Sin acritud

Mariano Rajoy está más preocupado por aplacar la rebelión interna de sus barones contra la decisión de repartir un déficit a la carta entre comunidades que por las andanadas que los últimos días le ha lanzado Aznar. A estas últimas responde con su tranquilidad habitual, no va a cambiar de política le guste a unos o le disguste a otros. Pero en el asunto del déficit de las autonomías no se puede nadar y guardar la ropa. Hay que tomar decisiones y establecer los criterios que permitan cumplir los objetivos, solucionar los desequilibrios fiscales y al mismo tiempo solventar las diferencias entre las propias comunidades del PP sin que ninguna se vea perjudicada. La realidad es que hay regiones con serias dificultades financieras a las que no se puede dejar caer, y otras que han hecho severos esfuerzos para ajustar sus cuentas que se sienten agraviadas. Y en medio del problema, la situación de Cataluña, al borde de la ruina y en plena ofensiva soberanista.

   Rajoy necesitaba preservar la imagen de unidad en el PP, más después de las criticas de Aznar a la "languidez de la resignación", pero sólo ha conseguido un acuerdo de mínimos para aplazar una solución que satisfaga a todos. Porque una cosa es la lealtad al presidente del Gobierno, y otra es consentir el privilegio a unas regiones sobre otras cuando a dos años vista están las elecciones autonómicas. Los barones del PP saben que los recortes pueden pasarles factura electoral, y no están dispuestos a asumir el desgaste mientras se privilegia a Cataluña para que Artur Mas rebaje la tensión soberanista a cambio de un respiro fiscal. En esta tesitura, Rajoy ha tenido que aplazar hasta el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera de finales de junio la solución al déficit asimétrico con el compromiso de que se aplicarán criterios objetivos y no políticos sobre el reparto del déficit. Hasta entonces, el Gobierno se sentará a negociar bilateralmente con todas las regiones para fijar los objetivos finales que establezca la Unión Europea, y en función de eso elaborar la propuesta para que asuman las comunidades.

  Con esta apariencia de unidad, y algún premio a las comunidades más cumplidoras, conseguirá pacificar a los suyos mientras negocia una salida al desafío soberanista de Cataluña. Podrá sacar adelante los compromisos de reducción del déficit, pero el problema de fondo, el modelo de financiación autonómica que nos ha traído hasta la situación actual, aquel que en las épocas de bonanza repartía alegremente los recursos a medida que cada comunidad iba engullendo sus presupuestos en un pozo sin fondo, sigue sin resolverse. 

Publicado el 30 de mayo de 2013 a las 17:15.

Entre la agenda de reformas que el Gobierno tiene entre manos para impulsar la salida de la crisis, hay una de gran calado que está generando controversia por los efectos que tendrá sobre los ayuntamientos y los servicios que prestan. Gran parte de la deuda que arrastran los municipios se deriva de la asunción impropia de estos servicios y de la falta de financiación para sostenerlos. Estamos a las puertas de una recentralización que pretende poner orden en el confuso mapa de la administración local con el objetivo de ahorrar costes y con el reto de que la ordenación de las competencias en un Estado claramente sobredimensionado no suponga una merma en la calidad de los servicios. La ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que prevé entrar en vigor en enero de 2014 va a suponer una importante revolución para ayuntamientos y diputaciones, especialmente en los municipios de menos de 5.000 habitantes y en los de entre 5.000 y 20.000 habitantes, que pueden perder la gestión de sus principales servicios como el alumbrado público, la limpieza, la recogida de basuras o el abastecimiento de aguas, entre otros.  

   Esta reforma pretende clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades, de tal manera que se garanticen los servicios al ciudadano de la manera mas eficiente y al menor coste posible. No se trata de restar poder al municipalismo, sino de racionalizar la administración local. El Gobierno ha fijado un valor estándar de determinados servicios, y todo municipio que lo supere se considera que no está siendo eficiente. Según sus cálculos, el 92% de los municipios de menos de 5.000 habitantes y el 37% de los de entre 5.000 y 20.000 habitantes no son eficientes porque están prestando sus servicios a un coste superior al que podrían hacerlo. Para entenderlo, el coste por cabeza en los municipios  más pequeños es de 1.200 euros, frente a los 445 que cuestan estos mismos servicios en los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes. Los números cantan. En estos casos, las diputaciones o en su defecto las comunidades asumirían estos servicios durante cinco años, plazo a cuyo vencimiento los ayuntamientos podrán recuperarlos si demuestran su capacidad de gestión mejorada. Con el recorte de competencias, el Gobierno espera ahorrar en torno a los 7.200 millones, y otros 800 homogeneizando las retribuciones de las plantillas municipales. Un ahorro total de 8.000 millones de euros. Son medidas que van en la dirección adecuada, aunque se podria haber aprovechado para adelgazar la estructura local reduciendo el número de concejales y de cargos de confianza adscritos.    

Publicado el 27 de mayo de 2013 a las 12:45.

El presidente del Gobierno se ha cerrado a los cánticos europeos que le reclaman de manera más o menos suave que acometa más reformas a cambio de suavizar los objetivos de déficit. No quiere escuchar a la canciller Angela Merkel, y hace bien, porque los intereses de la alemana están puestos en sus inmediatas elecciones y las medidas que reclama para los demás, mayor flexibilización del mercado de trabajo, hay que analizarlas bajo la perspectiva de frenar la pérdida de votos que la amenaza. Tampoco le seduce la propuesta del comisario europeo de Empleo, László Ándor, que pretende que España implante un contrato único abierto para frenar las altas tasas de desempleo, sobre todo juvenil. Ha dicho Rajoy que no va a tocar la reforma laboral "ni en una dirección ni en otra", porque lo que hay que hacer ahora es evaluar su aplicación. El Gobierno estima que está dando sus frutos, y que ha tenido un impacto favorable de cuatro puntos porcentuales en la destrucción de empleo, lo que ha evitado la perdida de unos 900.000 empleos. Si no se hubiera aprobado esta reforma, estaríamos, según la previsión del gobierno, en el 30% de paro, y es de esperar que sus efectos se empiecen a percibir con claridad en cuanto se inicie la recuperación económica. Es significativo, por otro lado, que el rechazo a esta ocurrencia del contrato único haya concitado, por primera vez en lo que llevamos de legislatura, la unanimidad de todos. Gobierno, oposición, sindicatos y empresarios han cerrado filas contra esta modalidad de contratación cuyas ventajas están por ver. Lo de Europa es un sinvivir, porque entre unos y otros  nos tiene más confundidos que las noches de Dinio. Unos reclaman más medidas de recorte mientras otros, como el vicepresidente de la Comisión y comisario de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani, aseguran que no se pueden pedir muchos más sacrificios a España porque los que los ajustes para reducir la deuda pública "son inútiles" si no se ven complementados con medidas en favor del empleo y del crecimiento económico. Pues a ver si se aclaran.No sabemos si estamos en la política del palo y la zanahoria, en el pellizco de monja, o simplemente que cada uno va por libre con sus genialidades. Entre tanto desconcierto lo mejor es confiar en que la burocracia elefantiásica se ponga en marcha para cumplir sus propios acuerdos, los adoptados en esas cruciales cumbres europeas en las que al día siguiente los titulares nos informan del fin del apocalipsis tras una maratoniana negociación in extremis, anunciando que por los pelos se ha salvado el proyecto europeo. Y usted se preguntará ¿Y eso qué es y en qué me afecta a mí?.           

Publicado el 20 de mayo de 2013 a las 18:45.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP en la región se ha desmarcado de la posición oficial del Partido Popular sobre los impuestos y ha abierto un debate que Rajoy se ha apresurado a cerrar, pero que amenaza con extenderse por otros feudos populares porque va cargado de sentido común. Hace unos días, Aguirre reclamaba a Rajoy una reforma radical de la Administración, que dejara de subir impuestos y que incidiera más en el recorte del gasto público. Supuestamente este es el ADN del PP, por lo que a nadie debería haber sorprendido sus palabras. Otro de los barones regionales, el presidente extremeño José Antonio Monago, se ha sumado a este carro y ha anunciado que su gobierno ultima una rebaja de impuestos para crear un marco favorable y atraer inversiones. El debate es oportuno y pone en evidencia la necesidad de plantearse, si llegados a este punto, conviene dar un giro a la política económica. Todo parece indicar que sí.

Rajoy no consigue convencer a la opinión pública de que su dura política de recortes, que ha llevado al incumplimiento sistemático del programa con el que ganó las elecciones, -hasta 30 subidas de impuestos en 16 meses- era necesaria para evitar el colapso de la economía española e impedir el temido rescate que hasta hace unos meses parecía inevitable. Hay un fallo clamoroso de comunicación del Gobierno con la sociedad, y por encima de todo, lo que hay es un hastío ciudadano que ya no se cree los discursos oficiales. Promete Rajoy que en 2015 bajarán los impuestos. Lo mismo que dijo para 2014 y para 2013. Las promesas son gratis, los hechos no lo son.

Cierto es que el esfuerzo para reducir el déficit ha propiciado que la UE flexibilice sus exigencias otorgando un margen adicional de dos años para cumplir los objetivos, pero no es menos cierto que esa corrección del déficit ha venido más como consecuencia de haber aumentado los ingresos por la subida de impuestos, que por la reducción de gastos de la Administración. Es de sentido común que ahora que se cuenta con ese margen adicional, que supone en la práctica unos 18.000 millones para el Estado, se comparta con los ciudadanos con una rebaja de impuestos. Esperanza Aguirre va a seguir insistiendo en esa línea, porque está convencida de que bajar impuestos es positivo para la recuperación, porque el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos y porque lo ha practicado en Madrid, donde una fiscalidad más ajustada que en el resto de comunidades ha propiciado que la actividad económica de la región sea más alta que en el resto de España

Publicado el 13 de mayo de 2013 a las 11:45.

Los últimos datos del padrón municipal difundidos por el Instituto Nacional de Estadística reflejan que la población española ha descendido en 205.788 personas. Es un dato muy significativo, pues no hay precedente desde que se tienen datos estadísticos de una contracción de la población española. La razón de este descenso se explica por la caída de la inmigración, 216.000 extranjeros -un 3,8%- menos que el año pasado. La inmigración es el factor que había hecho posible que se produjera el incremento demográfico de los últimos años. Ahora, la crisis económica ha provocado el efecto contrario y España ha dejado de ser un imán para los extranjeros que llegaron en busca de mejores oportunidades que en sus países de origen y que son los que en mayor medida acusan las consecuencias de la falta de empleo. Al no contar con el apoyo familiar, el motor que está permitiendo resistir a miles de españoles que subsisten gracias al esfuerzo de sus mayores, no tienen más opción que hacer las maleta y retornar a sus países dejando atrás sueños deshechos. No es un asunto menor, con repercusiones que van más allá de los dramas personales de los que habiendo echado raíces se ven obligados a marcharse por la falta de trabajo.
Las dificultades económicas están afectando también a la natalidad, que había logrado salir de su estancamiento gracias a los nacimientos experimentados con el incremento de la población extranjera a partir del año 2000. A la salida de extranjeros hay que sumar la marcha de jóvenes cualificados que buscan posibilidades de desarrollo en países de la UE y que probablemente se asienten en sus nuevos destinos, incidiendo negativamente en el número de nacimientos en España.
Las implicaciones, tanto laborales como para el mantenimiento de las pensiones futuras, con una población cada vez más envejecida, son demoledoras, motivo más que justificado para acometer con urgencia reformas de calado que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el futuro. Confiar en que el contexto económico de los próximos años facilitará el aumento de la población cotizante no es suficiente argumento para aplazar medidas que se han de tomar con serenidad, para evitar el uso partidista de un asunto tan sensible, pero con la máxima celeridad y consenso posibles.Es inaplazable elaborar entre todos los agentes implicados los mecanismos que garanticen que las pensiones sean las adecuadas y al mismo tiempo, sostenibles en el tiempo. Sin dogmatismos ni visiones cortoplacistas, pues en juego está nuestro bienestar futuro.

Publicado el 26 de abril de 2013 a las 11:00.

No parece que haya una fórmula más efectiva para frenar el problema de los desahucios que abandonar la demagogia y dejar paso al sentido común. Pero es evidente que hay un grave problema social que requiere de actuaciones urgentes, aunque la precipitación puede dar lugar a piruetas populistas más que a soluciones rigurosas. 

   Entre medias de este drama se ha colado una de sus derivadas, el acoso a políticos bajo la fórmula del escrache, aderezada por las protestas de los afectados de las preferentes, que se han sumado a esta nueva forma de "expresión ciudadana" del cabreo, que consiste en plantarse ante la vivienda de un político del PP para alterar su tranquilidad, la de su familia, la de sus vecinos y la de todo aquel que se cruce por el camino y no se sume a la fiesta. Este asunto se ha convertido en uno de los principales motivos de confrontación política. A los que defienden el derecho a manifestarse habría que preguntar si apoyarían también el escrache si el acosado fuera de sus propias filas -ojo, que todo puede llegar- y no del PP. Y convendría refrescar la memoria de los que parecen haber olvidado que los desahucios no se han inventado en esta crisis. En tiempos de Rodríguez Zapatero se produjeron 370.000 desahucios, y se promovió desde el Ministerio de Vivienda de Carme Chacón la creación de una decena de juzgados exprés para agilizar los desahucios. Pero hay que evitar la tentación de llevar la protesta al ámbito de lo privado porque este tipo de presiones de ciudadanos cabreados suele ser antesala de graves desórdenes de consecuencias imprevisibles.

   Es difícil separar la sensibilidad ante la imagen de una familia en la calle, de la necesaria serenidad que requiere discernir que no todos los casos son iguales y que la protección a los más vulnerables no puede poner en peligro la seguridad jurídica del resto con medidas de dudoso encaje legal, pero lo que no se puede es dejar las cosas como están. En Andalucía, la Junta va a expropiar temporalmente a los bancos las viviendas que van a ser objeto de un desahucio cuando las familias estén en riesgo de exclusión social y va a imponer multas a los propietarios que tengan inmuebles vacíos. En Madrid, la Comunidad ha puesto a disposición de familias desahuciadas y personas en situación de especial necesidad, a través de Cáritas, 1.000 viviendas públicas procedentes de ocupaciones ilegales, con un alquiler social de 200 €uros al mes. Son dos formas diferentes de enfrentarse a un mismo problema, que sin embargo, no tendrá visos de solución a largo plazo si no va acompañado de una reforma en profundidad de la Ley Hipotecaria.

Publicado el 19 de abril de 2013 a las 11:45.

Si se cumplen los planes que baraja el Gobierno, va a resultar que las autonomías que se han pasado por el forro de sus caprichos las directrices de contención del déficit y que no han cumplido los objetivos fijados, van a tener como premio un traje a la medida que les va a permitir seguir gastando por encima de sus posibilidades. Lo ha anunciado el ministro Montoro y ha provocado el cabreo de algunas de las comunidades gobernadas por el PP, que se niegan a aceptar que los compromisos presupuestarios se cumplan "a la carta". La idea del Gobierno, en lugar de seguir manteniendo para este año un techo común del 0,7% del PIB para todas las autonomías, es establecer objetivos de déficit diferenciados, en función de varios parámetros como el PIB, la capacidad de acceso a los mercados y los esfuerzos económicos realizados en 2012, lo que en la práctica significa favorecer con un margen de gasto superior a aquellas comunidades que no han cuadrado sus cuentas, como es el caso de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, frente a las autonomías que sí han gestionado con criterios de austeridad. La decisión final que adopte Hacienda está pendiente de la autorización de Bruselas a flexibilizar los criterios de cumplimiento del déficit, en la línea de conceder más tiempo para cuadrar las cuentas públicas. Pero resulta difícil de entender que se incentive a unas comunidades en función de los agujeros que han provocado. Es profundamente injusto para las que han hecho el esfuerzo presupuestario de adelgazar sus gastos con medidas que han recaído directamente sobre los bolsillos de los ciudadanos, a los que se les han impuesto durísimos recortes. Cosa bien diferente sería que el Gobierno consiguiese suavizar los objetivos y lo compartiera con todas las comunidades, y siempre que ese desahogo adicional fuera repartido equitativamente entre todas por igual. Lo que carece de todo sentido es que los habitantes de las comunidades que han hecho los deberes se vean desfavorecidos mientras a otras comunidades se les permite más holgura en sus cuentas. El problema es que si se apuesta por establecer criterios para el reparto de los objetivos de déficit entre el Estado y las comunidades, cada una de ellas defenderá el más favorable a sus intereses, con lo que el guirigay está servido, porque los criterios de Madrid serán muy similares a los que defienda Cataluña y contrarios a los de Andalucía o Murcia. No es un asunto para improvisar. La financiación de las autonomías exige una revisión a fondo del modelo, donde se consagre el principio de solidaridad, con luz y taquígrafos y donde ninguna comunidad resulte perjudicada.

Publicado el 11 de abril de 2013 a las 18:30.

Madrid ha sacado pecho y ha mostrado a los miembros de la comisión evaluadora del COI que no sólo tiene la firme voluntad, sino la capacidad sobrada para no perder por tercera vez el tren del futuro que pasa por organizar unos Juegos Olímpicos de todos y para todos. Porque esto es lo que serían los Juegos olímpicos para Madrid, una gran oportunidad en todos los aspectos: para mejorar la imagen de España en el mundo, para atraer la inversión extranjera y para crear empleo. Así lo perciben los ciudadanos, que apoyan mayoritariamente a Madrid 2020 como ponen de manifiesto las encuestas. Esta, junto con el compromiso de todas las instituciones, es una de las muchas fortalezas de la candidatura. El último sondeo realizado en España arroja un apoyo del 76,5% de los ciudadanos de Madrid, del 85,7% de los de la comunidad, y del 77,8% en el resto de España, datos que hemos conocido que coinciden con los propios sondeos realizados por el COI, que ha quedado asombrado con el rigor, la seriedad y la credibilidad de la candidatura. Los miembros del COI han podido percibir en una intensa semana de ponencias y visitas a las diferentes sedes la disposición de Madrid para albergar unos Juegos que, lejos de ser un proyecto, son una realidad palpable con el 80% de las infraestructuras requeridas construidas y en uso, con una red de transportes envidiables, y con la vista puesta en la utilización futura de las instalaciones para preservar el legado posterior en beneficio de la ciudad. Para quien aún tenga dudas acerca de la oportunidad de albergar en la capital unos juegos en un contexto de crisis como el actual, las cifras aportadas pueden contribuir a despejarlas. Se calcula un impacto estimado sobre el PIB de 5.000 millones de dólares y la generación de 83.000 puestos de trabajo a tiempo completo. En cuanto al turismo, 800.000 visitantes dejarán 800 millones de dólares adicionales. Ante estas magnitudes, la inversión pendiente, de 1.500 millones de euros, repartidos entre tres administraciones y a siete años, sale a unos 100 millones €/año para cada una de ellas, una cantidad muy pequeña en comparación con los beneficios que aportará la organización de los Juegos.
La candidatura es real como la vida misma, no se ha vendido humo ni es un proyecto hecho a base de videos, audios e imágenes sobre el papel. Es una candidatura, como reconocieron los propios miembros de la comisión evaluadora, impresionados por el nivel de las instalaciones, no solo para poder organizar los juegos de 2020, sino incluso los de 2016 en una ciudad de la que sentirse orgulloso.

Publicado el 22 de marzo de 2013 a las 14:00.

Madrid se prepara para recibir a los miembros del Comité de Evaluación del COI que examinarán con lupa las infraestructuras, capacidad económica, redes de transporte y plazas hoteleras para comprobar si Madrid es la ciudad idónea para albergar los juegos olímpicos de 2020. Nos jugamos mucho en el envite, y por ello la huelga de metro y las múltiples manifestaciones que los sindicatos han convocado son una irresponsabilidad que sólo  pretende reventar la visita y contribuir a dar una imagen negativa de Madrid.

     Hace cuatro años, Madrid fue capaz de movilizar a la sociedad que veía en la candidatura de Madrid 2016, igual que ocurriera cuatro años antes, un sueño ilusionante. Hoy, inmersos en una crisis no sólo económica, sino de confianza, la candidatura no despierta el mismo entusiasmo y muchos  cuestionan si estamos para gastar en fastos de esta naturaleza. Es legítimo. Pero de ahí a boicotear un proyecto que no sólo es beneficioso para la ciudad sino para el conjunto del Estado, como Barcelona 92 lo fue en su día para España, media un abismo.

    Hay que conseguir que los evaluadores se lleven la mejor impresión posible. Las principales calles y avenidas por donde discurrirá la comitiva del COI se han engalanado con miles de banderolas y carteles publicitarios con el logo y los colores olímpicos con objeto de atraer voluntarios a la causa y concitar el máximo apoyo popular, uno de los aspectos, junto con las infraestructuras, que más peso tiene a la hora de decidir la ciudad encargada de organizar los juegos. De las impresiones que se lleve la delegación del COI dependerá en gran medida la decisión que se adopte finalmente el 7 de septiembre en Buenos Aires.

     Hay otros aspectos de los que desconocemos su impacto, pero que alcanzan una dimensión internacional que puede influir negativamente en las posibilidades de Madrid. El principal, la crisis económica y el paro. También la tragedia del Madrid Arena, las noticias de la corrupción que mancha a partidos e instituciones del Estado, y las revelaciones del juicio de la Operación Puerto contra el dopaje. El Consejo de Ministros acaba de aprobar el nuevo proyecto de ley Antidopaje, que adapta al ordenamiento jurídico español a las exigencias de la Agencia Mundial Antidopaje y que una vez refrendada en el parlamento puede ser una de las fortalezas de la candidatura de Madrid 2020. El gobierno está consensuando con la oposición la Ley de Transparencia. Nuestros puntos débiles están, por tanto, en fase avanzada de ser superados. Sólo queda que a los evaluadores les dejen hacer su trabajo para que puedan comprobar que Madrid es, con diferencia, la mejor candidata.       

Publicado el 15 de marzo de 2013 a las 09:00.

La destrucción del empleo en España sigue sin dar tregua. Los últimos datos conocidos, aún teniendo algún indicador que pueda hacer pensar que se está tocando fondo, arrojan cifras demoledoras. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, el antiguo INEM, subió en 59.444 desempleados en febrero, un 1,2% respecto a enero, lo que situa la cifra total de parados en más de cinco millones de personas, un nuevo récord del registro. Por comunidades, el paro subió en todas ellas, salvo en Baleares, donde bajó en 1.562 personas. Los aumentos más importantes se los han anotado Andalucía, con 22.722 desempleados más, y Madrid, con 8.120 nuevos parados. La subida del desempleo en febrero es, sin embargo, la menor en este mes desde 2008, lo que indica que se está frenando la destrucción de empleo, aunque todavía es pronto para apreciarse el efecto de las ultimas medida del Gobierno dirigidas a los emprendedores y contra el paro juvenil. Donde sí puede sacar pecho el Gobierno es en el control del déficit, después de haber conseguido meter en cintura a las autonomías, aunque cinco de ellas han incumplido el objetivo presupuestario. En el conjunto de las administraciones, el déficit público cerró 2012 en el 6,74% del PIB, muy cerca del objetivo del 6,3% comprometido con Bruselas. El déficit del Estado fue de 3,83% frente al 3,4% previsto inicialmente, mientras que los ayuntamientos cerraron con una desviación del 0,2%, una décima menos de lo establecido. Pero el gran esfuerzo lo han hecho las comunidades, que han cerrado el año con un déficit global del 1,73, superando en solo dos décimas el objetivo del 1,5% del PIB fijado. Esfuerzos como los de Castilla La Mancha y Extremadura, que han rebajado en seis y en cuatro puntos, respectivamente, la desviación del déficit, son más que notables.

     El desafío del Gobierno es formidable, pero ¿cuál es el precio a pagar? ¿Hasta qué punto se puede mantener la política de austeridad y los recortes drásticos que están lastrando la recuperación económica? Es evidente que sin controlar el déficit público no puede haber posibilidad de recuperación económica, y por tanto, de creación de empleo. Pero al mismo tiempo, sin reducir el desempleo tampoco es probable que se pueda salir de la crisis. Ambas políticas tiene  que ir de la mano, pues no es posible sacrificar un objetivo o posponerlo para lograr el otro. Una tesitura ante la que el Gobierno no puede hacer otra cosa que confiar en que las medidas adoptadas den sus frutos antes de que los sacrificios de los ciudadanos deriven en graves conflictos sociales.          

Publicado el 8 de marzo de 2013 a las 13:30.