Noticias de Burgos

Sin entrar en la letra pequeña, que es mucha, el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de julio, tiene por finalidad evitar duplicidades entre las administraciones públicas y ahorrar costes a los ciudadanos. Más de 8.000 millones de euros entre los años 2013 y 2015, según dijo el ministro Montoro.

Visto así, vale. Ahora bien, que haya suscitado tantas críticas, y no solo de los grupos políticos de la oposición, sino también de colectivos y organizaciones de ámbitos muy diversos, hace pensar que, como dice el refrán, ‘no todo el monte es orégano’.

Cierto es que es necesaria una reforma de la administración local, pero cierto es también que ésta no debe hacerse a cualquier precio. En más de una ocasión me he referido desde esta tribuna a la necesidad de adelgazar la estructura del Estado, de eliminar duplicidades entre administraciones, pero mucho me temo que más de uno de sus objetivos no va a ir más allá de una declaración de intenciones.
Habla la norma de “competencias impropias” de los ayuntamientos y de que por primera vez se definen con esta nueva ley tanto las competencias propias como las delegadas, que deben ser desarrolladas por la Administración Local, diferenciándolas de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Ahora bien, si consideramos que los ayuntamientos son las administraciones más próximas a los ciudadanos, las que, en teoría, resultan más accesibles en cuanto a prestación de servicios, en particular los pertenecientes al ámbito social, la reforma que se avecina deberá considerar como objetivo final de la misma, y más allá del pretendido ahorro y control del gasto, que los ciudadanos mantengan el nivel y calidad de esos servicios que reciben.

Publicado el 1 de agosto de 2013 a las 21:00.

               

Ni imaginarme quiero qué hubiera ocurrido si el Gobierno de la Nación no hubiera acudido al rescate de las entidades locales y comunidades autónomas para liquidar las deudas que mantienen con proveedores. El Ayuntamiento de Burgos se ha acogido al plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Ejecutivo de Rajoy y ha enviado al Ministerio de Hacienda una relación de facturas pendientes de pago por importe de 23,2 millones, cuando la cantidad impagada que había reconocido supera los 50 millones.

La línea de crédito habilitada por el Ejecutivo asciende a 35.000 millones, de los que unos 18.000 irán destinados a los ayuntamientos y los restantes a las comunidades.

El presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Miguel Ángel García Nieto, destacaba esta semana en Burgos que muchas entidades locales se encuentran “en una situación agónica” y que la medida aprobada por el Gobierno central va a suponer “inyectar en vena dinero contante y sonante” a los proveedores a los que se les debe dinero, que de otra forma hubiera resultado muy difícil a la vista de la salud financiera que atraviesan los ayuntamientos.

La situación económica actual de las entidades locales ha asfixiado a pequeñas empresas y autónomos, que se han visto obligados a echar la persiana por impagos y retrasos en el cobro de facturas por obras, servicios y suministros. Si actualmente la media en el pago a proveedores se sitúa en unos 180 días, con la nueva medida se estima que el plazo de pagos oscile entre 30 y 60 días, lo cual permitirá la viabilidad de muchas empresas. En cualquier caso, lo que pone de manifiesto la situación a la que se ha llegado es que urge una reforma del sector público -el privado empezó a hacerla hace ya años, coincidiendo con la agudización de la crisis- que adelgace sus estructuras y termine, de una vez por todas, con las duplicidades entre administraciones. Solo así se podrá reducir el gasto público.

Publicado el 16 de marzo de 2012 a las 14:00.

               

La constitución estos días de los nuevos Ayuntamientos y Parlamentos regionales surgidos de las elecciones celebradas el pasado 22 de mayo pone de relieve, tras escuchar las intervenciones de algunos alcaldes y presidentes de las Cortes, que la legislatura recién comenzada va a requerir de grandes sacrificios, a tenor de la delicada situación económica que atraviesan el país y las administraciones públicas.

Si una palabra se repite hasta la saciedad en los discursos de quienes asumen la responsabilidad de gobernar durante los próximos cuatro años esa es austeridad. Una austeridad que la mayoría de los ciudadanos de a pie venimos aplicando desde hace ya muchos meses, años incluso, en nuestro día a día, en la gestión de las economías familiares. Estamos en época de vacas flacas y los excesos de antaño pasan factura. El margen para el endeudamiento cada vez es menor. Nuestros dirigentes deben ser los primeros en dar ejemplo si, como decía en su investidura la primera presidenta de las Cortes de Castilla y León, Josefa García Cirac, quieren “reconquistar” la confianza ciudadana. El Barómetro de mayo de 2011 del Centro de Investigaciones Sociológicas revela que después del paro y la situación económica, el principal problema que existe en España es la clase política y los partidos políticos. La desafección entre los ciudadanos y los políticos es cada vez mayor y la brecha solo podrá reducirse si éstos logran transmitir confianza en su gestión, actúan con transparencia, saben escuchar las demandas y reivindicaciones ciudadanas y hacen de la austeridad la bandera de su  acción de gobierno.

La música que acompaña a estos primeros discursos suena bien; durante los próximos años toca escribir la letra, con hechos que no desentonen.

Publicado el 17 de junio de 2011 a las 14:00.

               

De vez en cuando o de cuando vez, según el tiempo disponible, viajo on-line por comunidades y provincias limítrofes para saber qué se cuece por tierras próximas.

Recientemente me fui hasta la capital riojana, donde me entero que el Ayuntamiento ha puesto en marcha el proyecto ‘Compartir coche', con el objetivo de fomentar entre la población un uso más racional del coche. Este servicio consiste en facilitar el encuentro de personas que están interesadas en compartir su vehículo privado para realizar un viaje.

La idea me suena, pienso. Y es que en Burgos tenemos algo parecido. Fíjense, aunque parece imposible, ayuntamientos gobernados por diferentes partidos, PSOE en Logroño y PP en Burgos, han promovido una iniciativa similar en aras de una movilidad urbana sostenible. Lo cierto es que estos temas, ‘venden'.

A principios del pasado mes de noviembre, la Oficina de Movilidad de Burgos, situada en los bajos del Mercado Norte, en la Plaza España, puso en marcha una campaña bajo el lema ‘Te muevo en coche compartido', que se desarrolla a través de una herramienta on-line sencilla y gratuita que permite poner en contacto a viajeros y conductores para compartir trayectos comunes, ya sea al trabajo, a la Universidad, al colegio, del Alfoz al centro, etc.

Desconozco los resultados de la misma (les prometo indagar), pero de entrada me parece una iniciativa a considerar por todas aquellas personas que diariamente realicen desplazamientos en la ciudad utilizando sus vehículos privados. Compartiendo coche no solo se ahorran gastos de viaje sino que se contribuye a reducir la contaminación y el consumo energético.

 

 

Publicado el 23 de febrero de 2010 a las 20:30.