Un grupo de desalojados de viviendas de Sanlúcar se encierran en la biblioteca municipal
Un grupo de personas desalojadas hace dos días de unas viviendas que venían ocupando desde el pasado año en la calle Rodríguez del Moral de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) se han encerrado en la biblioteca municipal Rafael Pablos, por lo que el Ayuntamiento sanluqueño ha decidido cerrarla "por motivos de seguridad".
24/3/2017 - 16:20
Un grupo de personas desalojadas hace dos días de unas viviendas que venían ocupando desde el pasado año en la calle Rodríguez del Moral de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) se han encerrado en la biblioteca municipal Rafael Pablos, por lo que el Ayuntamiento sanluqueño ha decidido cerrarla "por motivos de seguridad".
Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la Policía Local ha instado a las personas que han ocupado la biblioteca a que abandonen el edificio. Así, al no haberlo abandonado, el Ayuntamiento ha optado por cerrar la biblioteca.
Por otra parte, ha criticado la actitud de "algunos concejales" de IU y Podemos por querer "manipular una situación tan delicada que pone en entredicho la verdadera realidad de personas que sí necesitan ser atendidas".
En este sentido, el Ayuntamiento ha explicado que las viviendas que fueron ocupadas en la calle José Rodríguez no cuentan con licencia de primera utilización, por lo que "no tienen las condiciones de habitabilidad que se requiere a toda vivienda desde el punto de vista técnico".
Asimismo, ha añadido que "desde el momento en el que se tuvo constancia de la ocupación de dichas viviendas, personal adscrito a la Oficina de Vivienda intentó en reiteradas ocasiones ponerse en contacto con los ocupantes, sin conseguirlo". Así, tras haber podido contactar con tan solo uno de los ocupantes, "la Oficina no vuelve a tener noticias sobre esta ocupación hasta octubre pasado, cuando la Policía Local fue requerida por el juzgado para informar a los ocupantes del desalojo".
Además, ha señalado que "se les informó de la tramitación que debían seguir, la solicitud de abogado de oficio y se le informó incluso de que la empresa que gestiona las viviendas estaba interesada en conocer la situación de cada unidad familiar ocupante, lo que podría dar pie a solicitar un posible alquiler social". No obstante, según ha indicado, "tampoco se personó ninguna unidad familiar para este fin, a pesar de que se les instó telefónicamente a negociar con la gestora el posible alquiler social".
Posteriormente, tras el desalojo el pasado 22 de marzo, "trabajadores de la Oficina de la Vivienda hacen una recogida básica de datos de las unidades familiares, interesándose fundamentalmente la composición familiar de cada una de las viviendas, así como si tienen donde alojarse provisionalmente", según ha explicado el Ayuntamiento, que ha señalado que "todos, excepto un ocupante, tenían donde alojarse, según transmitieron en ese momento".
SITUACIÓN DE LOS OCUPANTES
Asimismo, ha asegurado que "la situación de los ocupantes de las viviendas no es la que indican los concejales de IU y Podemos", ya que "en dos de las unidades familiares, al menos un miembro de la pareja trabaja", mientras que "en otro caso, una de las ocupantes tiene un bar, trabaja como autónoma y su pareja tiene empleo fuera de la localidad". Además, ha añadido que "en este caso, parece que incluso ocuparon la vivienda tras pagar 800 euros a un ocupante anterior, según el testimonio de otros vecinos".
Por otra parte, ha indicado que en otra de las viviendas, "un miembro de la pareja tiene empleo y el otro trabaja de maneras esporádica", mientras que "el último caso es el de una persona que vive sola, que ocupa la vivienda desde hace tres meses porque antes vivía en casa de su novia".
El Ayuntamiento ha señalado que "tras el desalojo, en el que los ocupantes pudieron sacar los enseres de primera necesidad, los servicios municipales fueron requeridos por los juzgados parea retirar de las viviendas animales como gallos ingleses, dos perros peligrosos, gallos, ninfas, codornices y coballas". Además, ha indicado que "la Oficina de Vivienda ha hecho las gestiones con la empresa propietaria para que se autorice con urgencia poder sacar los muebles y enseres que no pudieron sacar ese día".
Finalmente, el Ayuntamiento ha señalado que "desde la Oficina se les ha pedido de nuevo que presenten toda la documentación relativa a las circunstancias familiares y económicas, pero a día de hoy ninguna lo ha hecho, por lo que no se puede evaluar si alguna de ellas se encuentra en exclusión social o no". Así, ha reiterado "que algunos concejales quieran manipular una situación tan delicada que pone en entredicho la verdadera realidad de personas que sí necesitan ser atendidas".
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