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Jueces, magistrados y fiscales de Burgos urgen la reforma del CGPJ y un plan de inversión para mejorar la Justicia

Jueces, magistrados y fiscales de Burgos han expresado públicamente su adhesión a las medidas propuestas por las asociaciones judiciales enfecha 16 de junio de 2017, así como a las peticiones efectuadas por lasasociaciones fiscales en pro de la mejora de su Estatuto y funciones.

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05/4/2018 - 17:31


BURGOS, 5 (EUROPA PRESS)

Jueces, magistrados y fiscales de Burgos han expresado públicamente su adhesión a las medidas propuestas por las asociaciones judiciales enfecha 16 de junio de 2017, así como a las peticiones efectuadas por lasasociaciones fiscales en pro de la mejora de su Estatuto y funciones.

Así consta en un comunicado, recogido por Europa Press, suscrito por magistrados de la Sala de lo Social, de la Sala Contencioso-administrativo del TSJ de Castilla y León, de la Audiencia de Burgos, de los Juzgados, así como los fiscales de la Fiscalía de la Comunidad de Castilla y León y de la Fiscalía Provincial, que se dirigen a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial para que, con la urgencia que exige la situación actual de la Justicia, se adopten las medidas necesarias.

Los colectivos firmantes del comunicado exigen reforzar la independencia judicial mediante la presentación de un proyecto/proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere al Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de representación de los jueces, para que recupere elrégimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y la representatividad.

En este sentido, abogan por que el CGPJ ampare de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia, así como por la retirada de las enmiendas presentadas a la proposición de ley de reforma de la LOPJ que, a su juicio, "coartan el ejercicio de la función judicial y vacían de ciertas competencias al CGPJ", junto con la objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales y la supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos.

CONVOCAR 1.200 PLAZAS EN CUATRO AÑOS

Las reivindicaciones de jueces, magistrados y fiscales de Burgos inciden también en la necesaria modernización de la Administración de Justicia en términos de "calidad y eficacia", para lo cual proponen un plan de inversión suficiente y prolongado, incrementar las plantas judicial y fiscal, equiparándolo a la media europea, convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años; modernizar los edificios judiciales y fiscalías; un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuado, y procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes (víctimas, equipos psicosociales).

En cuanto a la racionalización de la planta judicial, los tres colectivos defienden la implantación de los tribunales de instancia, respetando las exigencias de independencia e inamovilidad, garantizando el acceso a la justicia de todas las personas, y mientras tanto la creación de órganos judiciales suficientes para atender al incremento de litigiosidad, hoy en 126 asuntos por cada 1000 habitantes.

También critican la precarización judicial y fiscal y abogan por la eliminación de las adscripciones forzosas y la supresión de las figurasde "sustitución y refuerzo" en el periodo de prácticas formativas, respetando escrupulosamente el derecho-deber a una formación inicial y una adecuada formación para ejercer en las jurisdicciones especializadas, con supresión de la figura de fiscales y jueces en expectativa de destino.

La revisión del modelo de oficina judicial sobre las experienciaspiloto es otra de las exigencias, atendiendo a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones y sobre la base de que es un instrumento para apoyar y facilitar el trabajo de los órganosjurisdiccionales, por lo que en supuestos de controversia deberá establecerse la intervención de los órganos de gobierno del Poder Judicial para adoptar la oportuna decisión.

Completa la racionalización de la planta judicial la necesidad de compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional, junto con la dotación de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, con dependencia directa de la autoridad judicial y fiscal.

ADECUAR LAS RETRIBUCIONES

Por lo que respecta a la mejora de las condiciones profesionales, los firmantes del comunicado exigen también la convocatoria inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidadinherente a la función, sin olvidar el impulso inmediato de la modificación de la LOPJ en lo que a permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal se refiere, la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la supresión y reducción por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, así como el permisode paternidad.

En dicho capítulo también demandan la implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo, con la participación de las asociaciones judiciales y fiscales en la fijación de las mismas, y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales; garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y la igualdad de los derechos pasivos con respecto a los beneficiarios de la Seguridad Social.

Finalmente, en cuanto al Ministerio Fiscal, la plataforma reivindicativa aboga por la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto, la paralización de la implantación de la justicia digital en tantono se garantice el correcto funcionamiento de los programasy equipos, la atribución de la formación de los fiscales a la FiscalíaGeneral del Estado, el refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal y la autonomía presupuestaria de la acusación pública.
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