Madrid no quiere un déficit "a la carta"
Si se cumplen los planes que baraja el Gobierno, va a resultar que las autonomías que se han pasado por el forro de sus caprichos las directrices de contención del déficit y que no han cumplido los objetivos fijados, van a tener como premio un traje a la medida que les va a permitir seguir gastando por encima de sus posibilidades. Lo ha anunciado el ministro Montoro y ha provocado el cabreo de algunas de las comunidades gobernadas por el PP, que se niegan a aceptar que los compromisos presupuestarios se cumplan "a la carta". La idea del Gobierno, en lugar de seguir manteniendo para este año un techo común del 0,7% del PIB para todas las autonomías, es establecer objetivos de déficit diferenciados, en función de varios parámetros como el PIB, la capacidad de acceso a los mercados y los esfuerzos económicos realizados en 2012, lo que en la práctica significa favorecer con un margen de gasto superior a aquellas comunidades que no han cuadrado sus cuentas, como es el caso de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, frente a las autonomías que sí han gestionado con criterios de austeridad. La decisión final que adopte Hacienda está pendiente de la autorización de Bruselas a flexibilizar los criterios de cumplimiento del déficit, en la línea de conceder más tiempo para cuadrar las cuentas públicas. Pero resulta difícil de entender que se incentive a unas comunidades en función de los agujeros que han provocado. Es profundamente injusto para las que han hecho el esfuerzo presupuestario de adelgazar sus gastos con medidas que han recaído directamente sobre los bolsillos de los ciudadanos, a los que se les han impuesto durísimos recortes. Cosa bien diferente sería que el Gobierno consiguiese suavizar los objetivos y lo compartiera con todas las comunidades, y siempre que ese desahogo adicional fuera repartido equitativamente entre todas por igual. Lo que carece de todo sentido es que los habitantes de las comunidades que han hecho los deberes se vean desfavorecidos mientras a otras comunidades se les permite más holgura en sus cuentas. El problema es que si se apuesta por establecer criterios para el reparto de los objetivos de déficit entre el Estado y las comunidades, cada una de ellas defenderá el más favorable a sus intereses, con lo que el guirigay está servido, porque los criterios de Madrid serán muy similares a los que defienda Cataluña y contrarios a los de Andalucía o Murcia. No es un asunto para improvisar. La financiación de las autonomías exige una revisión a fondo del modelo, donde se consagre el principio de solidaridad, con luz y taquígrafos y donde ninguna comunidad resulte perjudicada.
Publicado el 11 de abril de 2013 a las 18:30.
