Sin acritud

El presidente del Gobierno está cada vez más acorralado. El escenario que le rodea no puede ser más desolador: una grave crisis económica ante la que se han adoptado medidas, que además de provocar un profundo desgarro entre sus propios votantes, se han demostrado a todas luces insuficientes como confirman todos los indicadores, el último, la prima de riesgo que se dispara ante la incertidumbre. El varapalo electoral que ha desalojado al PSOE del poder en los principales ayuntamientos donde gobernaban y con la sensación instalada en el partido de que será misión imposible remontar los resultados en las generales. Unos resultados que han reabierto con fuerza el debate interno sobre la necesidad de adelantar las elecciones y en el que destacados dirigentes abiertamente han expresado la necesidad de acabar cuanto antes la legislatura, al tiempo que se producen filtraciones interesadas a la prensa en la misma línea. Una bicefalia que provoca importantes disfunciones que afectan a la gobernabilidad y a la credibilidad del Gobierno. Y por si fuera poco, una crisis institucional, cuyo último episodio ha sido la dimisión de tres miembros del Tribunal Constitucional en un intento de forzar su relevo después de más de seis meses con el mandato caducado. La sensación de interinidad en que se ha instalado el Gobierno lo inunda todo. Ante la presión externa, la manida respuesta de que la única hipótesis que baraja el presidente del Gobierno es agotar la legislatura y que las especulaciones sobre el adelanto electoral son perjudiciales para los intereses de España, no convence a nadie, y cada vez son menos, incluso en el seno del PSOE, quienes se lo creen. Se transmite la sensación de que lo único que a estas alturas se persigue es ganar tiempo, pero la crisis ya alcanza todos los niveles, político, económico e institucional. Muy gráficamente lo ha resumido el presidente del BBVA, Francisco González, quien ha reclamado "líderes generosos que antepongan los intereses generales a los partidistas". Acompañando a estas palabras, ha puesto el ejemplo de que cada cien puntos de incremento de la prima de riesgo por colocar la deuda supone la pérdida de 160.000 empleos. Ante tal panorama, sólo cabe adoptar la única decisión posible. Acelerar al máximo el proceso de reformas pendientes, aunque suponga mayores pero necesarios sacrificios, y acabar cuanto antes con la incertidumbre convocando elecciones que pongan fin a la parálisis generalizada en que se encuentra sumida el Estado ante una legislatura que no da más de sí.

Publicado el 16 de junio de 2011 a las 16:00.