La ‘condena’ de la imputación
El pasado sábado -10 de enero- vi en Telecinco ‘Un tiempo nuevo’, el programa que mal presenta Sandra Barneda, ya que corta permanentemente el ritmo, por la entrevista que anunciaban a la ex alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Por lo visto en los distintos medios de comunicación, Sonia Castedo tiene pocos argumentos de defensa y una gran parte de la sociedad ya la ha condenado. Está acusada de tráfico de influencias y de cinco delitos relacionados con el urbanismo para favorecer a un empresario para el que también trabaja su marido como autónomo. Sin embargo, tras la entrevista las cosas no están tan claras. La gran prueba contra la ya ex alcaldesa del PP se centra en unas grabaciones de conversaciones telefónicas con el citado constructor, que tenía ‘pinchado’ el teléfono. Estas grabaciones pueden significar lo que se quiera desde una complicidad público-privada para lograr beneficios económicos o simples y habituales conversaciones de ‘presión’ de un empresario que quiere agilizar al máximo los trámites de aprobación del Plan Rabasa para que Ikea pueda instalarse en Alicante. Sería grave lo primero y algo normal lo segundo, ya que un empresario que se juega su dinero y patrimonio busca que la burocracia no arruine sus planes. Por los datos que dio, todo parece legal... pero lo cierto es que Sonia Castedo está imputada, lo que no quiere decir que vaya a ser condenada. Es más, ella está segura de que no y no entiende que no pueda defenderse ante un tribunal a pesar de llevar varios años de denuncias, que en los últimos meses plagados de corrupción han encontrado un buen altavoz en los medios de comunicación.
Esta historia me recordó enormemente a la de Demetrio Madrid y el ‘caso Pekus’. Demetrio Madrid tenía un pequeño taller textil en Zamora, que al final no iba nada bien e incluso tuvo que pagar dos años a sus empleadas a pesar de la poca actividad de la empresa, comprometiendo el patrimonio familiar. En mayo de 1983 fue elegido presidente de la Junta de Castilla y León y poco después vendió el taller a su gerente Esteban Cisneros, que no pudo levantar la empresa y dio en quiebra. 11 de las 13 trabajadoras denunciaron a Demetrio Madrid, a su hijo Adolfo y al citado Cisneros por “hacer una venta no real, sino simulada y fraudulenta”. La Audiencia de Valladolid aceptó la denuncia el 31 de octubre de 1986 imputando al presidente Madrid, que dimitió de su cargo el 18 de noviembre. Pues bien, el 11 de enero de 1990 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León absolvió a Demetrio Madrid tras un juicio celebrado en Burgos durante varios días de diciembre de 1989 en las fechas previas a las Navidades. Ése fue el regalo de Reyes de Demetrio Madrid en 1990, al no apreciar el TSJCYL el “delito social” que promovían las denunciantes. Demetrio Madrid siempre ha sido alabado por su gesto de dimitir... pero ¿quién le repara el daño de cortar una carrera política tan prometedora como era haber ganado en Castilla y León a Alianza Popular? A partir de 1993 el PSOE le compensó siendo diputado y senador por Zamora, pero durante años tuvo que sufrir los efectos de ser un apestado. Cuanto más ahora que la corrupción está a la orden del día.
Una justicia tan lenta termina siendo injusta.
Publicado el 16 de enero de 2015 a las 09:15.
