Desahucios, acosos y expropiaciones
No parece que haya una fórmula más efectiva para frenar el problema de los desahucios que abandonar la demagogia y dejar paso al sentido común. Pero es evidente que hay un grave problema social que requiere de actuaciones urgentes, aunque la precipitación puede dar lugar a piruetas populistas más que a soluciones rigurosas.
Entre medias de este drama se ha colado una de sus derivadas, el acoso a políticos bajo la fórmula del escrache, aderezada por las protestas de los afectados de las preferentes, que se han sumado a esta nueva forma de "expresión ciudadana" del cabreo, que consiste en plantarse ante la vivienda de un político del PP para alterar su tranquilidad, la de su familia, la de sus vecinos y la de todo aquel que se cruce por el camino y no se sume a la fiesta. Este asunto se ha convertido en uno de los principales motivos de confrontación política. A los que defienden el derecho a manifestarse habría que preguntar si apoyarían también el escrache si el acosado fuera de sus propias filas -ojo, que todo puede llegar- y no del PP. Y convendría refrescar la memoria de los que parecen haber olvidado que los desahucios no se han inventado en esta crisis. En tiempos de Rodríguez Zapatero se produjeron 370.000 desahucios, y se promovió desde el Ministerio de Vivienda de Carme Chacón la creación de una decena de juzgados exprés para agilizar los desahucios. Pero hay que evitar la tentación de llevar la protesta al ámbito de lo privado porque este tipo de presiones de ciudadanos cabreados suele ser antesala de graves desórdenes de consecuencias imprevisibles.
Es difícil separar la sensibilidad ante la imagen de una familia en la calle, de la necesaria serenidad que requiere discernir que no todos los casos son iguales y que la protección a los más vulnerables no puede poner en peligro la seguridad jurídica del resto con medidas de dudoso encaje legal, pero lo que no se puede es dejar las cosas como están. En Andalucía, la Junta va a expropiar temporalmente a los bancos las viviendas que van a ser objeto de un desahucio cuando las familias estén en riesgo de exclusión social y va a imponer multas a los propietarios que tengan inmuebles vacíos. En Madrid, la Comunidad ha puesto a disposición de familias desahuciadas y personas en situación de especial necesidad, a través de Cáritas, 1.000 viviendas públicas procedentes de ocupaciones ilegales, con un alquiler social de 200 €uros al mes. Son dos formas diferentes de enfrentarse a un mismo problema, que sin embargo, no tendrá visos de solución a largo plazo si no va acompañado de una reforma en profundidad de la Ley Hipotecaria.
Publicado el 19 de abril de 2013 a las 11:45.
