La Comisión Europea incoa un procedimiento de infracción contra España por el HUBU
Nuevo capítulo en la particular cruzada emprendida por un vecino de Burgos que en agosto de 2013 decidió denunciar ante la Comisión Europea el contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación del Hospital Universitario.
Archivado en: Burgos, Hospital Universitario, Comisión Europea
gentedigital.es/I.S.
03/12/2014 - 19:11
El pasado 28 de noviembre, el denunciante recibe una comunicación de Bruselas en la que se le informa que el 26 de noviembre la Comisión Europea “incoó un procedimiento de infracción contra España, mediante la adopción y el envío a este Estado miembro de una carta de emplazamiento, en relación con las modificaciones realizadas en la concesión de obras en el Hospital General de Burgos”. España tiene un plazo de dos meses “para presentar sus observaciones formales”.
Este ciudadano ha advertido a la Comisión Europea en un nuevo escrito que la Junta de Castilla y León está perpretando otro modificado que, a su juicio, “no se ajusta al derecho europeo”, lo cual es una cuestión “que conviene atajar desde esas instancias pues no solo se lesionan intereses nacionales o locales sino que afecta al mercado interno europeo, la competencia y la obligatoriedad del cumplimiento de las normas europeas y su eficacia erga omnes”.
En declaraciones a Gente en Burgos, el denunciante -preservamos su identidad por deseo expreso del mismo,ya que no quiere ningún tipo de pro tagonismo-afirma que el hecho de que la Comisión Europea haya incoado un procedimiento de infracción contra España “no es un mero trámite; llevan un año investigando el tema y ya han visto que hay cosas que no encajan con el derecho europeo; ahora dan a España dos meses de plazo para que de explicaciones y para ponderar las medidas a tomar”.
La decisión de la CE va a ser recurrida por este particular, de hecho ya ha iniciado el procedimiento, “porque solo se centra en una de las denuncias que presenté”, comenta recordando que fueron varios los motivos por los que acudió a Europa. Entre otros cita lo que considera“un comportamiento colusorio entre la Administración y la concensionaria, es decir, había como un maridaje entre ellos, lo cual es inconcebible en un contrato público; la violación de la normativa europea de contratos públicos y de la libre competencia y de los derechos de los consumidores; y la financiación a través de fondos públicos europeos”.
A todos ellos quiere una respuesta. “Si se sigue sólamente este procedimiento por los modificados me parece estupendo, pero de los otros motivos también quiero tener una respuesta de por qué no se tienen en consideración, porque mi intención es ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europa”.
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