Noticias de Barcelona

"Quien la hace la paga, aún nos queda algo de ética y te invitamos a (dimitir) darte una oportunidad antes de que pase lo irreparable". No es una película de cine negro, es la realidad y ha pasado en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona; los malos no son la tropa de Al Capone, sino personas vinculadas a la Administración. Y quien recibe las amenazas no es Eliot Ness y sus incorruptibles Intocables, sino la entonces concejal de Ciutat Vella Itziar González y un reducido grupo de colaboradores que terminaron aterrorizados por las presiones.  Durante su etapa como concejal, González intentó aclarar la concesión de licencias en el distrito en el marco de su actuación para evitar pisos turísticos ilegales. Empezó a revisar algunos de los contratos y salieron los trapos sucios.

Entonces empezaron las amenazas. González tuvo que recurrir a escolta policial aunque meses después se le retiró sin explicación alguna. El partido que la había fichado la dejó sola y sin protección. Aun así, su trabajo permitió que el caso llegara al juez y que se imputara a varios cargos.  Finalmente, cuando ella dimitió, se sabía soto voce que había llegado al límite de su resistencia. ¿Cómo puede ser que una persona con cargo público fuera amenazada de muerte, su equipo aterrorizado y la propia Administración no tomase cartas en el asunto? Indica hasta qué punto el Ajuntament ha perdido el control de este distrito y cuán enquistada está la corrupción.

Según nuevas informaciones sobre el sumario del caso, en el tinglado podrían estar vinculados dos altos cargos del Ajuntament. El tufo a podrido, pues, escala cada vez más alto. Lo peor es que estos cargos presumiblemente vinculados a la trama, aunque salen citados en el sumario,  ni siquiera han sido imputados. Puede, incluso, que se sientan cada día a trabajar con el funcionario al que, cuando caiga la noche,  amenazarán por hurgar donde no debe.

Publicado el 7 de octubre de 2010 a las 19:30.

               

Los escándalos urbanísticos que manchan a líderes políticos locales empiezan a a acumularse en las dependencias judiciales y crece la duda sobre si las últimas reformas que pretendían atajarlos está resultando o no eficiente. La detención este martes del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, eleva a dieciocho el número de primeros ediles en ejercicio detenidos por implicación en delitos de corrupción urbanística desde la Operación Malaya, en Marbella, en abril de 2006.
Y desde hace casi cinco años no cesan las denuncias, los avisos y las advertencias sobre este tipo de tramas en España.

En diciembre de 2005, el Parlamento Europeo presentó un informe en el que alertaba de las irregularidades del urbanismo español a raíz de las cerca de 15.000 quejas recibidas contra la, entonces vigents, Ley valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). En 2007, el Parlamento Europeo volvía a denunciar los supuestos abusos de la construcción en España y alertaba de la indefensión de los ciudadanos.

Ya entonces se apuntaban varias soluciones para erradicar este cáncer en la política local. Des de la reforma del Código Penal para endurecer las penas por delitos de esta índole, así como el endurecimiento del régimen de incompatibilidades de cargos públicos de las distintas administraciones vinculados con la planificación del territorio y las infraestructuras. Y, lo más importante, hacer los cambios legales necesarios para controlar mejor las subvenciones que reciben los partidos políticos. Como concluye un estudio de Transparencia Internacional sobre el tema de 2006: “El problema de fondo no está en las actuaciones corruptas de actores individuales, sino en la corrupción institucionalizada vinculada a la obtención ilícita de fondos para los partidos”.

Publicado el 29 de octubre de 2009 a las 18:45.