Sin acritud

El Tribunal Supremo ha dictado apertura de juicio oral contra el juez Baltasar Garzón por supuestos delitos de prevaricación continuada y violación de la garantías constitucionales  en la investigación de la trama Gürtel. El magistrado del Supremo Alberto  Jorge Barreiro sostiene que Garzón utilizó medios ilícitos para intervenir las comunicaciones en la cárcel entre el principal cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa, y sus abogados, a sabiendas de que no podía hacerlo. El auto del magistrado es particularmente duro al afirmar que Garzón "con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de obtener mediante la utilización de medios lícitos, decidió acceder libremente a las conversaciones confidenciales que mantuvieron los internos con sus abogados". Es un asunto de la máxima gravedad, aunque la licitud o no de las grabaciones es una cuestión sobre la que diferentes magistrados han emitido opiniones discrepantes, por lo que no conviene emitir juicios de valor precipitados. Sin poner en cuestión el criterio del juez del Supremo, vaya por delante que Garzón, antes que juez, es un ciudadano como los demás, y como tal, debe estar sometido igual que todos al criterio de la ley. En su haber tiene importantes éxitos judiciales y muchas actuaciones que le han valido el aplauso dentro y fuera de nuestras fronteras. Ha hecho grandes servicios al Estado en materia de persecución del narcotráfico y del terrorismo. El caso Gürtel es una de las mayores tramas de corrupción conocidas y es encomiable el celo demostrado para llegar hasta el fondo de la basura. Pero de ninguna manera, por graves que sean los delitos investigados, se puede pasar por encima de las debidas garantías procesales. La sola mención a la posibilidad de haber prevaricado es lo más grave que se le puede imputar a quien tiene el encomiable mandato social de administrar justicia con rectitud e imparcialidad. Por tanto Garzón, como cualquier otro juez que incurriera en el mismo error, debe responder ante un tribunal para dirimir sus responsabilidades si las hubiera. Cierto es que su actuación en el caso ha abierto una puerta a los principales imputados en la trama para que puedan invalidar las escuchas como prueba incriminatoria, lo que podría dejar impunes a Correa y a sus compañeros de corruptelas. Pero igual de preocupante resulta que el juez que ha investigado el caso se siente en el banquillo de los acusados para ser juzgado antes incluso que cualquiera de los implicados en la trama. El remedio puede ser más nocivo que la enfermedad.

Publicado el 14 de abril de 2011 a las 12:00.