cómo se reparte entre el Gobierno y las Diputaciones el pago de la multa de 30 millones de euros impuesto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por "los retrasos indebidos" en la recuperación de las "vacaciones fiscales" ordenada este Tribunal en la sentencia de 2006 que consideró esos incentivos fiscales contrarios a las normas de competencia europeas.
Los socialistas vascos creen que "el reparto del coste de la sanción no cierra este episodio lamentable", ya que todos los ciudadanos de Euskadi van a pagar "el error de unos pocos, que tienen nombre y apellidos".
"Lo mínimo exigible es que estas personas, algunas de cuales se sentarán en la reunión del Consejo Vasco de Finanzas, asuman públicamente su responsabilidad y admitan que se equivocaron al seguir una estrategia suicida", ha manifestado Lasarte.
"Hasta ahora no lo han hecho. Por el contrario, han tratado de evitar que las miradas se fijen en ellos creando debates de distracción sobre qué institución tiene que pagar y en qué proporción", ha destacado.
A su juicio, "lo único cierto es que estos 30 millones de euros son la consecuencia de la prepotencia y la frivolidad del PNV y el PP al frente de las Diputaciones Forales, que optaron por el peor camino a la hora de resolver con la Comisión Europea el contencioso surgido a finales de los años noventa con los incentivos fiscales a la inversión conocidos como 'vacaciones fiscales'".
En este sentido, ha subrayado que "la multa no se impone por la ilegalidad cometida, sino por la dilación de las Diputaciones en cumplir la sentencia firme del Tribunal Europeo de 2006, después de haber ninguneado y mareado a la Comisión Europea ocultándole información, como recogió la abogada general del Tribunal Europeo en la vista oral".
RECONOCIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD
"Alguien tiene que reconocer su responsabilidad en el estropicio, y el PSE-EE lo va a reclamar en las instituciones correspondientes. No puede ser que la pérdida de 30 millones de euros tan necesarios en estos momentos se despache como un simple accidente", ha añadido Javier Lasarte.
El dirigente del PSE-EE ha asegurado que "esa cantidad no es un asunto 'menor', como llegó a decir el portavoz del Gobierno Josu Erkoreka: 30 millones de euros es más del doble de lo que el Gobierno se va a gastar este año para contratar personas en paro en los municipios, y no es consecuencia de que en Europa no entiendan a Euskadi, argumento victimista del nacionalismo, sino porque algunos no quieren entender las normas que rigen en Europa".
En esta línea, ha precisado que la Unión Europea "nunca ha cuestionado la capacidad de los territorios históricos de conceder ayudas fiscales a las empresas ni tampoco el Concierto Económico".
"Lo que la Comisión Europea impugnó, y el Tribunal de Justicia de la UE ratificó, es que unos incentivos concretos establecidos en los años noventa por las tres Diputaciones forales, las llamadas 'vacaciones fiscales' y el crédito fiscal del 45% de determinadas inversiones, se aplicaron vulnerando las normas europeas de competencia y sin comunicarlos previamente a Bruselas", ha añadido.
De esta forma, ha destacado que la Comisión Europea ya estableció en 2001 la ilegalidad de los incentivos. "Sin embargo, las tres Diputaciones gestionadas entonces por el PNV y el PP, alentadas por la patronal Confebask, en vez de recuperar las ayudas concedidas como ordenó Bruselas, se lanzaron a una huida hacia delante, primero, con una estrategia fracasada de recursos y negándose a dar a la Comisión la información requerida; y después, retrasando irresponsablemente la recuperación de los incentivos", ha indicado.
Sobre esta segunda cuestión, ha apuntado que "no se empezó a hacer hasta 2011, seis años después de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, y no se culminó hasta el año pasado". "Estos son los motivos por las que la ciudadanía vasca va a tener que pagar 30 millones de euros, por las decisiones adoptadas por unas personas que todavía no han dado la cara ni han asumido su responsabilidad", ha concluido.
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