Tímida reforma de la administración local
El Gobierno ha presentado el anteproyecto de reforma de la administración local con el que pretende ahorrar 7.121 millones de euros entre 2013 y 2015. La primera objeción a esta reforma, por otro lado absolutamente necesaria, es que no se ha atrevido a meter mano a la reducción del número de concejales, una de las asignaturas pendientes del municipalismo, tal y como Rajoy se había comprometido en el mes de julio pasado. En lugar de eliminar concejales para adelgazar la estructura de los ayuntamientos, reducirá los concejales con dedicación exclusiva y el número de asesores, de tal manera que solamente el 18% de los concejales tendrá sueldo y el 82% restante no percibirá un salario por el desempeño de su actividad. No obstante, que nadie piense que van a estar en política por amor al arte, porque seguirán cobrando de las dietas por asistencia a plenos y otros complementos, aunque eso sí, el Gobierno pondrá límites a estas retribuciones. Por lo que se refiere a los asesores, con la nueva ley su número estará en función del tamaño de cada municipio. Aquellos que tengan entre 50.000 y 500.000 habitantes solo podrán tener el mismo número de asesores que de concejales, es decir entre 12 y 29. El resto irá disminuyendo hasta los municipios de 5.000 personas que no podrán tener ninguno. En las ciudades de más de medio millón de habitantes no podrán superar el 0,7% de la plantilla municipal.
Con respecto a los salarios de los alcaldes, se fija un tope máximo para eliminar diferencias. Los alcaldes de ciudades de mas de medio millón de habitantes no podrán cobrar más de 100.000 euros, y la retribución irá disminuyendo proporcionalmente en los municipios de menos población.
La reforma local persigue clarificar las competencias municipales y redistribuirlas para evitar duplicidades. Las competencias de educación, sanidad y servicios sociales que ahora tienen los ayuntamientos deberán ser asumidas por las comunidades, mientras que las diputaciones asumirán los servicios mínimos que dejen de prestar los municipios de menos de 20.000 habitantes.
Quedan, sin embargo, aspectos importantes sin resolver. El anteproyecto no aborda la reducción progresiva del excesivo número de municipios, ni se detiene en la necesaria reforma de la financiación local; se limita a despojar de competencias a los municipios sin especificar cómo se financiarán las prestaciones sociales que asuman las diputaciones y las autonomías, que se convierten en las nuevas megaestructuras administrativas. Parece más un lavado de cara que una reforma en profundidad.
Publicado el 22 de febrero de 2013 a las 11:45.
