El largo camino de las reformas pendientes
La Unión Europea ha dado a España un balón de oxigeno para que cumpla sus objetivos de reducir el déficit al 3 por ciento con un año más de plazo. El nuevo escenario permite pasar este año del 5,3% al 6.3% y el año que viene del 3% al 5,5%, lo que se acerca a posiciones más realistas. La UE ha tardado demasiado en asumir que la delicada situación económica de España haría imposible cumplir los compromisos, y más aún, acabaría contagiando al resto de países, pero ha acabado dando su brazo a torcer, mérito que corresponde al Gobierno, que además ha conseguido que la recapitalización será directa en la banca, sin necesidad de que pase por el Estado. Pero a cambio, ha tenido que asumir un brutal paquete de recortes, sugeridos o impuestos por Bruselas, que incidirán en la maltrecha economía de los españoles: la subida de los tipos del IVA, que saltarán del 8 al 10% en el tramo reducido y del 18 al 21% en el tramo general; la revisión de las prestaciones por desempleo que se rebajarán a partir del sexto mes de percepción y la supresión de la deducción por compra de vivienda a partir de 2013. Pero la gran reforma pendiente, en la que Rajoy ha dado los primeros pasos es la del sector público. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, decía muy certeramente hace unos días que la profundidad de las reformas que cada país necesita dependerá de los desequilibrios económicos acumulados en los últimos años. En el caso español, su recomendación apunta directamente al sector público y en particular al despilfarro autonómico. Esta es la asignatura pendiente y el Gobierno no tiene más salida que coger de una vez el toro por los cuernos y enfrentarse al adelgazamiento severo de la administración, adoptando drásticas medidas de austeridad. En los últimos diez años se han incrementado los empleados públicos en 440.000 personas, un 20% en el conjunto del Estado. Esta mastodóntica administración es insostenible y las medidas del Gobierno, aunque tímidas, van en esta dirección: Se suspende la paga extra de navidad a los funcionarios y altos cargos de la administración y se recortan los días de libre disposición, los conocidos "moscosos". La revisión administrativa incluye la reducción de un 30% del número de concejales y la homogeneización de los sueldos de alcaldes y concejales de toda España, que tendrán que hacerse públicos, y la reducción o eliminación de empresas públicas en el ámbito local. Este es el camino a seguir, pero se echan en falta más ajustes para controlar el gasto de las autonomías.
Publicado el 13 de julio de 2012 a las 11:15.
