Clamor social contra los desahucios
Parece que por fin el drama que suponen los 400.000 desahucios que se han registrado desde que se inició la crisis ha entrado en la agenda política y el Gobierno se decide a mover ficha. Esta semana la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se ha sentado con la portavoz socialista Elena Valenciano para acercar posturas y negociar un acuerdo que permita articular medidas para frenar el alarmante número de ejecuciones hipotecarias que están llevando a la exclusión social a miles de familias. Es un asunto de tal gravedad que requiere de un gran pacto de Estado en el que se involucren todas las fuerzas políticas. Hay en la calle un clamor social que demanda mayor sensibilidad ante la injusticia de familias enteras que se quedan en la calle por falta de recursos. Ante un problema de tales dimensiones nadie puede permanecer ajeno. Cada noticia de un desahucio es un mazazo en la conciencia colectiva. Cada ejecución judicial tiene detrás un drama humano que afecta a personas, a familias abocadas a no poder levantar cabeza. Y en medio, la impotencia y la rabia de los ciudadanos que asisten a la contradicción de comprobar que se actúa antes en ayuda de los bancos que de los ciudadanos, inyectándoles ingentes cantidades de dinero público para su saneamiento, mientras estas entidades ejecutan los desahucios. Hace unos pocos meses, bancos y cajas competían entre sí por lucir orgullosos la medalla de la responsabilidad social corporativa, el santa sanctórum que les guiaba en su camino hacia la excelencia en la gestión. Hablaban de la relación cuasi sagrada con sus stakeholders -sus grupos de interés- a los que había que mimar tanto como a los propios accionistas y empleados. Entre esos grupos de interés estaban los clientes, a los que prestaron dinero a sabiendas de que muchos no podrían devolverlo ¿Dónde ha quedado el corazón de las empresas, eje de sus políticas internas y externas de reputación corporativa? Ahora lo estamos viendo y las buenas prácticas se han demostrado que no eran más que maquillajes para maximizar los beneficios. Hay que cortar ya esta sangría. Desde todos los sectores se reclaman cambios legislativos que palíen la angustia de las familias que van a ser desahuciadas. El Gobierno tiene la oportunidad de demostrar su voluntad de apoyar a los ciudadanos. Con la subida de las tarifas eléctricas anunció que tomaría medidas para aminorar su impacto; con el alza de los carburantes, lo mismo.Esperemos que este asunto no quede también, al igual que los anteriores, en meras voluntades de hacer algo.
Publicado el 7 de noviembre de 2012 a las 13:00.