Sin acritud

A poco menos de un mes para las elecciones del 20-N, los que esperaban que el anuncio de ETA de abandonar la actividad armada iba a suponer un balón de oxigeno para las complicadas expectativas socialistas de voto, se van a tener que conformar con enjugar las lágrimas del candidato Rubalcaba. Las encuestas elaboradas inmediatamente después del anuncio de ETA muestran que el PP mantiene intacta la diferencia con el PSOE, al que sigue aventajando con una distancia de entre 11 y 15 puntos. El PP se mueve en una horquilla de 186 a  189 diputados, frente a los 1016-118 que obtendría el PSOE. Es decir, entre 32 y 35 diputados más para los populares, y entre 52 y 55 menos para los socialistas. ¿Quién se beneficia del anuncio de la banda? Pues la coalición Amaitur, formada por Bildu y Aralar, o lo que es lo mismo, Batasuna en estado puro, que incrementa sus expectativas a costa del descenso del PNV hasta tener la posibilidad de formar grupo parlamentario propio, lo que no deja de ser un drama para los demócratas. Tampoco el comunicado parece haber hecho mella en el ánimo de los ciudadanos en lo que respecta a su credibilidad. Al margen de la satisfacción que ha producido, los  españoles no se terminan de creer que las intenciones de los etarras sean definitivas. Un sondeo de Sigma Dos indica que el 69% de los españoles no cree que ETA haya renunciado para siempre al terrorismo. Tanto Zapatero en el mes que le queda de presidencia, como los candidatos del PSOE y del PP, Rubalcaba y Rajoy, tienen que lidiar el toro de la desconfianza que el anuncio de ETA ha provocado en buena parte de los españoles. Lo mejor para despejar dudas sería  alejar el terrorismo y el final de ETA de la campaña electoral. Las peticiones del presidente del PNV, Iñigo Urkullu, a Zapatero para que tenga un gesto con los presos de ETA sin fijarse en el calendario electoral, o al lendakari Patxi López para que adelante las elecciones autonómicas, no van precisamente en esta dirección. Tampoco la precipitada ronda de contactos iniciada por el lendakari con los partidos vascos, incluido Bildu, para escenificar los pasos a seguir tras el comunicado. No conviene apresurarse en la adopción de medidas que pudieran traslucir la idea de que se sigue una hoja de ruta trazada de antemano. Cualquier paso que se de le corresponde al gobierno que salga de las urnas, pero sin olvidar, como ha denunciado Esperanza Aguirre, que la banda ni ha anunciado su disolución, ni la entrega de las armas, ni ha pedido perdón a las víctimas. Credibilidad cero

Publicado el 31 de octubre de 2011 a las 12:00.

               

Un estudio sobre "Política fiscal" realizado por el CIS revela que ocho de cada diez españoles consideran injustos los impuestos que pagan. El resultado de la encuesta era bastante previsible, porque nadie está satisfecho cuando se trata es de pagar impuestos. De hecho, más de la mitad de los españoles, el 54,2%, considera que la presión fiscal es excesiva. Lo significativo es el dato que señala que el 78,3% crea que los impuestos no se cobran justamente, o lo que es lo mismo, que la vieja máxima de que paguen más los que más tienen no se aplica o los ciudadanos no tienen esa percepción. Aunque más de la mitad de los que respondieron a la encuesta, el 56,4%, entiende que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, sin embargo el 54,7% considera que teniendo en cuenta los servicios públicos y prestaciones sociales que se reciben, la sociedad se beneficia poco o nada de esa recaudación. Aquí también la percepción es equivocada; si reclamamos mejores carreteras, inversión en grandes infraestructuras, en sanidad, en mejorar el transporte público... de dónde sale todo eso? Pagar menos no revierte en mayores facilidades para la ciudadanía. Cualquier país tercermundista que carece de un sistema fiscal moderno y desarrollado podría servirnos de ejemplo. Baste necesitar una simple atención de urgencia en un centro hospitalario para dar por bueno el dinero recaudado por el Estado. Así, el 42,5% de los encuestados es partidario de gastar más en prestaciones sociales aunque eso signifique pagar más impuestos frente a un 38% que considera preferible bajar impuestos aún a costa de los servicios públicos. El problema de fondo es que el ciudadano, que está pagando con no poco esfuerzo sus impuestos, reclama al menos que se dé un destino adecuado a su dinero. Y se encuentra a cambio con una mastodóntica estructura que alimenta a tres administraciones, central, autonómica y municipal, en la que conviven 18 parlamentos, más de 8.000 ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos, los correspondientes parques de vehículos oficiales, la sangría de las televisiones autonómicas, cargos de confianza, asesores de todo tipo y condición, y un largo etcétera de gastos añadidos, dietas, representación... que hacen dudar al ciudadano sobre la utilización de su dinero. No se trata de hacer apología de la insumisión fiscal, pero sí reclamar austeridad en el gasto público y que de verdad el Estado cumpla su función, que no es la de dilapidar los recursos que le aportan los ciudadanos.

Publicado el 25 de noviembre de 2010 a las 14:30.