viernes, 19 de abril de 2024 05:26 www.gentedigital.es facebook twitter

Gente en Boadilla del Monte

Logotipo diario gente
Kiosko. Portadas de periódicos
JUSTICIA

Imputan al alcalde de Majadahonda por delitos urbanísticos y medioambientales

El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, ha sido imputado en dos causas de juzgados de la localidad, tras la petición de la Fiscalía, por permitir que el Hospital Puerta de Hierro del municipio funcionase sin licencia desde 2008.     

Archivado en: Majadahonda, Alcalde, Foxá, Imputación, Delitos, Puerta de Hierro

aumentar texto reducir texto imprimir enviar noticia comentar

El alcalde de Majadahonda

El Ayuntamiento defiende que es un error administrativo

añadir a meneame  añadir a freski  añadir a delicious  añadir a digg  añadir a technorati  añadir a yahoo  compartir en facebook  twittear 

Borja Méndez
16/1/2018 - 12:48

Fuentes del TSJM han confirmado a que el Juzgado número 4 de Majadahonda ha iniciado una causa por delitos urbanísticos por no haber sancionado al centro sanitario por abrir sin licencia, y el Juzgado número 3 le acusa de delitos medioambientales ya que el hospital no tenía licencia de vertidos residuales. 

Estas mismas fuentes explican que hace un año llegaron sendas denuncias presentadas por el Ministerio Fiscal y se repartieron los casos ante los grueso que era la investigación. Así, se reclamó documentación a la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Medio Ambiente, informes que llegaron al juzgado antes de fin de año. 
En ambos casos el regidor de la localidad está en la figura de imputado y el caso llevado a cabo por el juzgado número 4 aún se encuentra en fase de diligencias previas. 

Ambas denuncias fueron efectuadas por la Fiscalía de Medio Ambiente y le piden la aplicación del artículo 320 del Código Penal por un delito contra la Ordenación del Territorio y por otro contra el Medio Ambiente lo que conllevaría unas penas de hasta cuatro años de cárcel. 
La Fiscalía considera que el regidor tenía la responsabilidad de haber multado a la empresa concesionaria del centro por las irregularidades ya que el Puerta de Hierro no tuvo licencias desde 2008 hasta 2015. 

Sobre este asunto, la Fiscalía considera que durante varias legislaturas "no adoptaron ninguna medida de protección o restauración de la legalidad urbanística infringida ni ninguna medida sancionadora, tal como exigían los artículos 193 y 201 de la Ley del Suelo". 
En esta causa el juez también considera como investigados a los concejales Javier Caballero López, Carmen Menéndez Rodríguez, Pablo García González, Juan Carlos Pérez González y África Sánchez Marín. 

Los delitos medio ambientales de los que se le acusan es que el centro estuvo funcionando sin los permisos de vertido al sistema integral de saneamientos y nunca realizó muestras de aguas residuales. 
La Comunidad de Madrid ya reclamó 20 millones de euros a la empresa concesionaria por la existencia de 135 camas que no se encuentran en el centro.  

IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA

El Ayuntamiento de Majadahonda ha señalado que la imputación del alcalde, Narciso de Foxá, por un posible delito urbanístico es una "irregularidad meramente administrativa" y que el Hospital Puerta de Hierro cuenta con todas las licencias desde 2015. 

Fuentes municipales han subrayado a que el centro hospitalario de la localidad ya cuenta con la licencia de primera ocupación y la licencia de vertidos. 
En lo relativo a la parte medio ambiental, defienden que las acusaciones hacen referencia a los vertidos y existe un amplio informe de la Guardia Civil (Seprona) que manifiesta que no ha habido ninguna irregularidad penal de tipo medio ambiental. 

"El hospital no vierte al sistema de saneamiento nada tóxico, simplemente lo procedente del uso de las habitaciones, como lo que vierte un hotel", aseguran. 
En este sentido, aseguran que "en todo momento", el Consistorio ha actuado acorde a derecho y así consta en todos los expedientes administrativos obrantes en el Ayuntamiento 
Además, defienden que el hospital se ha convertido en un centro sanitario de referencia en la Comunidad de Madrid donde atiende a casi 400.000 personas. 

Sobre este asunto, Foxá reconoce que hubo "retrasos en la tramitación de las licencias" aunque subraya que "la salud de las personas está por encima de todo".

"La irresponsabilidad hubiera sido cerrar un hospital que opera anualmente a 17.000 personas ya que cerrarlo hubiera supuesto graves perjuicios para los pacientes e, incluso, muertes", ha concluido.    

Gente Digital en Facebook

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD
Desarrollado por Tres Tristes Tigres