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A estas alturas parece fuera de toda duda que todos los españoles somos iguales ante la ley, aunque la práctica hace pensar a veces que unos lo son más que otros. Por ejemplo, el consejero delegado de un banco condenado en firme por acusación y denuncia falsa, tiene más posibilidades de ser indultado de su condena que un ciudadano cualquiera, lo cual ya de por sí es bastante hiriente, sobre todo si al ciudadano en cuestión le han ejecutado su hipoteca porque no ha podido hacer frente a los pagos. No conocemos de la generosidad de la banca para estas ocasiones. Ser yerno del Rey también facilita mucho las cosas, si de dar estacazos a diestro y siniestro se trata con la credencial de pertenencia a la familia real. Por muchos menos indicios de delito, si de otra persona se tratara, la justicia habría hecho ya la imputación. Pero son casos aislados que no deben hacernos perder la confianza en la justicia, que hay que creer que es igual para todos. Por eso me congratula que finalmente, la delegada del Gobierno haya dado la orden de desalojar el Hotel Madrid y el Teatro Albéniz de los okupas que lo tenían tomado y haya hecho cumplir la Ley como se le venía reclamando. En menos de dos horas, la policía llegó, acordonó las calles, entró en los dos edificios y procedió a su desalojo. La policía hace muy bien su trabajo cuando recibe las órdenes pertinentes. Allí había de todo. Desde armas blancas a ideólogos del movimiento 15-M e inmigrantes sin papeles. Por haber, había hasta uno que se había llevado 8 macetas de marihuana, suponemos que para consumo propio. Anécdotas al margen, gran parte de los protagonistas de las ocupaciones esconden un drama detrás, situaciones que no pueden dejarnos indiferentes. Reclaman el derecho a la vivienda que les ampara la Constitución. Es igualmente exigible el deber del propietario de mantener el inmueble en condiciones adecuadas. Pero el Estado debe garantizar el respeto a la propiedad privada y estos individuos no tienen por qué disponer el uso que se debe dar a la propiedad de terceros. Sin duda tienen derecho a la vivienda, como cualquier ciudadano lo tiene, también los que han hecho el esfuerzo de endeudarse de por vida para poder disfrutar de una vivienda en propiedad. Dejémonos de monsergas. La ocupación ilegal es un delito y como tal hay que combatirlo, por injustas que sean las situaciones de muchos de sus protagonistas, que los servicios sociales o quien sea tendrán que resolver. Intentar justificar las ilegalidades sólo conduce a mayores desórdenes y al caos
Publicado el 9 de diciembre de 2011 a las 11:00.