Chiringuiteros denuncian al edil de Urbanismo y el Ayuntamiento dice que la playa "no es un coto privado"
La Asociación de Empresarios de Costa de Cádiz (Aecca) ha anunciado que han presentado una denuncia por vía penal por presunto delito de prevaricación, contra el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila (Ganar Cádiz) "por las actitudes arbitrarias" en cuanto a la polémica suscitada con los chiringuitos. Por su parte, el equipo de gobierno ha señalado que la playa "no es el coto privado de quienes se han adjudicado una concesión, sino un recurso ambiental a proteger y defender".
12/9/2018 - 16:30
CÁDIZ, 12 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Empresarios de Costa de Cádiz (Aecca) ha anunciado que han presentado una denuncia por vía penal por presunto delito de prevaricación, contra el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila (Ganar Cádiz) "por las actitudes arbitrarias" en cuanto a la polémica suscitada con los chiringuitos. Por su parte, el equipo de gobierno ha señalado que la playa "no es el coto privado de quienes se han adjudicado una concesión, sino un recurso ambiental a proteger y defender".
En una nota, los empresarios han explicado que entienden que desde la Delegación de Urbanismo "se están dictando resoluciones injustas, como es la incoación de expedientes sancionadores a algunos establecimientos en la arena y de restablecimiento de la legalidad urbanística".
En este sentido, han añadido que "se da la circunstancia que el propio Ayuntamiento ha autorizado ocupaciones en las playas muy superiores a los 150 metros cuadrados y, por tanto, contraviniendo el PGOU, con instalaciones de altura y ocupaciones superiores a las permitidas en el documento, e incluso equipamientos expendedores de bebidas prohibidas en instalaciones deportivas".
Además, han asegurado que "se ha constatado a través de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que el Ayuntamiento ha infringido el PGOU en multitud de ocasiones solicitando modificaciones sustanciales y autorizaciones para ocupaciones superiores, con informes técnicos esgrimiendo criterios distintos a los utilizados para los chiringuitos, permitiéndolas y justificándolas de forma contraria a ley o buscando subterfugios".
Por otra parte, han indicado que sobre el acuerdo de desistimiento por parte del Ayuntamiento de los procedimientos de transmisión de los títulos concesionales, "se plantea interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo por vulneración de los principios de buena fe, confianza legítima y de seguridad jurídica, entre otras vulneraciones de derechos".
"CHANTAJE"
Por su parte, el equipo de gobierno ha afirmado que "lo que anuncian los propietarios de los chiringuitos no es más que fruto de la frustración por no haber conseguido desde la presión y el chantaje lo que realmente quieren, mejores condiciones para sus negocios sin concurrencia pública y saltándose las normas urbanísticas".
Así, ha mostrado su respaldo a la gestión del concejal de Urbanismo, ya que "no existe ninguna actuación irregular ni arbitraria en la tramitación de los expedientes que se han abierto a los chiringuitos sean desde la Delegación de Playas, Contratación o la ahora señalada Urbanismo".
En el ámbito administrativo, según ha explicado, "los técnicos municipales desestimaron en su momento la transmisión de la titularidad, por lo que se trata de una cuestión administrativa que la oposición no para de politizar y judicializar, pese a que simplemente se deberá resolverse por la vía administrativa".
Asimismo, ha asegurado que desde la Delegación de Urbanismo "se ha trabajado en todo momento con respeto a la norma, el PGOU, y siendo impecables en el procedimiento a nivel técnico-jurídico". En este sentido ha recordado que "se hizo en febrero con el primer expediente por exceso de ocupación, y se ha realizado con los demás".
"PRESIONES"
El equipo de gobierno ha afirmado que "no es la primera vez que los concesionarios de estas explotaciones se han dirigido a la Delegación de Urbanismo presionando por diferentes vías, incluso mandando a sus trabajadores, para que se les permitiese llevar a cabo conciertos o actuaciones cuando la norma aplicable no lo ha permitido".
Finalmente, ha asegurado que "se ha actuado en base al interés general y con respeto a las normas, no desde el interés particular para beneficiar a unos pocos en detrimento de la concurrencia y del interés general", ya que "no hay que olvidar que la playa como recurso natural no es el coto privado de quienes se han adjudicado una concesión, sino un recurso ambiental a proteger y defender".
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