Sin acritud

La campaña electoral ha introducido el debate sobre el número de políticos que verdaderamente necesitamos. El Vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, ha propuesto reducir drásticamente el número de políticos en la administración y adelgazar la composición del Congreso de los diputados, eliminando 50 escaños de los 350 actuales. Tampoco es que 50 diputados menos nos vaya a sacar de pobres. El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha entrado al trapo y se ha mostrado dispuesto a discutir sobre la manera de aligerar la estructura política de la administración, lo que supone meterle mano a los ayuntamientos y a los parlamentos autonómicos, "y eventualmente diputados y senadores", pero ha replicado que lo primero debería ser la reforma de las diputaciones provinciales, que a su juicio son las estructuras más prescindibles. Razón tienen los dos, pero habría que empezar primero por hacer un estudio riguroso de los cargos públicos que existen en las diferentes administraciones, tanto nacional como autonómica y local. Dicho estudio debería incluir no sólo las funciones y salarios percibidos, sino todo el conjunto de gastos asociados al cargo, tales como coche oficial, gastos de representación, tarjeta Visa, teléfono móvil, dietas por desplazamiento, secretarias, asesores, y el largo etcétera de prebendas que suelen acompañar al sillón oficial. Calculado el coste total de todos los cargos públicos se tendrá una magnifica radiografía de lo que nos cuesta mantener esta mastodóntica estructura, de los puestos que son verdaderamente necesarios o prescindibles, de los que están duplicados en las diferentes administraciones, y de la diferencia de salarios entre cargos similares, lo que permitiría fijar por ley los sueldos de alcaldes y concejales en función del número de habitantes del municipio. Pero habría que avanzar más, por ejemplo, eliminando la pensión vitalicia de determinados cargos públicos, pensión, que como la del resto de españoles, debería estar en función de los años cotizados, y no de la relevancia del puesto ocupado. Y habría que eliminar las tarjetas Visa. Si un cargo público incurre en un gasto necesario, llámese comida o desplazamiento, que lo abone y presente la factura correspondiente. La libre disposición de tarjetas es una invitación a tirar alegremente de los recursos ajenos. Hay muchas maneras de ahorrar en las estructuras políticas sin menoscabar la eficiencia. Será posible cuando todos los servidores públicos entienden su cargo como una manera de servir y no de servirse de él

Publicado el 14 de octubre de 2011 a las 13:30.

               

Todas las mañanas, cuando me dirijo a primera hora al periódico me llama la atención la larga cola que se forma a las puertas del comedor social Ave María, regentado por la Real Congregación del mismo nombre, en la esquina de la calle Doctor Cortezo con Atocha. Es uno de los muchos comedores que hay en Madrid, en los que se repite la misma escena. Ya sea con el intenso frío del invierno, con la bonanza de la primavera, o con el calor aplomado y pegajoso del verano, allí está, imperturbable a las inclemencias del tiempo, el crisol humano de menesterosos aguardando su turno para llevarse algo de alimento a la boca. La generosidad de estas congregaciones ha convertido un acto de caridad en cita obligada para cientos de personas, personas con nombres y apellidos aunque parezcan seres anónimos, que han pasado a formar parte del paisaje del barrio. Mientras aguardo que se abra el semáforo, no puedo evitar mirar a la fila. He visto día tras día como a los rostros más curtidos por años de malvivir a la intemperie se han ido sumando nuevos perfiles que denotan una escala social más acomodada que se ha venido abajo arrastrada por la crisis. Al cruzar nuestras miradas, me viene a la cabeza la imagen de los eurodiputados españoles del PP y el PSOE que han votado en una sesión del Parlamento Europeo contra la medida que pretendía limitar los vuelos en primera clase y obligarles a viajar en turista. Los eurodiputados, cuyos partidos defienden en España medidas de austeridad, reducciones de salarios y pensiones, no han sido capaces de aplicarse para sí mismos las medidas de austeridad que reclaman a los demás. Se hace patente que en la defensa de los privilegios no hay colores ni siglas. El clamor ha sido tan fuerte en las redes sociales que los diputados han tenido que dar marcha atrás. Cómo no van a sentir los ciudadanos cada vez mayor desafección hacia sus representantes políticos que demuestran tan escasa sensibilidad. La realidad es tozuda. El barómetro del CIS nos recuerda el rechazo que la clase política provoca en la ciudadanía. Es lo que más preocupa a los españoles, por detrás del paro y la situación económica. Para el 81,8 % de los encuestados el paro es el principal problema. El 42,2% cree que las cosas seguirán igual y el 31% considera que empeorarán aún más. El Gobierno acaba de anunciar una rectificación de sus previsiones económicas: más paro y menos crecimiento. ¿Quién soluciona el drama humano que esto provoca? Vuelvo a mirar a la fila, pienso en los políticos y no encuentro respuesta.

Publicado el 8 de abril de 2011 a las 09:00.