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Blog de Alberto Castillo

Sin acritud

Monarquía-república, no. Padre-hijo, todavía no

Las entrevistas a la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de la que por fin hemos conocido algo más de su actividad que ser la amiga íntima -"entrañable" se autodefine ella- del Rey, han coincidido con la declaración de Iñaki Urdangarín ante el juzgado de Palma por sus tejemanejes en el caso Noos. Tendrá sus razones la interesada para desnudarse de motu propio, por venganza tras la manera en que fue conminada a salir de España tras el affaire de Botsuana o por otras razones, porque sería de extremada torpeza que sus apariciones en El Mundo y Hola hubiesen sido sugeridas desde Zarzuela. Sea como fuere, lo cierto es que esta repentina presencia mediática ha debido sentar a cuerno quemado a la Reina, que se merece más respeto que este nuevo desaire, y se añaden al cúmulo de despropósitos que tienen desde hace tiempo a la Monarquía en el punto de mira. El anuncio de la operación de hernia discal a la que Don Juan Carlos se someterá este domingo, hecho público un día después de que el primer secretario del PSC, Pere Navarro, pidiera su abdicación en favor del Príncipe Felipe, ha desatado las especulaciones acerca de la hipotética posibilidad de que el Rey estuviera barajando la posibilidad de abdicar, extremo negado por Zarzuela en un comunicado.  Nunca antes la Corona ha estado sometida a un desgaste tan fuerte, pero de ahí a esperar la renuncia del Rey media un mundo. Ni Don Juan Carlos se ha planteado en ningún momento la posibilidad de abdicar, ni tiene previsto hacerlo, menos aún forzado por la presión externa. La salud del monarca no es pletórica, pero no le impide desarrollar satisfactoriamente sus funciones constitucionales, lo único que de verdad podría hacer tambalear la Institución. Tener un yerno trincón o una amante despechada afecta más a la imagen que a la estabilidad, aunque la imagen de la monarquía ha sufrido un notable deterioro. El Rey está sometido a un desgaste fruto de 37 años de reinado y el carisma que le ha acompañado estos años se resiente, también unido a un cambio generacional que no ha vivido de primera mano la imprescindible contribución del Rey a la estabilidad de la nación. El proceso judicial de Iñaki Urdangarín ha contribuido a deteriorar la reputación de la Corona y los agitadores de turno aprovechan para pescar en aguas revueltas. La abdicación en estas circunstancias no aliviaría la imagen de la Casa Real y trasladaría un problema de difícil digestión al heredero en un contexto de crisis institucional y dificultades económicas. No son, desde luego, las mejores condiciones para heredar la responsabilidad de la Jefatura del Estado.    

Publicado el 1 de marzo de 2013 a las 12:15.

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Tímida reforma de la administración local

El Gobierno ha presentado el anteproyecto de reforma de la administración local con el que pretende ahorrar 7.121 millones de euros entre 2013 y 2015. La primera objeción a esta reforma, por otro lado absolutamente necesaria, es que no se ha atrevido a meter mano a la reducción del número de concejales, una de las asignaturas pendientes del municipalismo, tal y como Rajoy se había comprometido en el mes de julio pasado. En lugar de eliminar concejales para adelgazar la estructura de los ayuntamientos, reducirá los concejales con dedicación exclusiva y el número de asesores, de tal manera que solamente el 18% de los concejales tendrá sueldo y el 82% restante no percibirá un salario por el desempeño de su actividad. No obstante, que nadie piense que van a estar en política por amor al arte, porque seguirán cobrando de las dietas por asistencia a plenos y otros complementos, aunque eso sí, el Gobierno pondrá límites a estas retribuciones. Por lo que se refiere a los asesores, con la nueva ley su número estará en función del tamaño de cada municipio. Aquellos que tengan entre 50.000 y 500.000 habitantes solo podrán tener el mismo número de asesores que de concejales, es decir entre 12 y 29. El resto irá disminuyendo hasta los municipios de 5.000 personas que no podrán tener ninguno. En las ciudades de más de medio millón de habitantes no podrán superar el 0,7% de la plantilla municipal.
Con respecto a los salarios de los alcaldes, se fija un tope máximo para eliminar diferencias. Los alcaldes de ciudades de mas de medio millón de habitantes no podrán cobrar más de 100.000 euros, y la retribución irá disminuyendo proporcionalmente en los municipios de menos población.
La reforma local persigue clarificar las competencias municipales y redistribuirlas para evitar duplicidades. Las competencias de educación, sanidad y servicios sociales que ahora tienen los ayuntamientos deberán ser asumidas por las comunidades, mientras que las diputaciones asumirán los servicios mínimos que dejen de prestar los municipios de menos de 20.000 habitantes.
Quedan, sin embargo, aspectos importantes sin resolver. El anteproyecto no aborda la reducción progresiva del excesivo número de municipios, ni se detiene en la necesaria reforma de la financiación local; se limita a despojar de competencias a los municipios sin especificar cómo se financiarán las prestaciones sociales que asuman las diputaciones y las autonomías, que se convierten en las nuevas megaestructuras administrativas. Parece más un lavado de cara que una reforma en profundidad.

Publicado el 22 de febrero de 2013 a las 11:45.

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Eurovegas

Que un inversor con dinero contante y sonante apueste en estos tiempos por España no es cosa menor. No sólo es una muestra de confianza en nuestras posibilidades como país, sino un espejo para atraer capital extranjero y nuevas inversiones. Por tanto, la llegada de Eurovegas a Alcorcón es una buena noticia, se quiera o no reconocer, porque va a generar puestos de trabajo y riqueza cuando más necesitados estamos. El consejero delegado de Las Vegas Sands, Michael Leven, ofreció la cifra en la presentación junto al presidente de la Comunidad. 200.000 empleos directos, la mayor parte provenientes de España. Aunque finalmente no se alcanzara esa cifra total, los puestos de trabajo necesarios para la construcción del complejo, más los que se requerirán para su desarrollo y explotación, son argumentos suficientes para estar a favor. La izquierda en bloque se ha lanzado a cuestionar el proyecto. El aluvión de críticas, las exageraciones, las pancartas y los comentarios de los defensores de no se sabe bien qué modelo de progreso se daban por descontadas, pero la realidad es que la avalancha de currículos que se está recibiendo en el ayuntamiento de Alcorcón y en otros cercanos indica que son mayores las expectativas que el proyecto genera que las críticas que despierta. Ciertamente, Eurovegas tendrá un alto coste medioambiental, dada su extensión y concepto, por la explotación de los recursos hidrológicos y energéticos que requerirá y habrá que prestar especial atención a las garantías de sostenibilidad del complejo. Es una duda razonable. Pero de ahí a decir que estamos abriendo las puertas a la ciudad del vicio, la lujuria y el puterío, hay una avenida más larga que la que contempla la principal arteria del complejo. Madrid se va a convertir en unos años en uno de los grandes referentes mundiales del turismo de ocio y convenciones. Si la llegada de turistas internacionales es uno de los pocos indicadores positivos que hemos tenido en estos años de crisis, el refuerzo adicional de millones de turistas, en su mayoría europeos, que atraerá Eurovegas, es razón más que suficiente para congratularse de que sea España, y no otra ubicación, la elegida. Los críticos hablan de modelo equivocado, pero no olvidemos que hemos vivido años, y muy bien, de los réditos que el turismo ha dejado en nuestro país y seguir apostando por ello no es negativo. Son exageradas las críticas, sobre todo provenientes del PSM, al supuesto traje legal y fiscal a medida que se ha hecho al proyecto. ¿Es acaso la primera vez que un gobierno, nacional, autonómico o local ofrece las mayores facilidades posibles para que se instale una empresa en su territorio?

Publicado el 15 de febrero de 2013 a las 12:15.

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En el límite de lo soportable

Los papeles de Bárcenas, sean verídicos o manipulados, tienen contra las cuerdas al Partido Popular y a su presidente, Mariano Rajoy, que a duras penas consiguió salir airoso de las preguntas a las que le asediaron los periodistas en la rueda de prensa al término de la cumbre y en presencia de Angela Merkel. Si había dudas en cuanto a los supuestos cobros de sobresueldos entre la cúpula del partido, la respuesta de Rajoy "algunas cosas son falsas y otras verdad" ha terminado por enmarañarlo aún mas. Sorprende la falta de reflejos con que está reaccionando el PP a la hora de plantear las acciones judiciales, a las que se han adelantado a titulo individual algunos dirigentes cuyos nombres aparecen en los papeles de Bárcenas como Ana Palacio, o el propio José María Aznar, que ha demandado a El País por atribuirle la autoría del reparto de sobresueldos. Mucha gente se está preguntando a qué espera el PP para iniciar de inmediato las acciones judiciales que anunció que iba a tomar. Mientras tanto, cada día que pasa la situación se vuelve mas complicada para el PP, que ha tenido que hacer uso de su mayoría absoluta en la Junta de Portavoces para vetar todas las iniciativas presentadas por la oposición en relación con el caso, incluida la petición de una comisión de investigación sobre la amnistía fiscal y la comparecencia de Rajoy en el pleno del Congreso para dar explicaciones sobre la corrupción política. Esta actitud se aleja mucho de la máxima transparencia que el PP prometió para esclarecer los hechos.  Mala pinta tiene este asunto y peor puede acabar si no se toman medidas, porque así no podemos seguir. El ciudadano es el que está soportando todos los esfuerzos a los que le han sometido sin rechistar, mientras los políticos protagonizan un escándalo tras otro. Se ha traspasado la barrera de lo tolerable, y la sensación es que el sistema actual no da para más. En este clima es inevitable que se alcen voces que reclaman la necesidad de modificar el sistema electoral para que haya listas abiertas y no bloqueadas y que el protagonismo sea de los ciudadanos por encima de los políticos profesionales. Eso frenaría el paso a los profesionales de la política, una de las reformas necesarias para conseguir la regeneración de España. Menos poder para los partidos y más para los ciudadanos. Porque si no llega la regeneración a la política, dificilmente llegara la recuperación económica y la prosperidad. La deriva de rumbo a la que esta llegando España exige altura de miras y una respuesta que los partidos politicos no estan dando. El tiempo apremia y el riesgo de un estallido social es cada vez mayor, porque cada vez es más grande el cabreo ciudadano.         

Publicado el 7 de febrero de 2013 a las 18:15.

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Aquí nunca pasa nada

Hace unos días, el juez que investiga la muerte de las cinco chicas fallecidas en el Madrid Arena, denunciaba la falta de medios y clamaba por un secretario y un juez de refuerzo para poder sacar adelante el trabajo. Paralelamente, conocíamos que la Audiencia de Barcelona va a investigar los bombardeos que sufrió la Ciudad Condal en marzo de 1938. Ambos casos no guardan relación entre sí, y las decisiones de los jueces catalanes merecen todo el respeto, pero sorprende que la Audiencia de Barcelona dedique tiempo y dinero a buscar a los autores de los ataques, que estarán ya más muertos que Carracuca. Casos más cercanos, como el sorprendente patrimonio acumulado por los hijos de Pujol no requieren tanta atención. La maquinaria judicial no se pone en marcha con la misma agilidad si el proceso afecta a un miembro del estamento político. Ya sea por su transversalidad, en la administración central, autonómica y local, en el sistema judicial y en las altas instituciones, como por la tibia reacción de los partidos y la naturalidad con que miran a otro lado cuando un caso les salpica, la sensación de desconfianza en la ética de nuestros representantes e instituciones es un terreno abonado. Cuando falla la confianza en el sistema, toda la arquitectura del Estado se desmorona como la cubierta de las Ventas.
No hace falta recurrir a los sondeos de opinión que machaconamente revelan el hartazgo ciudadano hacia la clase política, uno de los tres problemas más preocupantes de los españoles según el CIS, para comprobar que el descrédito se ha instalado en la percepción pública y que se requiere una decidida voluntad de regeneración que los que tienen en su mano poner en marcha no dan muestras de haber asumido. Los casos de corrupción, los conocidos y los últimos que se han sumado a la lista del trinque institucionalizado, revelan la gravedad la enfermedad. Por más que intentemos justificar que la mayoría de los políticos son honestos, seguimos asistiendo a diario a conductas impropias, más sutiles que pegar el mangazo y llevárselo crudo, y que al ciudadano le crispan tanto o más.
La única vacuna contra la generalización es la acción ejemplarizante, contra la que no caben paños calientes. Porque corrupción no sólo es el reparto de sobres o las comisiones cobradas a cambio de adjudicaciones; corrupción es también todo lo que supone dilapidar el dinero público y persistir en el engaño colectivo amparándolo de mil formas posibles: desde subvenciones a partidos y sindicatos, al ejército de asesores que pulula por consejerías y ayuntamientos con sueldos de insulto; desde organismos y consejos inservibles, a empresas públicas deficitarias; desde las flotas de coches oficiales, a las contrataciones de personal a dedo; por no hablar del número de concejales y diputados con sus correspondientes asistentes y secretarias, y así un largo etcétera de prácticas de dispendio de lo público que han convertido la política en un negocio.

Publicado el 31 de enero de 2013 a las 16:30.

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Urge la regeneración ética y moral de España

La capacidad de saturar hasta la náusea la indignación de los ciudadanos hacia los políticos corruptos ha alcanzado su punto más alto con las revelaciones del caso Bárcenas. Un escándalo que  no sólo empaña al extesorero del PP y titular de la cuenta suiza que llegó a amasar 22 millones de euros, sino que se extiende como una mancha de petróleo que cubre con su pestilencia a toda una clase política que se ha hecho acreedora de la desconfianza social. Es en este caso la sospechosa procedencia del dinero, las comisiones a cambio de favores y contratos, y el reparto de sobres a altos cargos; es en otros el saqueo del dinero de los parados en los ERES o el favor a los familiares y amigos en la contratación de fundaciones financiadas con dinero público; más allá es la financiación irregular de Unió con un acuerdo judicial para no acabar en la cárcel, o los oscuros negocios de una familia enriquecida a la sombra del poder ¿Es que no hay partido o institución que se salve de la podredumbre? España se enfanga por los cuatro costados bajo la sombra de la corrupción, mientras los partidos se sacuden unos a otros con la técnica del ventilador que extiende imparable la desconfianza ciudadana. La metástasis de la mediocridad ungida de codicia es la enfermedad de un sistema que necesita de una urgente regeneración ética y moral que frene en seco la degradación a la que ha llegado y que haga recuperar la confianza perdida en las instituciones y gobernantes. O se actúa contundentemente o esto salta por los aires. Rajoy ha dicho que no le temblará la mano si se demuestran irregularidades o conductas impropias en su partido y ha anunciado una auditoría interna de las cuentas y otra externa e independiente, iniciativa inédita en las formaciones políticas en España que tendría que regularse con carácter obligatorio para todos los partidos. Pero sorprende que entre los que van a ser llamados a declarar por la actual tesorera del PP y comisionada por Rajoy para dirigir la investigación interna, Carmen Navarro, no se encuentre el que más datos puede aportar acerca del supuesto pago de los sobresueldos, el propio Luis Bárcenas, y por tanto el compromiso de llegar hasta el final puede quedarse a medias. Es demasiado lo que está en juego como para no destapar toda la verdad con la máxima transparencia. Junto estas iniciativas, urge de manera inmediata un gran consenso entre los partidos para promover las reformas necesarias que acaben definitivamente con esta lacra. Un pacto de Estado contra la corrupción, una ley de partidos que impida las prácticas corruptas y una nueva ley electoral que termine de una vez con las listas cerradas para que los ciudadanos elijan a aquellos que verdaderamente están a la altura de sus representados. Todo lo demás son paños calientes que no permitirán recuperar la confianza y sortear el peligro de caer en la injusta generalización de que todos los políticos están cortados por el mismo patrón y responden sólo a intereses personales o de partido. Hay muchos, muchísimos políticos honrados a los que sólo les mueve el interés general, que no merecen que les demos la espalda. Son ellos mismos los que deberían exigir a sus propias estructuras la máxima pulcritud. Por ellos y por la supervivencia del sistema.    

Publicado el 24 de enero de 2013 a las 19:00.

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La confusión entre lo público y lo privado

Hace tiempo que se viene acrecentando la distancia que separa a los ciudadanos de la clase política. Las encuestas reflejan un rechazo que en ocasiones raya en la indignación hacia los políticos, a los que se percibe más como beneficiarios de la cosa pública que como gestores al servicio del ciudadano. Se tiene la sensación de que la casta política utiliza los recursos públicos en beneficio propio y del partido que les sustenta, y de que los sacrificios exigidos no los están asumiendo todos por igual. A pesar de los recortes, vemos cómo los políticos mantienen los privilegios asociados al cargo, aún incluso después de abandonarlo. Consejos consultivos, asesorías, vocalías y demás hospedajes de lujo para seguir viviendo de los réditos del ex cargo a costa del presupuesto público. O en destinos de lujo cuyos méritos de acceso consisten en la militancia política que actúa de aval de la supuesta capacidad propia. Los casos de la ex ministra de Sanidad, Leire Pajín, que percibe 150.000 euros al año como asesora en la Organización Panamericana de Salud, o el de la ex ministra de Igualdad,  Bibiana Aído, asesora especial de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, con una nómina que se acerca a los 100.000 euros anuales, reflejan lo rentable que puede resultar el paso por la política. La controversia surge del salto de la política a la empresa. La ex presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acaba de renunciar a su puesto de funcionaria en el Instituto de España de Turismo para incorporarse a la firma de "cazatalentos" Seelinger y Conde. Seguirá como presidenta del PPmadrileño y no parece que haya lugar a incompatibilidad. Hay numerosos ejemplos en uno y otro lado de políticos que buscan refugio en la empresa privada. El más reciente, el de Rodrigo Rato, fichado por Telefónica, empresa que también acogió en su día a Eduardo Zaplana. El ex secretario general del PP y ex ministro del Interior, Angel Acebes, lo fue por Iberdrola. Del lado socialista recordamos a los ex ministros Pedro Solbes y Elena Salgado, hoy consejeros de la eléctrica italiana ENEL el primero, y de Abertis y de Endesa, la segunda. Los ex presidentes José María Aznar y Felipe González asesoran convenientemente remunerados a Endesa y Gas Natural. Los políticos tienen el derecho, en función de su talento, a ganarse la vida en la empresa privada cuando abandonan el cargo, siempre que  se cumpla a rajatabla la Ley de Incompatibilidades. Aunque a veces, aún cumpliéndose, el tránsito de lo público a lo privado no está exento de polémica, como la que ha llevado al ex consejero de Sanidad de la comunidad de Madrid, Juan José Güemes, a dimitir como asesor del Consejo de Administración de Unilabs, la multinacional de análisis clínicos que ha acabado comprando la empresa a la que  adjudicó en su etapa de consejero la gestión de los análisis clínicos de varios hospitales madrileños. En este caso, la ética estaba reñida con la estética. Aunque corremos el riesgo de generalizar. A Esperanza Aguirre se le criticó el retorno a su antiguo puesto en la administración pública, y ahora que lo deja para marcharse a la empresa privada en busca de cerebros, se le critica también. Por cierto, y hablando de cerebros y talentos, ¿se acordará de que Zapatero está en el mercado?

 

Publicado el 18 de enero de 2013 a las 10:45.

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Madrid 2020, una oportunidad para España

La organización de unos Juegos Olímpicos no atañe solamente a la ciudad anfitriona; es un gran proyecto nacional, una cuestión de Estado que potencia y revaloriza la marca país, por lo que todos debemos volcarnos y contagiarnos de la ilusión que debería despertar la expectativa, cada vez con mayores posibilidades, de que Madrid sea finalmente el próximo 7 de septiembre la ciudad designada para acoger los Juegos Olímpicos de 2020. Si bien es cierto que la presentación por tercera vez de la candidatura de Madrid no genera el entusiasmo de anteriores intentonas, si Madrid es la elegida supondría un respaldo internacional a una España que a duras penas trata de levantar cabeza y que necesita de una buena dosis de autoestima para salir del letargo. Los detractores de la candidatura opinarán, no sin parte de razón, que España no está para fiestas, y que los esfuerzos a los que se está sometiendo a los ciudadanos no justifican el dinero que costaría su organización y las inversiones necesarias. Son muchos los que piensan que las prioridades deben ser otras, como la educación o la sanidad, pero no se puede obviar que los Juegos atraen inversores y generan empleo, y proyectan hacia el futuro no sólo a la ciudad que los organiza, sino al conjunto del país que los acoge. Los beneficios económicos que comporta la organización de unos Juegos, más allá de la inversión necesaria para llevarlos a cabo con éxito, son como un maná caído del cielo, y es ahora cuando más falta nos hace. Londres es el ejemplo más reciente. Los Juegos de 2012 aportaron un 1% al PIB del Reino Unido. Los Juegos atraen al turismo y crean puestos de trabajo, hasta 300.000 según las previsiones más optimistas. Durante unos días el país organizador es el centro de la atención mundial, con lo que supone en términos de proyección e imagen. En el caso de Madrid, hay además una inversión ya hecha que hay que rentabilizar y poner en valor, y la que queda, 1.515 millones de euros, es menos del 10% de lo que se gastaron los británicos en la cita de Londres. No es, pues, un esfuerzo desmedido y será repartido entre el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Estado. España tiene enfrente a dos serias rivales: Tokio, con un fuerte potencial económico y un proyecto técnicamente perfecto, y Estambul, que vende  su estratégica situación geográfica y su músculo económico como principales bazas. Frente a ellas, Madrid aporta experiencia en la celebración de grandes eventos y es la única gran capital europea que aún no ha sido sede de unos Juegos Olímpicos. Y tiene las infraestructuras al 80%, lo que garantiza que la crisis no afecte al proyecto, que cuenta con el respaldo pleno de las tres Administraciones. Las buenas redes de transporte y comunicaciones y una más que aceptable capacidad hotelera son otros alicientes que añaden solvencia a la candidatura. Así que la suerte está echada. La siguiente gran prueba tendrá lugar el próximo marzo, entre los días 18 y 21, cuando los examinadores del COI visiten Madrid para conocer de primera mano las bondades del proyecto. Hasta entonces, sólo nos queda confiar en nuestro buen hacer, y cruzar los dedos para que nos se nos escape una vez mas esta oportunidad, más necesaria que nunca. Y que toda España se vuelque con Madrid, como en 1992 hizo con Barcelona.    

Publicado el 10 de enero de 2013 a las 18:15.

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Lo mejor está por venir

La  casualidad ha hecho coincidir el primer aniversario de la toma de posesión de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno con la fecha del 21 de diciembre del 2012, en la que según las previsiones de los mayas tocaba el final de los tiempos y el mundo se iba al garete. Los mayas eran tipos muy listos, pero ni siquiera sus cábalas habrían sido capaces de hacer el cálculo exacto del esfuerzo al que el Gobierno iba a someter a los españoles con tijeretazos y subidas de impuestos que han tensado la paciencia ciudadana hasta límites apocalípticos. Verdaderamente hemos estado cerca del abismo, mientras el paro subía por encima del 25%, la prima de riesgo llegando a superar los 620 puntos, y con los temidos hombres de negro esperando la llamada del rescate. Pero el caso es que hemos sorteado un año caminando un día tras otro al borde del precipicio, y lejos de cumplirse la profecía maya, el Gobierno hace balance de estos 12 meses vividos tan peligrosamente  y asegura que ya están llegando los primeros resultados de sus reformas y que hay datos positivos en la economía que hacen pensar que hemos llegado a un punto de inflexión a partir del cual se vislumbra un horizonte de recuperación.

   Dejamos atrás un año convulso, en el que informativamente les hemos contado en estas páginas los pormenores de una reforma laboral que ha facilitado a las empresas aligerar sus plantillas con 20 días de indemnización y que provocó la respuesta de los sindicatos en la calle con protestas y huelgas generales. Las bajadas en la prestación por desempleo, el incremento del IVA y la supresión de la paga extra de navidad a los funcionarios; la intervención de Bankia y la estupefacción de los titulares de preferentes viendo esfumarse su dinero; los recortes en la Educación y la Sanidad, con la externalización de la gestión hospitalaria, que en la comunidad de Madrid ha puesto en pie de guerra al sector sanitario; la marea humana que puso cerco al Congreso de los Diputados; el clamor independentista y el pulso al Estado desde Cataluña. Hemos asistido a gestos inéditos, desde la petición de perdón del Rey por su comportamiento equivocado en relación con la cacería de Botsuana, a la dimisión de Esperanza Aguirre por razones estrictamente personales. Y hemos acabado el año llorando a cinco inocentes que perdieron la vida por la codicia de un empresario sin escrúpulos y la inoperancia de un ayuntamiento que no cumplió con sus obligación de velar por la seguridad de sus ciudadanos. Sería imposible resumir todas las noticias que nos han impactado a lo largo de este año, un año también extremadamente difícil para los profesionales de la información y para los medios de comunicación, muchos de los cuales se han quedado por el camino.

     No se ha acabado el mundo y aquí seguimos, un año más al pie del cañón, acompañándoles cada semana, llevándoles la actualidad desde las páginas de GENTE, como seguiremos haciendo el que viene y todos los que nos vengan por delante mientras sigamos teniendo la complicidad de nuestros lectores y el apoyo de nuestros anunciantes. Queremos creer, y estamos convencidos de que, como dijo Obama en su reelección como presidente de EEUU, sin duda lo mejor está por venir. Feliz 2013.

Publicado el 27 de diciembre de 2012 a las 16:30.

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Racionalización en los sueldos de los alcaldes

Uno de los asuntos de calado que va a dar que hablar a la entrada del nuevo año es la reforma de las administraciones locales. Entre las modificaciones que quiere introducir el Gobierno, además de reducir el número de concejales, asesores y liberados, está la de homogeneizar los sueldos de los alcaldes, cuyas retribuciones se fijarán en función de las características de cada localidad, atendiendo principalmente al número de habitantes del municipio. Ya no serán los plenos municipales los que decidirán los sueldos, es decir, que los políticos no podrán subirse a sí mismos el sueldo, sino que a partir de esta reforma serán los Presupuestos Generales del Estado de cada año los que fijen las retribuciones de alcaldes y concejales. La novedad de la medida que prepara el Gobierno es que los alcaldes verán equiparado su salario al de los altos cargos de la Administración del Estado, y con un tope de retribución máxima que será similar a la que percibe un secretario de Estado, es decir, en torno a los 68.000 euros anuales. Hay casos como los de Madrid, Barcelona, Zaragoza o Alcalá de Henares cuyos sueldos superan los 100.000 euros, muy por encima de los 72.000 euros que percibe el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo cual a todas luces es un verdadero despropósito. Aunque en muchos casos, los alcaldes han dado ejemplo reduciendo su salario, es importante que se marque un criterio común para fijar los salarios de las corporaciones locales. Falta por concretar los tramos de población que se van a utilizar como baremo, pero para el segundo escalafón, que podría oscilar entre los 300.000 y el millón de habitantes, los alcaldes cobrarán como un subsecretario de Estado, 59.000 euros, y en el tercero, para ciudades de menos de 300.000 habitantes, el sueldo será el equivalente al de un director general, unos 50.000 euros, tramo en el que previsiblemente se situarán la mayoría de los alcaldes de las capitales de provincia. La medida no puede ser más oportuna porque carece de toda lógica que a igual responsabilidad se produzcan tantas diferencias como hay actualmente entre municipios, y que ayuntamientos pequeños o medianos equiparen los salarios de sus alcaldes y concejales con los de ciudades de gran población. Ahora bien, no servirá de nada si la reforma del Gobierno no alcanza también al cobro de dietas por asistencia a comisiones y plenos que impidan recuperar lo recortado por otros conceptos. De igual manera, es importante delimitar con los mismos criterios de población el número de asesores que cada ayuntamiento puede contratar para evitar la legión de siseñores que pululan por cada consistorio. Y ya puestos a pedir, no estaría de más que la equiparación de salarios se hiciera extensible a todos los organismos públicos de la Administración del Estado, Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo General del Poder Judicial, y un largo etcétera de organismos cuyos titulares tienen fichas más propias de los galácticos de la liga de fútbol que de una administración deficitaria. Si todos los ciudadanos estamos contribuyendo al esfuerzo de sacar el país asumiendo subidas de impuestos y ajustes de todo tipo, no deben quedar nichos impunes donde no meter la tijera, que el loro ya está entripado de tanto chocolate como lleva años tragando.

 

Publicado el 19 de diciembre de 2012 a las 18:15.

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Alberto Castillo

Alberto Castillo

Director de Gente en Madrid. Periodista madrileño, de 46 años, cuenta con una dilatada experiencia en medios. Ha sido subdirector general de la Agencia de Noticias Servimedia. Gran parte de su carrera profesional ha estado vinculado a la radio en distintas cadenas. Comenzó en la Cadena Rato en los años 80 y de ahí pasó a la COPE, cadena en la que fue redactor de informativos locales, redactor jefe del informativo matinal "La Mañana" (con el desaparecido Antonio Herrero), redactor jefe de informativos de fin de semana y jefe de prensa. Su última etapa en la radio fue en la extinta Radio España-Cadena Ibérica.

 

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