El límite de los políticos
Los flagrantes casos de corrupción (Bárcenas, Rato, EREs, Operación Púnica, Nóos y Urdangarín, Jaume Mata, Julián Muñoz y Marbella, los huertos solares, Pujol, 3% de CiU en Cataluña, el caso Gürtell, regalos vip...) han convertido la política en un gallinero de imprevisibles consecuencias. Más que en hacer propuestas y presentar alternativas de gobierno, partidos y políticos se dedican a ‘pillar’ al rival. Los casos señalados son de un gran calado político y están en manos de la justicia, pero a un ritmo tan excesivamente lento que algunos no conocerán la sentencia en vida. Ahí es donde hay que meter mano y que los corruptos paguen por sus fechorías y aprovecharse del cargo para enriquecerse ilícitamente. Algunos ya pagan por ello, pero los más parecen reírse de la Justicia. En los años de crecimiento de la economía gracias a la burbuja inmobiliaria muchos fueron los que llenaron sus bolsillos gracias a los grandes beneficios que generaba la construcción. Pero con la crisis todo cambió. No sólo se cortó el grifo de las comisiones y sobresueldos en ‘B’ sino que comenzaron a salir escándalos y ‘cajas B’ ocultos durante años. Está bien perseguir y hacer pagar a quien abusa de su puesto público para llenar sus cuentas corrientes. Pero da la impresión de que se está poniendo la lupa en temas demasiado ‘corrientes’. Los políticos son personas y tienen sus profesiones y sus negocios. Hay gente que lleva muchos años viviendo de la política, pero los hay también que llegan a política de forma más o menos casual para encauzar sus inquietudes sociales y económicas o simplemente para probar tras ser ‘tentado’ por representar a un amplio colectivo ciudadano.
Éste puede ser el caso de Pedro Llamas, hostelero de toda la vida, que aceptó ir en la candidatura de Silván el 24-M. Por un lado parece bueno aprovechar su experiencia en este sector para intentar mejorar la actividad comercial y hostelera de la ciudad; por otro, se puede interpretar que no se puede ser juez y parte y defender los intereses privados desde las instituciones públicas. El morbo surge cuando el citado concejal forma parte de una sociedad que quiere construir un restaurante cerca de Carrefour e inicia las obras sin licencia. Una infración urbanística de carácter leve -eso dicen- que lleva consigo la paralización de la obra y una sanción de 1.000 a 10.000 euros. ¿Tiene que dimitir por ser concejal? Parece una medida desproporcionada. No hay perjudicados, no hay delito, no hay malversación... y con la sanción administrativa parece suficiente. Además, el gran perjudicado es el propio Llamas, que no sólo no abrirá el restaurante cuando tenía previsto sino que está en el ojo del huracán. Es evidente que a Llamas le han puesto en el punto de mira político y será continuamente ‘vigilado’ e ‘inspeccionado’ lo que le convertirá en un problema constante para él mismo, para el PP, para el Ayuntamiento y para el mismísimo alcalde...
Publicado el 30 de octubre de 2015 a las 09:30.
