Archivado en: Cataluña, inmersión lingüistica, bilingüismo
El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a cumplir la sentencia del Supremo para que el castellano sea también lengua vehicular en la escuela pública, ha provocado una tormenta política en Cataluña que ha hecho sacar a sus dirigentes toda la artillería pesada en defensa del modelo educativo de inmersión lingüística. Ya estaban muy caldeados los ánimos con la reforma constitucional pactada entre PP y PSOE, una reforma que no ha sentado nada bien al nacionalismo, que lo ha considerado un nuevo motivo de distancia entre España y Cataluña que hace añicos el consenso constitucional. Ahora el fallo del TSJC ha terminado de encrespar los ánimos. La reacción del Gobern de Artur Mas no ha podido ser más desafortunada, ni tampoco menos sorprendente: pasarse por el forro de sus caprichos el auto del Tribunal, calificar de innegociable su modelo educativo y anunciar a bombo y platillo que el monolingüismo se mantendrá caiga quien caiga. Lo ha dicho muy claro la consejera de educación, Irene Rigau: prefiere ser inhabilitada antes que cumplir la ley. Esto es un desacato en toda regla a los tribunales. El Partido Popular ha presentado en el parlamento autonómico una propuesta de resolución en la que insta al Gobierno de Artur Mas a cumplir las sentencias del TSJC y del Supremo. No hace falta ser jurista para entender que la lealtad institucional está por encima de cualquier interpretación de las normas y obliga a acatar las leyes y sentencias judiciales. Lo contrario es una llamada a la insumisión muy peligrosa que cercena las bases del Estado de Derecho. No cabe esperar una reacción voluntariamente sensata por parte del Gobern volviendo a la cordura y acatando en todos sus términos la sentencia del Supremo. Pero tampoco hay que dejarse intimidar por las permanentes amenazas de ruptura de las que se nutre el nacionalismo en su relación con el Estado. No nos engañemos. La cantinela del derecho a decidir y la monserga, cuando conviene, de que "no cabemos en España", proporciona pingües beneficios. Jamás habrá ruptura porque al nacionalismo no le interesa y porque sabe que tensionar la cuerda es la mejor política. Pero estamos hablando de preservar los derechos de unos ciudadanos que lo único que reclaman es el derecho a recibir para sus hijos una educación bilingüe. El Partido Popular ha anunciado que actuará con firmeza si la Generalitat incumple las sentencias. Esperemos que así sea, porque los ciudadanos del resto de España ya estamos hartos del chantaje permanente.
Publicado el 7 de septiembre de 2011 a las 18:00.
