Demografía, burbuja y permisos de residencia
España se enfrenta a un grave problema demográfico que el Instituto Nacional de Estadística ha revelado en toda su crudeza y que ya para final de este año implica un descenso de población, cuando habremos pasado de 46,1 a 45 millones de habitantes. A lo largo de esta década cinco millones de personas se irán de España y los nacimientos caerán un 20% y para dentro de 40 años se espera que haya desaparecido la décima parte de la población. Las causas de este descenso hay que buscarlas en la emigración, el aumento de las defunciones, la caída de la natalidad y la reducción de mujeres en edad fértil. No es un asunto que haya que tomarse a la ligera, pues sus implicaciones tanto laborales como para el mantenimiento de las pensiones futuras, con una población cada vez más envejecida, son demoledoras. Durante los años de bonanza económica la población no dejó de crecer, en parte impulsada por los nacimientos de la población extranjera que se asentaba en nuestro país atraída por la posibilidad de desarrollo de la que carecían en sus países de origen. Además de establecer con urgencia políticas de fomento de la natalidad y de apoyo a las familias, el estado tiene que articular medidas para que se compense la salida de españoles al mercado exterior con un flujo ordenado de inmigración que compense la tabla de natalidad interna. El problema es que la inmigración que hemos recibido venía atraída en buena medida por el boom de la construcción que ofrecía buenos salarios por trabajos no cualificados que a su vez permitían entrar en la espiral del endeudamiento inmobiliario al que con gran alegría, y en no pocas ocasiones con dosis de irresponsabilidad a partes iguales entre hipotecados y concesionarios de hipotecas, ha dejado el panorama como un erial. Pinchada la burbuja inmobiliaria, con amenazas de desahucios a la orden del día, el parque inmobiliario presenta un stock al que hay que dar urgente salida para revitalizar el mercado y favorecer la recuperación económica. Una de las medidas que baraja el Gobierno es proporcionar la residencia legal a aquellos extranjeros que adquieran una vivienda en España por un importe superior a 160.000 euros. Aunque el PSOE y diversas ONG la han tachado de mercantilista y discriminatoria, la medida es imaginativa y puede incentivar la llegada de inmigrantes cualificados y la reactivación de la demanda interna. No obstante, el Gobierno deberá vigilar para que no se acabe convirtiendo en un coladero de dinero negro, y la banca colabore facilitando la concesión de créditos.
Publicado el 21 de noviembre de 2012 a las 12:15.
