La confusión entre lo público y lo privado
Hace tiempo que se viene acrecentando la distancia que separa a los ciudadanos de la clase política. Las encuestas reflejan un rechazo que en ocasiones raya en la indignación hacia los políticos, a los que se percibe más como beneficiarios de la cosa pública que como gestores al servicio del ciudadano. Se tiene la sensación de que la casta política utiliza los recursos públicos en beneficio propio y del partido que les sustenta, y de que los sacrificios exigidos no los están asumiendo todos por igual. A pesar de los recortes, vemos cómo los políticos mantienen los privilegios asociados al cargo, aún incluso después de abandonarlo. Consejos consultivos, asesorías, vocalías y demás hospedajes de lujo para seguir viviendo de los réditos del ex cargo a costa del presupuesto público. O en destinos de lujo cuyos méritos de acceso consisten en la militancia política que actúa de aval de la supuesta capacidad propia. Los casos de la ex ministra de Sanidad, Leire Pajín, que percibe 150.000 euros al año como asesora en la Organización Panamericana de Salud, o el de la ex ministra de Igualdad, Bibiana Aído, asesora especial de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, con una nómina que se acerca a los 100.000 euros anuales, reflejan lo rentable que puede resultar el paso por la política. La controversia surge del salto de la política a la empresa. La ex presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acaba de renunciar a su puesto de funcionaria en el Instituto de España de Turismo para incorporarse a la firma de "cazatalentos" Seelinger y Conde. Seguirá como presidenta del PPmadrileño y no parece que haya lugar a incompatibilidad. Hay numerosos ejemplos en uno y otro lado de políticos que buscan refugio en la empresa privada. El más reciente, el de Rodrigo Rato, fichado por Telefónica, empresa que también acogió en su día a Eduardo Zaplana. El ex secretario general del PP y ex ministro del Interior, Angel Acebes, lo fue por Iberdrola. Del lado socialista recordamos a los ex ministros Pedro Solbes y Elena Salgado, hoy consejeros de la eléctrica italiana ENEL el primero, y de Abertis y de Endesa, la segunda. Los ex presidentes José María Aznar y Felipe González asesoran convenientemente remunerados a Endesa y Gas Natural. Los políticos tienen el derecho, en función de su talento, a ganarse la vida en la empresa privada cuando abandonan el cargo, siempre que se cumpla a rajatabla la Ley de Incompatibilidades. Aunque a veces, aún cumpliéndose, el tránsito de lo público a lo privado no está exento de polémica, como la que ha llevado al ex consejero de Sanidad de la comunidad de Madrid, Juan José Güemes, a dimitir como asesor del Consejo de Administración de Unilabs, la multinacional de análisis clínicos que ha acabado comprando la empresa a la que adjudicó en su etapa de consejero la gestión de los análisis clínicos de varios hospitales madrileños. En este caso, la ética estaba reñida con la estética. Aunque corremos el riesgo de generalizar. A Esperanza Aguirre se le criticó el retorno a su antiguo puesto en la administración pública, y ahora que lo deja para marcharse a la empresa privada en busca de cerebros, se le critica también. Por cierto, y hablando de cerebros y talentos, ¿se acordará de que Zapatero está en el mercado?
Publicado el 18 de enero de 2013 a las 10:45.
