Mentiras, déficit y despilfarro
El déficit público se disparó en 2011 al 8,51%, dos puntos y medio más de lo que estimaban las previsiones oficiales y muy lejos del 6% que vendía la vicepresidenta económica Elena Salgado. La irresponsabilidad del gobierno socialista por no haber sido capaz de cumplir lo comprometido equivale a 25.000 millones de desviación entre la realidad y lo presupuestado. Para mantener el objetivo del 4,4% va a ser necesario un recorte adicional de 45.000 millones. Este es el legado del peor Gobierno de la historia de la democracia. Se puede gestionar mal y ser incompetente, pero lo que no se puede admitir es la mentira. Nos han estado engañando en algo tan serio como las cifras oficiales de déficit. Una mentira de tal calibre merecería que sus responsables acabaran en los tribunales, pero todo el mundo echa balones fuera. El Gobierno actual recuerda que es una herencia del anterior. El PSOE, que la desviación se debe a las autonomías, muchas de ellas gobernadas por el PP. Y las autonomías se quitan el muerto y lo achacan a que el Estado no les da el dinero que les prometió para la financiación autonómica. Es el cachondeo padre. Madrid es la única comunidad que ha cumplido al haber terminado el ejercicio con un déficit del 1,13%. No es casualidad, porque el año anterior Madrid fue también la comunidad más cumplidora, con un déficit de 0,73%. Hace tiempo que el Gobierno de Esperanza Aguirre asumió el compromiso de no gastar mas de lo que se ingresaba, que es el ABC de la economía del sentido común, y ha practicado una política de austeridad basada en recortar de donde se podía. Ha demostrado que se puede gobernar con sobriedad sin afectar a los servicios esenciales para los ciudadanos. Todas las administraciones en conjunto, Gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos y Seguridad Social, gastaron 91.344 millones de euros más de los que ingresaron. Es completamente inaceptable y ya es hora de ponerle freno. Hay que recortar con determinación la mastodóntica estructura del Estado para evitar la duplicidad de servicios y adelgazar las administraciones, hinchadas para satisfacer el clientelismo de turno; devolver competencias si no se pueden asumir; revisar una a una las empresas públicas, organismos consultivos, patronatos, fundaciones y observatorios, y acabar con la legión de asesores; cerrar las televisiones autonómicas; adecuar las abultadas nóminas a la verdadera función desempeñada, acabar con visas y coches oficiales, etc. En definitiva, terminar con el despilfarro en la gestión pública.
Publicado el 1 de marzo de 2012 a las 14:00.
