Racionalización en los sueldos de los alcaldes
Uno de los asuntos de calado que va a dar que hablar a la entrada del nuevo año es la reforma de las administraciones locales. Entre las modificaciones que quiere introducir el Gobierno, además de reducir el número de concejales, asesores y liberados, está la de homogeneizar los sueldos de los alcaldes, cuyas retribuciones se fijarán en función de las características de cada localidad, atendiendo principalmente al número de habitantes del municipio. Ya no serán los plenos municipales los que decidirán los sueldos, es decir, que los políticos no podrán subirse a sí mismos el sueldo, sino que a partir de esta reforma serán los Presupuestos Generales del Estado de cada año los que fijen las retribuciones de alcaldes y concejales. La novedad de la medida que prepara el Gobierno es que los alcaldes verán equiparado su salario al de los altos cargos de la Administración del Estado, y con un tope de retribución máxima que será similar a la que percibe un secretario de Estado, es decir, en torno a los 68.000 euros anuales. Hay casos como los de Madrid, Barcelona, Zaragoza o Alcalá de Henares cuyos sueldos superan los 100.000 euros, muy por encima de los 72.000 euros que percibe el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo cual a todas luces es un verdadero despropósito. Aunque en muchos casos, los alcaldes han dado ejemplo reduciendo su salario, es importante que se marque un criterio común para fijar los salarios de las corporaciones locales. Falta por concretar los tramos de población que se van a utilizar como baremo, pero para el segundo escalafón, que podría oscilar entre los 300.000 y el millón de habitantes, los alcaldes cobrarán como un subsecretario de Estado, 59.000 euros, y en el tercero, para ciudades de menos de 300.000 habitantes, el sueldo será el equivalente al de un director general, unos 50.000 euros, tramo en el que previsiblemente se situarán la mayoría de los alcaldes de las capitales de provincia. La medida no puede ser más oportuna porque carece de toda lógica que a igual responsabilidad se produzcan tantas diferencias como hay actualmente entre municipios, y que ayuntamientos pequeños o medianos equiparen los salarios de sus alcaldes y concejales con los de ciudades de gran población. Ahora bien, no servirá de nada si la reforma del Gobierno no alcanza también al cobro de dietas por asistencia a comisiones y plenos que impidan recuperar lo recortado por otros conceptos. De igual manera, es importante delimitar con los mismos criterios de población el número de asesores que cada ayuntamiento puede contratar para evitar la legión de siseñores que pululan por cada consistorio. Y ya puestos a pedir, no estaría de más que la equiparación de salarios se hiciera extensible a todos los organismos públicos de la Administración del Estado, Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo General del Poder Judicial, y un largo etcétera de organismos cuyos titulares tienen fichas más propias de los galácticos de la liga de fútbol que de una administración deficitaria. Si todos los ciudadanos estamos contribuyendo al esfuerzo de sacar el país asumiendo subidas de impuestos y ajustes de todo tipo, no deben quedar nichos impunes donde no meter la tijera, que el loro ya está entripado de tanto chocolate como lleva años tragando.
Publicado el 19 de diciembre de 2012 a las 18:15.
