Sin acritud

Me  inspira confianza José Bono cuando habla del terrorismo y de la defensa de la unidad de España, bastante más que cuando lo hacen muchos otros miembros del partido socialista. Bono tiene la costumbre, aunque no siempre le favorece, de decir alto y claro aquello que piensa. Al menos cuando lo dice, sabemos que lo piensa de verdad. Aunque Bono, como el resto de políticos, no siempre dice todo lo que piensa. Lo que en esta ocasión el presidente del Congreso ha dicho, que no le gusta la sentencia del Tribunal Constitucional que permite a la coalición Bildu presentarse a la elecciones, es algo que coincide en gran medida con lo que pensamos  muchos españoles a los que nos indigna que los proetarras vuelvan a los ayuntamientos. No le gusta que ETA se vuelva a colar en las instituciones y ruega a Dios que "sea una decisión buena para acabar con el terrorismo". Pero también ha dicho Bono que "lo único cierto es que están en las elecciones porque quien podía autorizarles les ha autorizado". Podía José Bono continuar y decir lo que realmente pensaba, y seguramente coincidiría con el sentir de la mayoría de los españoles, que Bildu estará sentada en las instituciones porque así lo han querido los magistrados nombrados a propuesta del PSOE. O lo que es lo mismo, si el Gobierno lo hubiera querido realmente, hoy estaríamos celebrando la sentencia como un triunfo del Estado de Derecho frente a los terroristas y quienes les apoyan. Sobran las interpretaciones. Desde fuera, los ciudadanos percibimos que el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia más política que jurídica y que se ha perdido una gran oportunidad de seguir aislando a ETA. Estamos acostumbrados a no sorprendernos por decisiones judiciales, pero en esta ocasión, la opinión que han expresado en su voto particular los magistrados disconformes con la sentencia va mucho más allá. Abiertamente denuncian que el Constitucional se ha extralimitado en sus funciones actuando como tribunal de segunda instancia y sometiendo al Supremo a un juicio de apelación. Razones jurídicas al margen, lo peor de la legalización de Bildu es que se veía venir. Cuesta creer que el Gobierno no esperaba una sentencia favorable al entorno de ETA, y que no estamos ante la escenificación de un proceso que el tiempo terminará de confirmar. Sea o no como aparenta, la única realidad se parece mucho a la que Jaime Mayor Oreja ha venido denunciando hasta la saciedad: según la hoja de ruta diseñada por ETA, veríamos a los terroristas volver a las instituciones.

Publicado el 12 de mayo de 2011 a las 17:30.

Había buen rollo en la fiesta. Exquisiteces de la región regadas con caldos de Madrid.  Cordialidad entre contendientes que esperemos se mantenga en las dos semanas de campaña electoral. La tradicional recepción en la Puerta del Sol con motivo del Dos de Mayo fue de las más multitudinarias que se recuerdan. No cabía un alfiler en la sede del Gobierno Regional entre los más de 1.500 políticos, periodistas, actores, toreros, personajes del mundo de la cultura, el espectáculo, la sociedad civil y los clásicos profesionales del canapé que nunca fallan en este tipo de actos. Pero en contraste, no hubo un sólo ministro. No estaban, aunque se les esperaba, al menos a alguno de ellos, en representación del Gobierno. Siempre ha sido así. Ni en los ocho años de presidencia de Esperanza Aguirre, ni en los de gobiernos anteriores había faltado nunca un ministro a los actos institucionales del Día de la Comunidad, un feo que la propia Aguirre se encargó de recordar y para el que no se encuentra justificación, salvo que dan por perdido Madrid como se comentaba en los corrillos. No era, desde luego, el mejor día para los socialistas. La EPA les acababa de fastidiar el fin de semana con unos datos demoledores de casi cinco millones de parados. Y para terminar de aguar el puente, el lunes amanecía con la publicación de sendas encuestas en El País y Público, dos medios amigos, augurando pésimos resultados para el socialismo en Madrid. Así que optaron por hace mutis por el Foro y dejar solos a Jaime Lissavetzky y Tomás Gómez, que tuvieron que tragar lo indecible para tratar de justificar el plantón institucional, pues la espantada del Gobierno de Zapatero sólo se entiende en el deseo de escurrir el bulto cuando vienen mal dadas, en hacer un desaire a Esperanza Aguirre, o ambas cosas. Lo malo es que el desaire del Gobierno no es a Esperanza Aguirre, es a todos los madrileños, por lo que no puede quedar en la anécdota de la fiesta ni en el enfado de la Presidenta. Sería deseable una disculpa, o al menos una aclaración convincente que justifique por qué nadie acudió a los actos institucionales, que no son actos de partido. Por lo demás, el clima reinante denotaba las buenas relaciones internas que goza el PP en contraste con épocas pasadas. Qué tiempos aquellos en los que la recepción del Dos de Mayo despertaba el morbo del desencuentro entre Gallardón y Aguirre. Por no haber, ni siquiera hubo besamanos de la Presidenta. Ya ni el jamón sabe a jamón...

Publicado el 6 de mayo de 2011 a las 10:00.

Lo  que muchos ciudadanos se preguntan, después de conocer las cifras de paro que ha arrojado la encuesta de población activa, cada vez más cerca de la barrera psicológica de los cinco millones de desempleados, es cuándo, realmente, va a cambiar esa tendencia. Resulta  complicado confiar en que la sangría del desempleo "ha tocado techo" y que "estamos en el peor momento", como sigue asegurando el Gobierno. En plena digestión de los datos de la EPA, el Gobierno sigue lanzando balones fuera con manifestaciones que ni siquiera por pronunciarse en el fragor de un mitin a las puertas de las elecciones, tienen justificación. Las palabras de Rodríguez Zapatero el pasado fin de semana afirmando que "nosotros [el PSOE] combatimos un paro que otros generaron" no han sido muy afortunadas y demuestran el empeño en no separarse un ápice del guión establecido en el manual de campaña. Un guión que consiste en evitar el más elemental ejercicio de autocrítica y en responsabilizar de todos los males de la economía española a la crisis financiera internacional. Este discurso ha desconectado a nuestros dirigentes de la realidad en un país cuyo rescate por parte de la Unión Europea es aún una amenaza latente que, aunque lejana, no hay que descartar. Es cierto que la confianza de la ciudadanía constituye una pieza fundamental para el buen funcionamiento de los mercados. Pero no si para conseguirla se recurre a la tergiversación de la realidad. Quizá convendría echar mano de hemerotecas y refrescar algunos datos que el presidente obvió en su intervención, empezando por situar el inicio de la negada crisis en su punto justo: el brutal desplome del empleo en España se inició un año antes de la quiebra de Lehman Brothers, suceso que prendió la mecha de la crisis en el corazón de Wall Street. La tasa de paro en España (21,9%) supone un nuevo récord histórico, dobla la media de la Unión Europea y triplica la de Alemania, tras haber arrancado la crisis en el mismo nivel que este país; Durante el primer trimestre se destruyeron 256.500 empleos;  el paro afecta al 45,39% de los jóvenes; desde 2007 se han destruido 2.358.900 empleos, y la tasa del paro entre los inmigrantes es del 31,99%. No por obviar estos datos, que nos sitúan frente a la más cruda realidad, los ciudadanos, en especial los que más de cerca sufren la crisis, están dispuestos a seguir renovando su confianza en el gobierno actual. Las encuestas indican que van a expresar su rechazo en las urnas. Aunque lo que se juega el 22 de mayo no sea la continuidad de Zapatero.

Publicado el 5 de mayo de 2011 a las 16:00.

Lo bueno que tienen las elecciones es que cada cuatro años los políticos se acuerdan de los ciudadanos y exprimen su imaginación para sacar de la chistera las propuestas más imaginativas en una especie de subasta para a ver quién da más con tal de  captar el disputado voto. Está bien que esperen hasta el último momento, así nos mantienen en vilo. A tres semanas de las urnas, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que reclamará al Gobierno una modificación de la Ley de Haciendas Locales para que permita a los ayuntamientos aplicar bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles, lo que se ha venido a denominar el IBI Social. Es una propuesta que no es nueva, ya la había lanzado hace días el candidato de Izquierda Unida, Ángel Pérez, en la que también coincide el candidato del PSOE, Jaime Lissavetzky, y se recogía en el programa electoral popular de 2007.  Dado su carácter "social" su implantación favorecería a los colectivos con menos posibilidades económicas. Hasta aquí, muy razonable, aunque cuando la izquierda y la derecha coinciden en una misma propuesta, es normal que el ciudadano tienda a pensar que hay gato encerrado. Así que los madrileños nos podemos ir preparando para soportar el catastrazo que se avecina, puesto que el año que viene toca revisar el valor catastral de los inmuebles en la capital, y el alcalde ya ha solicitado dicha revisión, lo que significa una subida del IBI. El Ayuntamiento está tieso como la mojama y necesita sacar dinero de debajo de las piedras. Hay pocas fórmulas para hacerlo: una es reduciendo el gasto, una práctica poco utilizada por el alcalde en los últimos ocho años; otra, subiendo los impuestos. Pueden hacer sus apuestas, pues la jugada está clara, y hay que esperarse la más previsible, la apuesta por la vía impositiva. La propuesta de IBI Social de Gallardón es ni más ni menos que la antesala de una nueva subida de impuestos que va a recaer fundamentalmente en las clases medias. Para los menos pudientes no se incrementaría el IBI, mientras que las rentas medias, que son las que siempre acaban pagando el pato, van a compensar en sus recibos las bonificaciones sociales. Al final, lo de siempre, a pagar y a callar. Se pueden estudiar otras alternativas, como bajar el tipo que aplica al IBl, donde el Ayuntamiento aún tiene margen,  o aplicar las bonificaciones voluntarias de que dispone y no utiliza, tal como le recuerda Lissavetzky. Y una tercera, que le reclaman desde la izquierda como desde la derecha, que elimine la tasa de recogida de basuras.

Publicado el 29 de abril de 2011 a las 13:00.

El paro es con diferencia, según los sondeos de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas, junto con la situación económica, la principal preocupación de los españoles. El terrorismo hace tiempo que pasó a un segundo plano en la lista de asuntos que le quitaban el sueño a la ciudadanía. Los éxitos policiales en la lucha contra ETA, la debilidad de la banda cada vez más mermada en su capacidad operativa y sobre todo, el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, firmado por el PP y el PSOE en diciembre del 2000 para reforzar la unidad contra ETA y asegurar que las políticas contra el terrorismo no fueran utilizadas para ganar votos, han dado sus frutos en esta última década. Pero sigue habiendo cuestiones de muy difícil digestión para los ciudadanos, por más que su foco de atención esté puesto en cómo llegar a fin de mes. Provoca grave alarma social y verdadera indignación que el sanguinario pistolero Antonio Troitiño, con un historial de 22 asesinatos a sus espaldas, haya sido excarcelado tras pasar sólo 24 años en prisión. Como también levanta náuseas la mera posibilidad de ver en un gobierno municipal a los proetarras. Hay que intentar evitar con todos los medios del Estado de Derecho que ETA se cuele en las instituciones. La Abogacía General del Estado y la Fiscalía han impugnado ante el Tribunal Supremo todas las candidaturas presentadas por Bildu tras analizar los informes policiales que concluyen que la coalición es fruto de la estrategia establecida entre ETA  y la izquierda abertzale, y que algunos de sus integrantes mantienen vinculaciones con Batasuna. Esto debería ser suficiente para que el Partido Popular y el Gobierno aparcaran  sus diferencias y cerraran filas para que el Supremo proceda a la anulación de todas las listas. Así lo ha solicitado el PP, que ha pedido al Gobierno, más allá de las discrepancias acerca de la viabilidad jurídica de este recurso, que promueva no sólo la impugnación de las listas de Bildu, sino toda la candidatura, es decir, de la coalición como tal. En caso contrario, se corre el riesgo de que repetir el mismo error que se cometió hace cuatro años con ANV, cuando el Supremo dió por buenas algunas listas en determinados municipios, impugnando sólo aquellas en las que había pruebas fehacientes de que estaban integradas por miembros de batasuna. Esto permitió a ANV, o lo que es lo mismo, a ETA, hacerse con el poder en más de cuarenta municipios vascos. Entonces se estaba en el escenario de los gestos tras el fracasado proceso de paz. Ahora conviene despejar cualquier atisbo de duda.

Publicado el 28 de abril de 2011 a las 13:30.

No tiene nada de malo que los ateos se manifiesten en la calle y hagan patente su ateísmo. Están en su derecho de manifestar libremente sus creencias o su falta de ellas y de criticar a la religión católica, musulmana, la Iglesia de la Cienciología, los mormones o a los adventistas del Séptimo Día. Personalmente me da lo mismo. Creo profundamente en la libertad de expresión. Lo que no entiendo es la necesidad de convocar una manifestación anticatólica en pleno Jueves Santo en Madrid, a unos metros de las procesiones más importantes de la capital, salvo que lo que realmente se persiga no sea reivindicar el ateísmo, sino simple y llanamente, buscar la provocación. Invocar a la "hermandad de la santa pedofilia" o la "cofradía de la virgen del mismísimo coño" dice bastante del nivel de los convocantes. En otro momento hasta me provocaría risa, pero ya ha pasado el carnaval. Cualquier persona tiene derecho a no tener creencias religiosas y a expresarse como mejor entienda, pero eso no le exime de su obligación de respetar las creencias de los demás. Es un signo de elemental convivencia cívica. Hay muchos días al año y calles en Madrid para organizar esta patochada, que no tendría mayor trascendencia si los medios de comunicación no nos hiciéramos eco. No quiero imaginar el rechazo que provocaría una asociación anti homosexual que convocara una marcha el mismo día, a la misma hora, y en la misma zona que la marcha del orgullo gay. Se consideraría un grave ataque a la libertad individual y una provocación. Por otra parte, dudo mucho que los 'librepensantes' que aspiran a reventar algunas de las procesiones más arraigadas de Madrid, a las que acuden por igual tanto católicos practicantes como turistas y visitantes que disfrutan presenciando una tradición de considerable valor cultural, tuvieran arrestos suficientes para manifestarse en pleno ramadán frente a la mezquita de la M-30 mofándose de los ritos musulmanes. Es progresista criticar la prohibición de utilizar el burka en público, pero se mira para otro lado cuando las tradiciones cristianas son las atacadas. Lo que le falta a este país es combatir la intolerancia con mayores dosis de fanatismo. Vivimos en democracia, e independientemente de que el Estado se defina en la Constitución como aconfesional, que no laico, esto debería ser garantía suficiente de respeto y convivencia entre todos los ciudadanos, piensen lo que piensen y crean en lo que crean. No se trata de ser o no creyente, sino de ser demócrata. Y la democracia es, sobre todo, respeto.

Publicado el 15 de abril de 2011 a las 09:00.

El Tribunal Supremo ha dictado apertura de juicio oral contra el juez Baltasar Garzón por supuestos delitos de prevaricación continuada y violación de la garantías constitucionales  en la investigación de la trama Gürtel. El magistrado del Supremo Alberto  Jorge Barreiro sostiene que Garzón utilizó medios ilícitos para intervenir las comunicaciones en la cárcel entre el principal cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa, y sus abogados, a sabiendas de que no podía hacerlo. El auto del magistrado es particularmente duro al afirmar que Garzón "con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de obtener mediante la utilización de medios lícitos, decidió acceder libremente a las conversaciones confidenciales que mantuvieron los internos con sus abogados". Es un asunto de la máxima gravedad, aunque la licitud o no de las grabaciones es una cuestión sobre la que diferentes magistrados han emitido opiniones discrepantes, por lo que no conviene emitir juicios de valor precipitados. Sin poner en cuestión el criterio del juez del Supremo, vaya por delante que Garzón, antes que juez, es un ciudadano como los demás, y como tal, debe estar sometido igual que todos al criterio de la ley. En su haber tiene importantes éxitos judiciales y muchas actuaciones que le han valido el aplauso dentro y fuera de nuestras fronteras. Ha hecho grandes servicios al Estado en materia de persecución del narcotráfico y del terrorismo. El caso Gürtel es una de las mayores tramas de corrupción conocidas y es encomiable el celo demostrado para llegar hasta el fondo de la basura. Pero de ninguna manera, por graves que sean los delitos investigados, se puede pasar por encima de las debidas garantías procesales. La sola mención a la posibilidad de haber prevaricado es lo más grave que se le puede imputar a quien tiene el encomiable mandato social de administrar justicia con rectitud e imparcialidad. Por tanto Garzón, como cualquier otro juez que incurriera en el mismo error, debe responder ante un tribunal para dirimir sus responsabilidades si las hubiera. Cierto es que su actuación en el caso ha abierto una puerta a los principales imputados en la trama para que puedan invalidar las escuchas como prueba incriminatoria, lo que podría dejar impunes a Correa y a sus compañeros de corruptelas. Pero igual de preocupante resulta que el juez que ha investigado el caso se siente en el banquillo de los acusados para ser juzgado antes incluso que cualquiera de los implicados en la trama. El remedio puede ser más nocivo que la enfermedad.

Publicado el 14 de abril de 2011 a las 12:00.

Todas las mañanas, cuando me dirijo a primera hora al periódico me llama la atención la larga cola que se forma a las puertas del comedor social Ave María, regentado por la Real Congregación del mismo nombre, en la esquina de la calle Doctor Cortezo con Atocha. Es uno de los muchos comedores que hay en Madrid, en los que se repite la misma escena. Ya sea con el intenso frío del invierno, con la bonanza de la primavera, o con el calor aplomado y pegajoso del verano, allí está, imperturbable a las inclemencias del tiempo, el crisol humano de menesterosos aguardando su turno para llevarse algo de alimento a la boca. La generosidad de estas congregaciones ha convertido un acto de caridad en cita obligada para cientos de personas, personas con nombres y apellidos aunque parezcan seres anónimos, que han pasado a formar parte del paisaje del barrio. Mientras aguardo que se abra el semáforo, no puedo evitar mirar a la fila. He visto día tras día como a los rostros más curtidos por años de malvivir a la intemperie se han ido sumando nuevos perfiles que denotan una escala social más acomodada que se ha venido abajo arrastrada por la crisis. Al cruzar nuestras miradas, me viene a la cabeza la imagen de los eurodiputados españoles del PP y el PSOE que han votado en una sesión del Parlamento Europeo contra la medida que pretendía limitar los vuelos en primera clase y obligarles a viajar en turista. Los eurodiputados, cuyos partidos defienden en España medidas de austeridad, reducciones de salarios y pensiones, no han sido capaces de aplicarse para sí mismos las medidas de austeridad que reclaman a los demás. Se hace patente que en la defensa de los privilegios no hay colores ni siglas. El clamor ha sido tan fuerte en las redes sociales que los diputados han tenido que dar marcha atrás. Cómo no van a sentir los ciudadanos cada vez mayor desafección hacia sus representantes políticos que demuestran tan escasa sensibilidad. La realidad es tozuda. El barómetro del CIS nos recuerda el rechazo que la clase política provoca en la ciudadanía. Es lo que más preocupa a los españoles, por detrás del paro y la situación económica. Para el 81,8 % de los encuestados el paro es el principal problema. El 42,2% cree que las cosas seguirán igual y el 31% considera que empeorarán aún más. El Gobierno acaba de anunciar una rectificación de sus previsiones económicas: más paro y menos crecimiento. ¿Quién soluciona el drama humano que esto provoca? Vuelvo a mirar a la fila, pienso en los políticos y no encuentro respuesta.

Publicado el 8 de abril de 2011 a las 09:00.

El anuncio de Rodríguez Zapatero de no volver a presentarse a las elecciones generales amenaza con provocar más problemas al socialismo que los que ha pretendido evitar. De momento, el adiós del presidente ha acelerado la crisis en el PSOE andaluz y ha precipitado la salida del consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, el hombre que ha controlado con mano firme el aparato del socialismo andaluz en los últimos 15 años y pieza clave de Manuel Chaves para poder manejar el poder desde fuera de Andalucía. La dimisión de Pizarro, a la que se han sumado dos de los directores generales de su  consejería que han dimitido con él, tan sólo un par de días después de que Zapatero comunicara su decisión, ha reabierto una crisis de inciertas consecuencias en un momento en que las encuestas sitúan al PP andaluz al borde de la mayoría absoluta a mes y medio de las elecciones municipales. La crisis andaluza puede ser sólo el aperitivo de una lucha interna de poder favorecida por la debilidad de un presidente saliente que no se termina de marchar. Su interinidad puede abocar a nuevos enfrentamientos en otras federaciones y hacer saltar por los aires la frágil unidad con que el PSOE ha escenificado el anuncio de retirada. Tampoco el momento elegido para comunicar su decisión parece haber obtenido el efecto buscado, sino más bien lo contrario. Pretendía cerrar las especulaciones y centrar el debate en los candidatos autonómicos y municipales para que su propio desgaste no les pase factura en las urnas, pero ha servido al PP en bandeja argumentos para alimentar la letanía del anticipo electoral. El PSOE tiene el reto de gestionar el proceso sucesorio sin que interfiera negativamente en el resultado del 22 de mayo, que ya de por sí se antoja enormemente complicado. Al previsible castigo en las urnas hay que añadir un escenario posterior no menos complejo. La sucesión va a condicionar mucho la labor del presidente en el año que resta de legislatura, y también la del vencedor de las primarias, que se enfrentará a una incómoda bicefalia en la que deberá compartir o pactar muchas de las medidas que el presidente se vea obligado a adoptar condicionado por las circunstancias económicas. Esa bicefalia acrecentará la debilidad de Zapatero en el momento que mayor fortaleza política se requiere. Pero no se trata de resistir numantinamente, sino de tener altura de miras para tomar las decisiones necesarias buscando el interés general, por encima de intereses personales o de partido. Su decisión de no volver a presentarse en 2012 quizás sea insuficiente.

Publicado el 7 de abril de 2011 a las 11:45.

Los tribunales parecen empeñados en marcar la agenda política, aunque en este caso no se sabe muy bien qué ha sido primero, si el huevo o la gallina. Tanto por el momento elegido, a menos de dos meses de las elecciones; por la celeridad con que se ha procedido, seis meses menos que lo que se considera normal para una causa de este tipo; y por la casualidad de que la magistrada que ha estimado el recurso presentado por el PSOE contra el archivo de la causa se apellida igual que la ex portavoz socialista en la Asamblea, Cristina Almeida, no hay que ser muy sagaz para percibir el tufillo electoral que desprende la reapertura del caso del presunto espionaje a altos cargos públicos en la Comunidad de Madrid. Una causa que había sido archivada el verano pasado porque la juez no había encontrado indicios de delito y que ahora, en contra de la opinión del fiscal, la magistrada Mari Luz Almeida ha ordenado reabrir porque, en su opinión, hay indicios de que los agentes que supuestamente siguieron al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente de la Comunidad, Alfredo Prada, cometieron un delito de malversación de fondos públicos. Sea por motivos políticos, como insinúa el PP, o porque hay indicios suficientes de la comisión de un delito, esperemos que la reapertura del caso sirva para despejar definitivamente cualquier atisbo de duda, porque los ciudadanos tienen el derecho a conocer a qué se destina el dinero de sus impuestos y la justicia el deber de aclarar si ese uso ha sido el correcto. En cualquier caso es un balón de oxígeno para el PSOE, que le permite desviar la atención del debate sucesorio. Y es, al mismo tiempo, una contrariedad para Esperanza Aguirre, que se encuentra con un incómodo asunto que daba por cerrado en un momento en el que está terminando de perfilar las candidaturas a la Asamblea y al Ayuntamiento. Para la primera, ya ha desvelado los cinco primeros puestos, con Ignacio González de segundo, seguido de Francisco Granados, Beatriz Elorriaga y Lucía Figar. Pocas sorpresas más se esperan, salvo las incorporaciones de los alcaldes de Móstoles y Alcalá, Esteban Parro y Bartolomé González, dos de los barones que mejores réditos electorales han proporcionado al PP, y de Bonifacio de Santiago, al que acomoda en la Asamblea después de 16 años de alcalde de Las Rozas. La lista al Ayuntamiento, en la que pueden reabrirse viejas heridas, deberá contar con el consenso de Alberto Ruiz Gallardón. Lista en la que figura uno de los espiados, Manuel Cobo, como número tres.

Publicado el 1 de abril de 2011 a las 12:00.