Ladrillos podridos
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Los escándalos urbanísticos que manchan a líderes políticos locales empiezan a a acumularse en las dependencias judiciales y crece la duda sobre si las últimas reformas que pretendían atajarlos está resultando o no eficiente. La detención este martes del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, eleva a dieciocho el número de primeros ediles en ejercicio detenidos por implicación en delitos de corrupción urbanística desde la Operación Malaya, en Marbella, en abril de 2006.
Y desde hace casi cinco años no cesan las denuncias, los avisos y las advertencias sobre este tipo de tramas en España.
En diciembre de 2005, el Parlamento Europeo presentó un informe en el que alertaba de las irregularidades del urbanismo español a raíz de las cerca de 15.000 quejas recibidas contra la, entonces vigents, Ley valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). En 2007, el Parlamento Europeo volvía a denunciar los supuestos abusos de la construcción en España y alertaba de la indefensión de los ciudadanos.
Ya entonces se apuntaban varias soluciones para erradicar este cáncer en la política local. Des de la reforma del Código Penal para endurecer las penas por delitos de esta índole, así como el endurecimiento del régimen de incompatibilidades de cargos públicos de las distintas administraciones vinculados con la planificación del territorio y las infraestructuras. Y, lo más importante, hacer los cambios legales necesarios para controlar mejor las subvenciones que reciben los partidos políticos. Como concluye un estudio de Transparencia Internacional sobre el tema de 2006: “El problema de fondo no está en las actuaciones corruptas de actores individuales, sino en la corrupción institucionalizada vinculada a la obtención ilícita de fondos para los partidos”.
Publicado el 29 de octubre de 2009 a las 18:45.
