Una sentencia polémica y un juez en el banquillo
La sentencia del caso Marta del Castillo nos ha dejado una amarga sensación de impotencia al comprobar que un grupo de delincuentes han sido capaces de torear a la Policía y a todas las instancias judiciales a su antojo y finalmente se han salido con la suya. Tras conocerse la condena de Miguel Carcaño a 20 años de prisión y la absolución del resto de sus cómplices, muchos ciudadanos hemos sentido rabia e indignación ante un fallo que ha sumido a la familia de la joven asesinada en la más absoluta desesperación y ha provocado un sentimiento generalizado de desconfianza en la justicia. ¿Cómo es posible que unos indocumentados hayan podido tener en jaque a la policía, mareándoles con sus innumerables versiones de lo ocurrido, proporcionando pistas falsas y que la policía no haya sido capaz de sacarles la verdad? Si la función de la justicia es proteger a los ciudadanos honrados de los delincuentes y compensar a las víctimas por el daño provocado, esta sentencia no sólo no ha cumplido su función, sino que alienta a futuros asesinos o delincuentes a cometer delitos sabiendo que hay puertas abiertas por donde eludir las consecuencias. Pero por mucho que haya que taparse la nariz para leer la sentencia, las pruebas aportadas por la fiscalía y la acusación particular respecto a la participación del hermano de Carcaño y su novia no han sido suficientes y no han conseguido acreditar fehacientemente su implicación en los hechos, por lo que ha prevalecido la presunción de inocencia frente a la certeza moral -pero sin pruebas- del delito. Lo contrario, nos guste más o menos, no sería una verdadera justicia. Probablemente haya que mirar hacia la policía que no ha sido capaz de encontrar el cadáver de Marta y de aportar las pruebas concluyentes que hubieran condenado a estos indeseables. Pero el juez, con las pruebas sobre la mesa, ha hecho lo que la ley le indicaba que tenía que hacer, pues la presunción de inocencia es la base del Estado de Derecho. El sistema judicial garantiza los derechos de todos, hasta de los delincuentes, y nadie puede saltárselos. Nadie, ni siquiera un juez. Por la misma razón carecen de fundamento las críticas que los partidarios del juez Garzón están profiriendo en contra de que sea juzgado en el Supremo por prevaricación. Por mucho que haya perseguido la corrupción y la tiranía, los crímenes del franquismo, a los narcos o a los terroristas. Por encima de todo están las leyes, que amparan también los derechos de los acusados, y ningún juez, por mucha estrella que tenga, puede saltárselas.
Publicado el 18 de enero de 2012 a las 15:30.
