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Tribunales.- Fiscalía pide 11 años de inhabilitación al alcalde de Espera por delito continuado de prevaricación

La Fiscalía provincial de Cádiz, en su área de Jerez de la Frontera, ha pedido para el alcalde de Espera, Pedro Romero (IU), como presunto responsable de un delito continuado de prevaricación una condena de once años de inhabilitación especial para el cargo de alcalde, concejal y cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique una participación en el gobierno municipal, autonómico, estatal o europeo.

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26/2/2021 - 10:36


CÁDIZ, 26 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía provincial de Cádiz, en su área de Jerez de la Frontera, ha pedido para el alcalde de Espera, Pedro Romero (IU), como presunto responsable de un delito continuado de prevaricación una condena de once años de inhabilitación especial para el cargo de alcalde, concejal y cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique una participación en el gobierno municipal, autonómico, estatal o europeo.

Según el escrito de calificación fiscal, recogido por Europa Press, la fiscalía considera que en su condición de alcalde, con conocimiento de la ausencia absoluta de procedimiento de selección y sin respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, "como así le puso de manifiesto en numerosísimas ocasiones verbalmente el Secretario del Ayuntamiento2, realizó tres contrataciones.

En este sentido, considera que las contrataciones fueron realizadas por el acusado "prescindiendo de manera grosera del procedimiento legalmente establecido".

Así, la contratación se realizó para un peón de obras públicas entre noviembre de 2011 y febrero de 2012, un monitor de actividades recreativas y de entretenimiento desde el día 16 de junio de 2015 hasta la terminación del servicio y otro peón de obras públicas en julio de 2015 hasta la terminación del servicio.

Según el escrito de la Fiscalía el alcalde mantuvo la contratación pese a que el Secretario Interventor al fiscalizar las nónimas de estos trabajadores le advirtió de la ilegalidad de tales contrataciones. La celebración del juicio está prevista para el próximo 5 de mayo.
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