Sin acritud

Cuando uno vive en un palacio corre el riesgo de perder el contacto con la realidad. Es lo que le está ocurriendo al presidente del Gobierno, que parece estar encerrado en su reino de Shangrilá, donde puertas adentro vive en permanente primavera, rodeado de belleza y armonía, y extramuros se enfrenta a la más cruda realidad de las cifras económicas, la crisis institucional y el descenso en picado en las encuestas que azotan de manera implacable como el crujido de un gélido viento huracanado. Se comprende que no quiera salir de la felicidad de su reino de Shangrilá. El panorama que se encuentra puertas afuera es desolador, sobre todo el que refleja la prensa internacional, empeñada en recordarle el riesgo de que España pueda seguir los pasos de Grecia y cuestionando su gestión ante la crisis. Periódicos como el 'International Herald Tribune', el 'Corriere de la Sera', 'Les Echos' o el 'Financial Times', han editorializado sobre la situación económica de España y las medidas adoptadas por el Gobierno. "Medidas titubeantes", "falta de credibilidad internacional", "improvisación", "descontrol del gasto", "falta de rumbo" y hasta "crisis moral" son algunos de los comentarios que se han podido leer. Tal es la presión internacional, que incluso Zapatero ha tenido que salir al paso del rumor de un rescate a España de 280.000 millones de euros que provocó un nuevo desplome de las bolsas. En este clima, el presidente del Gobierno no ha tenido más remedio que llamar a Rajoy para verse las caras en un encuentro en Moncloa en el que como era previsible, lo más destacado fue el encuentro en sí mismo, que Zapatero ha venido negando de manera oficial desde octubre de 2008, hace 18 meses, a pesar de las reiteradas peticiones desde el PP. Demasiado tiempo perdido para como está el país. Zapatero necesita dar imagen de unidad ante la crisis y ha tenido que sacar de la chistera 9.800 millones de euros de la contribución española a la salvación de Grecia como excusa para llamar y hacerse la necesaria foto con Rajoy. Una cita tan tardía como imprescindible, pero hace falta más que fotos. Y una nueva ocasión perdida para que Gobierno y oposición aparquen sus diferencias y al igual que han acordado la modificación de la Ley de Cajas para la reestructuración del sector, haber sido capaces también de alcanzar un gran Pacto de Estado para salir de la crisis mediante la reducción del gasto y el déficit y la reforma del mercado laboral.

Publicado el 5 de mayo de 2010 a las 14:45.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, una vez más ha vuelto a dar muestras de su astucia política al anunciar que abrirá un registro para ayudar a todos los madrileños, de los dos bandos de la Guerra Civil, a encontrar los restos de sus familiares muertos durante la guerra si aún siguen desaparecidos. Es inevitable deducir que se tachará a Esperanza Aguirre de oportunista, y es evidente que en esta decisión hay mucho de estrategia política, pero esto es lo que tiene el andar enredando a vueltas con la memoria histórica. La presidenta de Madrid no es de las que deja escapar un gesto que le pueda beneficiar en sus cábalas electorales, ahora que estamos metiéndonos en la precampaña, y más si es a cuenta de un debate que ella no ha comenzado. ¿No queremos abrir las fosas? Pues abrámoslas, y yo la primera, pero todas las fosas, las de unos y otros, no sea que en el proceso nos aparezcan peticiones de familiares de muertos a manos del bando republicano. Porque reconocer que también se cavaron fosas en el bando republicano y que hubo atrocidades de uno y otro lado no es tergiversar la historia. Seamos objetivos, si no es mucho pedir. Podemos encontrar historias, hay a millares, y familias que podrían competir en el horror de relatar los brutales métodos que se emplearon para acabar con la vida de padres, hermanos, mujeres o hijos, hay por doquier en función de la zona en que cada uno tuvo la desgracia de vivir la contienda. Ahorremos los testimonios, son de sobra conocidos, y encaremos el futuro con el mismo espíritu de concordia con el que se cerraron las  heridas gracias a la generosidad de quienes votaron y aplicaron  la Ley de Amnistía de 1977 con la que se reconciliaron las dos Españas. Es justo reconocer que el anuncio de crear un registro para atender las reclamaciones de todas las víctimas, sean del lado que sean, y ayudar a su localización, es un gesto valiente que nos devuelve el sentido común, pues se pone del lado de las víctimas sin distinción ideológica. También políticamente jugoso. Sería oportuno que el resto de comunidades gobernadas por el PP dieran un paso en la misma dirección y facilitaran todos los medios necesarios para localizar a los desaparecidos, igualmente de uno y otro lado, pues sólo cabe hacer una consideración, la de víctimas de la guerra. Cunetas ha habido a izquierda y derecha de la carretera. Que se abran todas ellas, pero sin dejar ninguna en el camino.

Publicado el 30 de abril de 2010 a las 11:30.

En vísperas de la celebración del Primero de Mayo, las previsiones más pesimistas se están cumpliendo en materia de empleo, a pesar de los denuedos del presidente del Gobierno para convencernos de que lo peor de la crisis ya ha pasado y que a partir del mes de abril empezará a evidenciarse la disminución del paro. Confía Zapatero en que la temporada turística que ahora comienza le pueda dar un respiro hasta después del verano. Pero los datos son testarudos. La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal, AGETT, ha revelado que, por primera vez en España, hay más de un millón de parados mayores de 45 años, un colectivo que ha duplicado su tasa de desempleo. Y de estos, la mitad desconfía en volver a tener un empleo. El dato revela el fracaso de las  políticas formativas que deberían facilitar su reincorporación al mundo laboral. Paralelamente, las cifras de paro que arroja la Encuesta de Población Activa correspondientes al primer trimestre del año son demoledoras, 4.612.700 parados, por encima del 20 por ciento y más de dos puntos por arriba de las cifras del trimestre anterior. Los cocineros del INE dejaron al descubierto por error en su página web, y antes de tiempo, los datos que se tenían que haber hecho públicos el viernes, víspera de la jornada reivindicativa de los trabajadores. Quizás ha sido un respiro para que a los sindicatos no se les atragante, por indigesta, la celebración. Méndez y Toxo aprovecharán ese adelanto 'involuntario' de las cifras para encontrar la mejor manera de explicarles a los ciudadanos por qué ante una situación económica sin parangón en nuestra reciente historia dedican más esfuerzos a palmear la campaña de agitación contra la independencia del Tribunal Supremo y organizar marchas en apoyo al juez Garzón, que a poner su capacidad reivindicativa y de movilización social contra la destrucción de empleo. En pocas ocasiones de nuestra historia encontrarán los sindicatos más motivos para salir a la calle y ponerse del lado de los trabajadores. Es hora de que los sindicatos demuestren su valor y su verdadero papel como garantes de los derechos de los trabajadores, de los que mantienen su empleo y de los que lo han perdido, arrimando el hombro con responsabilidad y haciendo causa común contra el verdadero problema de España, que no es otro que el paro y la falta de expectativa de los que reclaman su oportunidad de trabajar. Lo demás es mirar para otro lado.

Publicado el 28 de abril de 2010 a las 14:45.

La joven española de origen marroquí Najwa Malha, alumna del instituto Camilo José Cela de Pozuelo, no ha querido quitarse el velo para asistir a clase. Su opción era aceptar las normas internas del centro, recogidas en el Reglamento de Régimen Interior, o esperar a que el Consejo Escolar del instituto hiciera una excepción y le permitiera entrar en el centro con la cabeza cubierta por su hiyab, lo que no se permite al resto de alumnos, a los que se prohíbe llevar gorras, sombreros, pañuelos o cualquier prenda que les cubra la cabeza. El Consejo Escolar, formado por profesores, padres, alumnos, personal del centro y por la propia concejala de educación de Pozuelo rechazó por quince votos a dos modificar su normativa y permitir que Najwa siguiera llevando el velo islámico. Lo contrario hubiera sido hacer de la excepción una norma. El paso siguiente es garantizar su derecho a la educación -que en ningún caso se ha puesto en cuestión- y para ello la joven Najwa será trasladada a otro instituto donde no exista la prohibición de ir a clase con el velo. La polémica se da por zanjada de momento, porque pasado mañana aparecerá un nuevo caso en cualquier lugar de España. Dos ministerios, el de Educación y el de Justicia, han expresado su opinión contraria a la prohibición del velo en las aulas, frente a la postura del Gobierno de Madrid, favorable a respetar la libertad y autonomía de los centros para decidir sus normas de actuación. Eso y nada es lo mismo, y aquí hay que coger el toro por los cuernos, pues firmeza no significa intolerancia. Las leyes deben ser aceptadas y respetadas por todos, al margen de procedencias e ideologías políticas, culturales o religiosas. El problema es que no hay una posición común que hacer valer, pues se ha preferido dejar la última palabra a los colegios en lugar de plantear una posición única para todos los supuestos, promovida desde un ministerio que tiene mucho que decir sobre este tema. No sobre el uso del velo, sino sobre lo que significa su utilización en una sociedad democrática. A la ministra de Igualdad "no le gusta ningún velo" y pide abordar el debate "con sentido de la responsabilidad, y huyendo de oportunismos y demagogias". Es justo lo que hace falta, abordar el debate con valentía y autoridad moral para salir del vacío legal en que estamos, pero sin olvidar el fondo de la cuestión, que el verdadero significado del hiyab islámico no es otro que la supeditación de la mujer al hombre.

Publicado el 23 de abril de 2010 a las 20:45.

El volcán islandés de cuyo nombre no quiero acordarme ha escupido en los cielos de la vieja Europa una nube de ceniza que ha sumido al continente en un caos de incomunicación, ha producido un cabreo generalizado entre los siete millones de usuarios que se han quedado atrapados en los aeropuertos, ha provocado pérdidas a las compañías aéreas a razón de más de 180 millones de euros por día y ha dejado al descubierto el descontrol y la incapacidad de la Unión Europea para hacer frente a una situación que no ha sido capaz de gestionar adecuadamente. Parece mentira que las autoridades de aviación civil y los responsables del transporte aéreo no hayan sido capaces de reaccionar con celeridad y eficacia ante un fenómeno de la naturaleza cuyas consecuencias se han multiplicado a causa de tanta imprevisión. Tras cinco días anteponiendo la seguridad a cualquier otra consideración, de repente alguien dijo basta, se marcaron tres zonas de riesgo y se acabó trasladando a los Estados miembros la patata caliente de tomar la decisión de permitir o no volar en las zonas en las que aún quedan restos de la nube de ceniza, el que se ha venido en llamar el segundo espacio, y permitiendo la libre circulación aérea en el tercero de los espacios "sin humo". Tanto para tan poco.

Los responsables de transporte, desbordados por el caos, han acabado por reconocer que no había razón que impidiera sobrevolar en zonas inicialmente vetadas en las que el riesgo era nulo. De la mano del director general de Movilidad de la UE incluso hemos conocido que los informes en los que se sostuvo la decisión de suspender el tráfico aéreo estaban basados en "presunciones científicas" que no justificaban medidas tan desproporcionadas. Los ministros de transporte y los responsables de navegación aérea deben reflexionar sobre la respuesta más adecuada que se ha de dar ante situaciones como esta y la coordinación necesaria para garantizar la movilidad de los ciudadanos. No les falta razón a las aerolíneas que señalan a los ministros de transportes como responsables de la incompetencia que ha dejado a media Europa en tierra y que ha tardado más de cinco días en reaccionar y comenzar a hacer frente a la crisis.  Menos mal que en medio del descontrol alguien tuvo una idea brillante: ofrecer las infraestructuras españolas como cabeza de puente entre los vuelos transoceánicos y Europa. De nuevo el ministro de Fomento, José Blanco, está a la altura.

Publicado el 21 de abril de 2010 a las 15:00.

Todos los ciudadanos son iguales ante la Ley y nadie, ni siquiera un juez, puede situarse por encima de ella. Al juez Baltasar Garzón le avalan numerosos servicios al Estado realizados en el ejercicio de su magisterio, y una brillante trayectoria en la instrucción de cantidad de causas de gran trascendencia y repercusión, no sólo mediática, sino penal. Nadie mejor que el propio juez para entender que está sometido a la Ley como cualquier otro ciudadano y que por muy loable que sea la causa que lo motive ha asumir las consecuencias si olvida este precepto. Por eso ha sorprendido el tono de los mensajes que se han escuchado en el acto de apoyo al juez contra su procesamiento por parte del Tribunal Supremo organizado por los sindicatos UGT y CCOO en la Universidad Complutense. Procesamiento, no hay que olvidar, por un supuesto delito de prevaricación consecuencia de las diligencias practicadas en la investigación de los crímenes del franquismo. No por investigar los crímenes, sino por hacerlo a sabiendas de no tener competencias para ello. Que la querella que ha provocado la decisión del magistrado Luciano Varela de sentar a Garzón en el banquillo haya sido interpuesta por el sindicato derechista Manos Limpias y por Falange Española de las Jons, no ha contribuido precisamente a disipar las dudas acerca de los verdaderos motivos del Supremo para enjuiciar a Garzón y ha propiciado manifestaciones que retrotraen a épocas de nuestro reciente pasado. El Alto Tribunal ha actuado conforme a derecho, teniendo en cuenta el análisis de la denuncia y sin fijarse en quién presenta la denuncia, puesto que tal circunstancia no debe ser condicionante.  De tal virulencia han sido las reacciones contrarias a la actuación jurisdiccional del Tribunal Supremo que el Consejo General del Poder Judicial se ha visto obligado a expresar públicamente su "preocupación y tristeza" ante estos ataques a su independencia. La tensa situación que han provocado las causas abiertas contra el juez Garzón requieren de cierta pedagogía democrática para serenar el tono de los discursos de uno y otro lado, puesto que la crítica en el libre ejercicio de la libertad de expresión no puede confundirse con la desacreditación, cuando lo que está en juego es la propia estabilidad de las instituciones. La independencia del Poder Judicial y el respeto a sus decisiones son elementos esenciales de la convivencia en democracia y hay que hacerlos valer.

Publicado el 19 de abril de 2010 a las 14:45.

El Gobierno ha asumido de una vez que el coste del despido es un lastre para la creación de empleo y ha movido ficha en esta dirección, en la misma línea que vienen reclamando los empresarios que son los que tienen la llave para la creación de empleo, y organismos tan poco sospechosos como el Banco de España. Entre la batería de propuestas que ha presentado a los agentes sociales en la mesa del diálogo social, y en contra de lo que ha defendido hasta ahora, el ejecutivo ha incluido medidas para flexibilizar el mercado de trabajo con el objetivo concreto de incrementar los índices de empleo fijo y facilitar la movilidad laboral con un despido más barato. La propuesta del Gobierno sugiere utilizar el vigente modelo de contrato de fomento del empleo, que contempla una indemnización por despido de 33 días por año trabajado en lugar de los 45 días de los contratos ordinarios, con la peculiaridad de que parte de esa indemnización, en concreto 8 días, correría por cuenta del Estado. De esta manera los empresarios verían reducida a casi la mitad la cantidad que tendrían que abonar por despido, sólo 25 días, lo que incentivaría la contratación indefinida. El Ministerio de Trabajo pretende con ello facilitar a las empresas la rotación de trabajadores no productivos sin que estos vean mermada su indemnización de 33 días potenciando esta modalidad de contrato. Junto a esta propuesta, con la que trata de romper la dualidad entre contratos temporales e indefinidos, los más vulnerables los primeros e intocables los segundos, se intentará favorecer la movilidad laboral mediante una especie de fondo constituido por las empresas para cada trabajador que se abonaría en caso de despido, similar al modelo que rige en Austria. Encima de la mesa del diálogo social está asimismo el modelo alemán de contrato que opta por las reducciones de jornada antes que el despido y en los que el Estado asume la remuneración de esas horas.   

Las propuestas del Gobierno van a suponerle un fuerte desgaste social y un choque con los sindicatos, a los que tendrá que explicar muy bien el alcance de medidas que ha venido rechazando reiteradamente, pero que avanzan en la dirección adecuada para empezar a enfrentarse con posibilidades de éxito a una reducción de las cifras del paro. Es una buena ocasión para medir el coraje del Gobierno y comprobar si está dispuesto a llevar su reforma al Congreso con los sindicatos en contra. Con la que está cayendo.

Publicado el 15 de abril de 2010 a las 13:15.