Oxígeno para la economía
De todas las medidas adoptadas por el Gobierno en la maratón reformista de urgencia que ha emprendido para enderezar el rumbo del país, la que sin duda más efecto va a tener en el corto plazo es la liberación de 35.000 millones de euros para pagar a los proveedores las facturas pendientes. Se trata de un instrumento que debe ser clave para sanear comunidades y ayuntamientos y devolver la confianza al tejido empresarial a muy corto plazo. Sin ese balón de oxigeno difícilmente ayuntamientos y comunidades podrían salir de la espiral de ruina en la que se han metido por el descontrol de sus cuentas. De manera gráfica lo ha expresado Mariano Rajoy: “en un país donde no se paga, difícilmente se puede vivir”. No sólo por la imagen de república bananera que proyecta un país que contrata servicios y no paga a quien se los presta, sino porque autónomos y pymes están abocados a echar el cierre si no saldan sus deudas cuanto antes. La insolvencia lleva a la ruina a las empresas y al paro a sus trabajadores. Bien está que el gobierno haya metido mano al sistema financiero, que haya apretado el cinturón a las administraciones para cuadrar las cuentas y reducir el déficit, o que haya aprobado una reforma laboral para dinamizar el mercado de trabajo. Pero sin una medida dirigida directamente a inyectar liquidez al circuito de pagos y cobros que mantiene en pie la economía es imposible pensar en una reactivación real de la actividad productiva. Esos 35.000 millones que caen como el maná permitirán salvar in extremis muchos miles de puestos de trabajo, porque van a parar directamente a los afectados sin pasar por los ayuntamientos, cuyo papel se va a limitar a aflorar las facturas pendientes que en muchos casos mantenían ocultas en un cajón. Es decir, que no van a ser utilizados para otros fines, como ocurrió con el tristemente famoso Plan E del Gobierno anterior con el que los ayuntamientos recibieron 55.000 millones que se gastaron alegremente y en muchos casos de manera improvisada en obras e infraestructuras innecesarias o no urgentes, y que provocaron el espejismo de la contratación temporal de trabajadores. Terminado el dinero y ejecutadas las obras, el paro volvió a aumentar. Por eso esta medida va en la dirección adecuada, que es apoyando a los que crean empleo para que no paralicen su actividad y contribuyan a la reactivación económica. Si además la acompaña de un plan para reducir los plazos de pago que permita a los proveedores cobrar en la mitad de tiempo, miel sobre hojuelas. Se impone el sentido común.
Publicado el 15 de marzo de 2012 a las 19:15.
