El derecho y el abuso del derecho a manifestarse
Cristina Cifuentes es el perejil de todas las salsas. Hemos pasado de una delegada del Gobierno virtual, como fue María Dolores Carrión, a la omnipresencia de Cifuentes, que está en todos los actos, en todas las fotos, en todos los medios de comunicación y en todas las redes sociales. Nunca la delegación del Gobierno ha tenido tanta visibilidad como desde que Cifuentes ocupa el caserón de la calle Miguel Ángel. La delegada pisa todos los charcos, pero suele ser muy certera en sus comentarios y además habla alto y claro. En esta ocasión la delegada ha planteado un asunto muy controvertido como es el derecho a manifestarse en la vía pública. Es un hecho que todo el que quiere manifestarse acude a Madrid, donde convergen las protestas de los cabreados de toda España, que son muchos. La primera institución que levantó la voz fue el Ayuntamiento de Madrid. Su alcaldesa, Ana Botella, se quejó de que se permitían demasiadas manifestaciones en la capital. No le falta razón, pues en lo que llevamos de año se han producido más de 2.200 manifestaciones, una cifra a todas luces desmesurada. Pero la delegada se dio por aludida y se defendió, aduciendo que la legislación es muy permisiva y amplia con el derecho de manifestación y reunión, por lo que apuesta por "modularla" para racionalizar el uso del espacio público. El problema es que ambas tienen razón. El derecho asiste tanto a los ciudadanos que desean expresar sus protestas como a los que se ven afectados, como es el caso de comerciantes y empresarios de las zonas mas calientes, o de los ciudadanos a los que se les impide la libre circulación. Los derechos de unos no pueden conculcar los de otros, por lo que el debate está servido. Ahora bien, ¿dónde poner el límite? ¿Es menos perniciosa la manifestación que rodeó al Congreso de los Diputados que una concentración de aficionados que celebra en Neptuno o en Cibeles el triunfo de su equipo de fútbol y que corta el Paseo de la Castellana? ¿Provoca menos trastorno una protesta de los indignados en el centro de Madrid que una manifestación contra el aborto? Una modificación de la Ley Orgánica que regula el derecho de manifestación puede acabar dejando a criterio político la decisión de autorizar o no una concentración y por tanto, la restricción de una forma de expresión ciudadana, más o menos molesta, pero perfectamente legítima. Es sin duda un controvertido asunto que merece la pena abordar, sin dogmatismos ni demagogias. No se trata de recortar los derechos de unos, sino de garantizar los derechos de todos.
Publicado el 5 de octubre de 2012 a las 12:00.
