Sin acritud

El Gobierno ha prorrogado hasta el 15 de enero el estado de alarma porque considera que es una medida necesaria para garantizar la normalidad del tráfico aéreo durante las Navidades. El argumento utilizado para prolongar esta situación tan anómala en democracia es reconocer que es la única manera que tiene de garantizar que no se vuelva a producir el colapso aéreo por un nuevo plante de los controladores, ya que las causas que motivaron su adopción no han cambiado. Estamos, por tanto, ante un estado de alarma preventiva.  Por supuesto que no tendría ninguna justificación que los ciudadanos volvieran a padecer el calvario de quedarse en tierra con sus viajes organizados y pagados en las próximas fiestas navideñas. Sería demasiado fuerte que se repitiera la imagen de los miles de viajeros tirados por los pasillos de los aeropuertos. Pero no se entiende que pasado el plazo de 15 días, la normalidad sólo se haya producido por la presencia de militares en las torres de control. Es decir, que la alternativa al estado de alarma es el descontrol y el caos,  lo que evidencia la incapacidad de solucionar un problema laboral por la vía de la negociación. Y entre medias, seguimos sin conocer qué medidas se están tomando para salir de este círculo, mas allá de la prolongación de una situación excepcional. Pero el tiempo transcurrido desde que los controladores empezaron a sentirse estresados cuando les tocaron el bolsillo,  no ha sido aprovechado por el gobierno para desatascar la situación. Visto lo chapuceramente que se está gestionando esta crisis, el verdadero estado de alarma es el que provoca el Gobierno con sus decisiones. Da la impresión de que lo que se está evaluando es la capacidad que tienen los españoles de digerir este tipo de medidas por si fuera necesario utilizarlas contra otros colectivos. Hoy son los controladores, pero mañana puede ser cualquier otro sector. Sin caer en alarmismos innecesarios, tampoco se trata de aceptar con indiferencia esta situación. Para muchos españoles, la aplicación del estado de alarma no es un problema que afecte al conjunto de la ciudadanía, sino solo a los irresponsables que provocaron con su actitud que excepcionalmente hubiera que recurrir a ello. Por eso, considerarlo con la normalidad con la que lo dibuja el Gobierno, es aceptar el riesgo de que se aplique indiscriminadamente contra cualquier otro colectivo en sectores como el educativo, el sanitario, la seguridad, el tráfico de mercancías, etcétera. Cuando una negociación se estanque, estado de alarma y a correr.  

Publicado el 17 de diciembre de 2010 a las 12:00.

               

Que por primera vez en los 32 años de vida de nuestra democracia un Gobierno se haya visto obligado a  decretar el estado de alarma para resolver un conflicto social como el provocado por el pulso de los controladores en defensa de sus privilegios, no es motivo para estar satisfecho, si bien al menos hay que congratularse de que España disponga de mecanismos constitucionales adecuados para garantizar los derechos de los ciudadanos. Al Gobierno no le quedaba otra salida para desbloquear la situación e hizo lo correcto decretando el estado de alarma. Pero los ciudadanos se siguen preguntando cómo la falta de previsión ante la que estaban preparando los controladores pudo originar semejante caos. Hay que explicar muy bien los motivos que aconsejaron al ministerio de Fomento sacar el decreto ley que regula las condiciones laborales de un colectivo imprescindible para la navegación aérea en el peor momento posible, el día anterior al puente más largo del año, conociendo las graves consecuencias que su aprobación iba a ocasionar. Y cómo es posible que no hubiera más alternativa al plante de los controladores que militarizar el espacio aéreo. Si el problema está en la falta de personal de control en las torres, que les obliga a sobrepasar las horas aconsejadas para garantizar la seguridad del tráfico aéreo, ha habido tiempo suficiente en los más de dos años que dura el conflicto para formar a nuevos controladores. Resulta sorprendente la incapacidad para solucionar este contencioso por la vía del diálogo que han mostrado los responsables de AENA. Pero el caos vivido en los aeropuertos, el desprecio a los derechos de los usuarios que se quedaron en tierra, las cuantiosas pérdidas económicas y el daño irreparable provocado a la imagen de España en el exterior, exigen una respuesta mayor que la autosatisfacción de haber doblegado a un colectivo de 2.500 trabajadores que osó echar un pulso al Estado y lo perdió. Hace falta  una solución definitiva que impida convertir en rehenes a los ciudadanos  Este Gobierno, y si no está capacitado para ello, el que le sustituya, tiene el deber y la obligación de promover de una vez por todas una ley de huelga que deje meridianamente claros los límites de una protesta laboral para que la legitima defensa de los derechos laborales  impida a ciertos colectivos considerados estratégicos paralizar un país o una ciudad. Los ciudadanos ya están hartos de los chantajes de controladores, pilotos, conductores de metro y autobús, etcétera, y exigen soluciones definitivas y menos improvisación.

Publicado el 9 de diciembre de 2010 a las 14:30.