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Blog de Alberto Castillo

Sin acritud

Acabar cuanto antes con la incertidumbre

Archivado en: Editorial, Tribunal Constitucional

El presidente del Gobierno está cada vez más acorralado. El escenario que le rodea no puede ser más desolador: una grave crisis económica ante la que se han adoptado medidas, que además de provocar un profundo desgarro entre sus propios votantes, se han demostrado a todas luces insuficientes como confirman todos los indicadores, el último, la prima de riesgo que se dispara ante la incertidumbre. El varapalo electoral que ha desalojado al PSOE del poder en los principales ayuntamientos donde gobernaban y con la sensación instalada en el partido de que será misión imposible remontar los resultados en las generales. Unos resultados que han reabierto con fuerza el debate interno sobre la necesidad de adelantar las elecciones y en el que destacados dirigentes abiertamente han expresado la necesidad de acabar cuanto antes la legislatura, al tiempo que se producen filtraciones interesadas a la prensa en la misma línea. Una bicefalia que provoca importantes disfunciones que afectan a la gobernabilidad y a la credibilidad del Gobierno. Y por si fuera poco, una crisis institucional, cuyo último episodio ha sido la dimisión de tres miembros del Tribunal Constitucional en un intento de forzar su relevo después de más de seis meses con el mandato caducado. La sensación de interinidad en que se ha instalado el Gobierno lo inunda todo. Ante la presión externa, la manida respuesta de que la única hipótesis que baraja el presidente del Gobierno es agotar la legislatura y que las especulaciones sobre el adelanto electoral son perjudiciales para los intereses de España, no convence a nadie, y cada vez son menos, incluso en el seno del PSOE, quienes se lo creen. Se transmite la sensación de que lo único que a estas alturas se persigue es ganar tiempo, pero la crisis ya alcanza todos los niveles, político, económico e institucional. Muy gráficamente lo ha resumido el presidente del BBVA, Francisco González, quien ha reclamado "líderes generosos que antepongan los intereses generales a los partidistas". Acompañando a estas palabras, ha puesto el ejemplo de que cada cien puntos de incremento de la prima de riesgo por colocar la deuda supone la pérdida de 160.000 empleos. Ante tal panorama, sólo cabe adoptar la única decisión posible. Acelerar al máximo el proceso de reformas pendientes, aunque suponga mayores pero necesarios sacrificios, y acabar cuanto antes con la incertidumbre convocando elecciones que pongan fin a la parálisis generalizada en que se encuentra sumida el Estado ante una legislatura que no da más de sí.

 

Tribunal Constitucional

Publicado el 16 de junio de 2011 a las 16:00.

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Una perfecta escenificación

Archivado en: Editorial, Bildu, ETA, Tribunal Constitucional

 

Bildu

Me  inspira confianza José Bono cuando habla del terrorismo y de la defensa de la unidad de España, bastante más que cuando lo hacen muchos otros miembros del partido socialista. Bono tiene la costumbre, aunque no siempre le favorece, de decir alto y claro aquello que piensa. Al menos cuando lo dice, sabemos que lo piensa de verdad. Aunque Bono, como el resto de políticos, no siempre dice todo lo que piensa. Lo que en esta ocasión el presidente del Congreso ha dicho, que no le gusta la sentencia del Tribunal Constitucional que permite a la coalición Bildu presentarse a la elecciones, es algo que coincide en gran medida con lo que pensamos  muchos españoles a los que nos indigna que los proetarras vuelvan a los ayuntamientos. No le gusta que ETA se vuelva a colar en las instituciones y ruega a Dios que "sea una decisión buena para acabar con el terrorismo". Pero también ha dicho Bono que "lo único cierto es que están en las elecciones porque quien podía autorizarles les ha autorizado". Podía José Bono continuar y decir lo que realmente pensaba, y seguramente coincidiría con el sentir de la mayoría de los españoles, que Bildu estará sentada en las instituciones porque así lo han querido los magistrados nombrados a propuesta del PSOE. O lo que es lo mismo, si el Gobierno lo hubiera querido realmente, hoy estaríamos celebrando la sentencia como un triunfo del Estado de Derecho frente a los terroristas y quienes les apoyan. Sobran las interpretaciones. Desde fuera, los ciudadanos percibimos que el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia más política que jurídica y que se ha perdido una gran oportunidad de seguir aislando a ETA. Estamos acostumbrados a no sorprendernos por decisiones judiciales, pero en esta ocasión, la opinión que han expresado en su voto particular los magistrados disconformes con la sentencia va mucho más allá. Abiertamente denuncian que el Constitucional se ha extralimitado en sus funciones actuando como tribunal de segunda instancia y sometiendo al Supremo a un juicio de apelación. Razones jurídicas al margen, lo peor de la legalización de Bildu es que se veía venir. Cuesta creer que el Gobierno no esperaba una sentencia favorable al entorno de ETA, y que no estamos ante la escenificación de un proceso que el tiempo terminará de confirmar. Sea o no como aparenta, la única realidad se parece mucho a la que Jaime Mayor Oreja ha venido denunciando hasta la saciedad: según la hoja de ruta diseñada por ETA, veríamos a los terroristas volver a las instituciones.

Publicado el 12 de mayo de 2011 a las 17:30.

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Por fin habló el Tribunal

Archivado en: Editorial, Estatut, Tribunal Constitucional, José Montilla

El Tribunal Constitucional se ha tomado su tiempo para emitir la sentencia sobre el Estatut. Cuatro años han tardado los magistrados en emitir un fallo que anula 14 artículos del texto por inconstitucionales y fija la interpretación de otros 23 preceptos, al tiempo que niega validez jurídica al término nación. A pesar de su tardanza, el dictamen del Tribunal viene a aclarar algunos aspectos relevantes que habían generado gran controversia y no pocas dudas acerca de su legalidad constitucional. Sobre uno de los aspectos mas polémicos, el concepto de nación, asegura el fallo que "carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del Preámbulo del Estatuto a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña". Con respecto a la lengua, los magistrados eliminan del texto original que el catalán sea de "uso preferente" en las administraciones públicas, aunque respaldan que sea "la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza". En la practica, la interpretación que han hecho los magistrados consagra la inmersión lingüística y la exclusión del castellano en la enseñanza en Cataluña. Otros de los preceptos que se expulsan del ordenamiento jurídico afectan al Consejo de Justicia de Cataluña o al Defensor del Pueblo catalán. Por el contrario, la sentencia permite a Cataluña mantener una relación bilateral con España, la participación de Cataluña en el ejercicio de competencias exclusivas de la Administración central o la declaración de que los poderes de la Generalitat emanan del pueblo catalán. Es decir, una de cal y otra de arena, y un fallo para contentar a todos, o a ninguno, según se mire. El President de la Generalitat, José Montilla, se ha apresurado a llamar a todos los catalanes a la movilización ciudadana contra la sentencia. Habrá que preguntarse qué entiende el Honorable por "movilización ciudadana" y apelar al seny del pueblo catalán para que no secunde esta llamada a las barricadas tan peligrosa como irresponsable. Lo cierto es que la sentencia ha abierto una espita muy peligrosa, y ha dejado escapar la oportunidad de impedir la destrucción de la España de las autonomías que consagró la Constitución, ya que a partir de esta sentencia, cualquier presidente autonómico puede reclamar derechos similares para su territorio como los que ahora ha avalado el Constitucional. De momento, los presidentes valenciano y gallego, Camps y Núñez Feijóo, ya se han pronunciado en esta línea.

 

Publicado el 2 de julio de 2010 a las 09:30.

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Alberto Castillo

Alberto Castillo

Director de Gente en Madrid. Periodista madrileño, de 46 años, cuenta con una dilatada experiencia en medios. Ha sido subdirector general de la Agencia de Noticias Servimedia. Gran parte de su carrera profesional ha estado vinculado a la radio en distintas cadenas. Comenzó en la Cadena Rato en los años 80 y de ahí pasó a la COPE, cadena en la que fue redactor de informativos locales, redactor jefe del informativo matinal "La Mañana" (con el desaparecido Antonio Herrero), redactor jefe de informativos de fin de semana y jefe de prensa. Su última etapa en la radio fue en la extinta Radio España-Cadena Ibérica.

 

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